Sanidad y CC.AA. aprueban la redacción de un estudio sobre el grado de aplicación de la Ley de Dependencia
Madrid (05/03/2015) - Redacción
• Del análisis de este estudio se plantearán propuestas y medidas de mejora necesarias para seguir desarrollando la Dependencia
• Este miércoles se ha celebrado el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha acordado, por una parte, la modificación del acuerdo sobre criterios comunes de acreditación de calidad de los centros y servicios del Sistema de Dependencia, de modo que quede reforzada y garantizada. Por otra parte, comenzará a funcionar a partir de este miércoles un Grupo de Trabajo para que, en un plazo de seis meses, se determinen las actuaciones a realizar por las administraciones competentes. El objetivo consiste en certificar la cualificación profesional de los cuidadores y auxiliares de ayuda a domicilio.
Publicadas las estadísticas oficiales sobre la evolución del Sistema de Dependencia a lo largo de 2014, el Consejo ha visto el balance del año pasado, que arroja cifras importantes, tales como que hay actualmente 745.585 personas beneficiarias con prestación efectiva, lo que supone el 83,4 por ciento del total de personas con este derecho reconocido y el 88,7 por ciento de los grandes dependientes y dependientes severos. El 40 por ciento de los beneficiarios con prestación efectiva se han incorporado como nuevos beneficiarios en los últimos tres años.
La lista de espera se sitúa en 148.137 personas, un 51 por ciento menos que la cifra de diciembre de 2011. El 77 por ciento de las personas que han causado baja del Sistema estaban cobrando la prestación.
El reconocimiento de servicios profesionales representa el 59,7 por ciento de las prestaciones reconocidas, mientras que las económicas alcanzan el 40,2 por ciento.
Durante la reunión con las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad ha recordado que en el calendario de implantación progresiva de la Ley de Dependencia 2015 figura como el último del periodo de implantación, lo que culminará con la incorporación de los dependientes moderados.
Por ello, el Ministerio que dirige Alfonso Alonso y las Comunidades han acordado la redacción de un estudio sobre la aplicación de la Ley en estos años y sobre la relación de ese grado de cumplimiento con las previsiones que recogía la Memoria Económica de la propia Ley. Del análisis de dicho estudio se plantearían propuestas y medidas de mejora necesarias para seguir desarrollando la Dependencia.
32 millones para familias en riesgo de exclusión
Además, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia han acordado el reparto del nuevo fondo de 32 millones de euros que el Gobierno incluyó en sus Presupuestos de este año con el fin de ayudar a familias en riesgo de exclusión y con hijos menores a cargo. Según el ministro Alfonso Alonso, los proyectos a los que llegarán las cuantías no solo estarán dirigidos a paliar y mejorar la vulnerabilidad social de las familias cubriendo necesidades básicas, tales como gastos en alimentación, higiene, ropa y acceso a los servicios de salud, de educación o vivienda, sino que, como novedad, se financiarán también aquellos programas orientados específicamente a favorecer la conciliación. Así, podrán beneficiarse de ayudas para sus gastos en escuelas infantiles o servicios complementarios, así como en servicios de intervención y apoyo familiar.
El ministro ha añadido que el fondo, que se enmarca en el Plan de Inclusión Social y en la recomendación de la Comisión Europea sobre "invertir en infancia", también financiará proyectos de orientación socio-familiar o de mediación.
Alonso ha indicado que dicho fondo específico de apoyo a familias en situación de pobreza o privación material es el primero que para tal fin concreto incorpora un Gobierno a sus Presupuestos. Se trata, por tanto, de una muestra del compromiso del Ministerio de Sanidad y del Ejecutivo en su conjunto, para ayudar a las familias que peor lo están pasando, en especial las familias con hijos menores a cargo desde una perspectiva integral y de inclusión social.
Plan Concertado
El Consejo Territorial, por otra parte, ha aprobado el reparto del Plan Concertado, que se mantiene en casi 27,5 millones de euros y se dirige a las corporaciones locales para dotar servicios sociales adecuados y cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. En este caso, los programas a financiar tienen que ver con la ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y prevención e inserción social, es decir, comedores sociales, centros de día, pisos tutelados, albergues y centros de acogida.
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