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Los desafíos de Montserrat para sacar a la Sanidad de la UVI

Cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio a conocer el pasado 3 de noviembre su nuevo gabinete y se supo que Dolors Montserrat era la nueva ministra de Sanidad, desde todos los ámbitos sanitarios se hicieron las dos mismas preguntas: ¿quién es Dolors Montserrat? y ¿qué hay de lo mío?

Antonio Morente | 22 - Diciembre - 2016 14:00 h.

La nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha tomado posesión de su cargo

Lo primero fue fácil de responder, porque aunque no tenga experiencia en el sector, Montserrat no es precisamente una desconocida en política, cuestión distinta es ver cómo respira como titular de este complejo departamento; lo segundo lleva su tiempo, porque todos los colectivos profesionales, sindicales, empresariales y las sociedades científicas insisten en la importancia de solucionar primero “lo suyo”, lo que de paso habla a las claras de los muchos frentes abiertos, algunos de ellos agravados tras casi un año de Gobierno en funciones y, por lo tanto, con capacidad de actuación política muy limitada.

Una vez más, y van cuatro en los últimos tiempos, Rajoy ha decidido colocar al frente de Sanidad (un departamento que se completa con las carteras de Servicios Sociales e Igualdad) a una persona que no tiene nada que ver con este campo, como ya ocurrió previamente con Ana Mato, Alfonso Alonso y -ya en funciones, por lo que tenía menos margen de maniobra- Fátima Báñez. Montserrat se presenta sin tapujos como la cuota catalana del Ejecutivo (“soy el acento catalán del Gobierno”), pero más allá de eso a esta abogada barcelonesa de Sant Sadurni d'Anoia y 43 años se la etiqueta como adscrita al ala más progresista del PP en Cataluña y se le reconoce, sobre todo, su carácter conciliador, su capacidad de diálogo y mano tendida, de hecho se la señala como la responsable directa de la negociación del pacto con Ciudadanos que allanó el camino a Rajoy para repetir en La Moncloa. Diputada desde 2008, llegó a ser vicepresidenta tercera del Congreso.

Se dice de las personas, y más tiene que aplicarse al caso de los políticos, que por sus actos los conoceréis. Dolors Montserrat no ha tenido todavía tiempo de hablar con hechos, así que hay que centrarse en sus palabras, la letra de una música que no suena mal pero que por ahora no deja de ser una concatenación de lugares comunes. Por lo pronto, al tomar posesión del cargo comentó que sus predecesores le habían dejado “el listón muy alto” (lo que no deja de ser un eufemismo), garantizó que trae bajo el brazo “soluciones políticas para los problemas complejos de la Sanidad” e insistió en la vía del diálogo entre todos los actores (Ministerios, administraciones, profesionales…) para alcanzar el que considera su objetivo prioritario: “Mejorar el sistema de salud y la calidad de la atención que reciben los pacientes”. Los pilares para ello son, según sus declaraciones, la modernización de un sistema que, subraya, tiene que hacer frente a desafíos como el aumento de la cronicidad por el envejecimiento de la población y que debe potenciar la innovación y la cooperación entre niveles asistenciales.

¿Y cómo pretende conseguir esto? Recientemente, tras una reunión con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) dio más pistas apelando a otro clásico, el de que hay que “alcanzar un gran pacto de Estado en materia sanitaria, que no se ha logrado durante los últimos 40 años de democracia”. Y para eso, considera que los pasos que hay que dar son reforzar el personal sanitario y consensuar una cartera mínima de servicios en todas las comunidades autónomas, lo que entronca con su afirmación (y vieja aspiración del Ministerio) de “garantizar la cohesión de los españoles para que todos tengan las mismas oportunidades y derechos”. Con vistas a ese pacto de Estado que es algo así como el unicornio blanco de la política sanitaria, en su primera comparecencia en el Congreso como ministra tendió la mano al resto de partidos para trabajar de forma conjunta.

En sus primeras intervenciones públicas también ha tenido palabras amables para los profesionales sanitarios, reconociendo que está en deuda con ellos por los sacrificios asumidos en estos años de crisis económica, y ha defendido que su modelo de gestión pasa por poner “el foco sobre el paciente”, conseguir servicios más ágiles y accesibles, imponer la corresponsabilidad de los profesionales y alcanzar la sostenibilidad del sistema. Éste, precisamente, es el principal caballo de batalla del Sistema Nacional de Salud (SNS) y entronca directamente con un sistema de financiación que resulta a todas luces insuficiente. Desde Andalucía, por ejemplo, se ha reclamado ya la celebración de una Conferencia de Presidentes (que no se convoca desde 2012) para abordar la cuestión de la financiación autonómica, de la que básicamente dependen los fondos sanitarios.

El problema es que sobre la mesa hay tres elementos que a día de hoy hacen poco menos que imposible la cuadratura del círculo: los Presupuestos Generales del Estado no van a crecer exponencialmente en este terreno, casi todas las comunidades consideran que están infrafinanciadas y tras la esquina asoma el compromiso del Gobierno ante la Unión Europea de acometer en 2017 recortes por valor de 5.500 millones de euros. El problema está enquistado desde hace demasiado tiempo y urge abordarlo de una vez por todas, para así acabar con rifirrafes periódicos que vivieron su penúltimo capítulo cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, encendió la mecha al afirmar que los madrileños pagan todos los años 3.000 millones de euros “para que los andaluces tengan Sanidad y educación”.

La otra gran deuda pendiente es la de mejorar la coordinación entre los dos grandes actores administrativos, el Ministerio y las comunidades autónomas, que todas las partes coinciden que actualmente no es la mejor. El reflejo de ello es el Consejo Interterritorial de Salud, un órgano que se reúne poco y que ha acabado convirtiéndose en escenario de la trifulca política más que una herramienta para dotar de coherencia y uniformidad a las políticas sanitarias en todo el Estado. Lo irónico es que desde diversos ámbitos se reclama la creación de un sistema de coordinación cuando ya existe y se llama Consejo Interterritorial, el objetivo tiene que ser que cumpla su función y hacerlo realmente efectivo.

Una vez establecido que las prioridades siguen siendo la cohesión interterritorial y la financiación del sistema, como viene ocurriendo en las últimas décadas, ¿qué hay de los profesionales sanitarios, cuáles son las prioridades de Montserrat en este terreno y cuáles los desafíos pendientes? Lo primero que ha hecho la ministra, ya queda dicho, ha sido reconocer la deuda que tiene con este colectivo de trabajadores: “Mi admiración más sincera, reconocimiento y gratitud”, apuntaba en la V Convención de la Profesión Médica en el que fue su primer acto en Cataluña, “en momentos tan adversos habéis sido clave” proseguía para rematar con que los trabajadores sanitarios han sufrido “mucho”. “Estoy a vuestro lado para escucharos y ayudaros, para encontrar soluciones”, todo ello sobre la base de que los trabajadores son “el mejor activo de nuestra Sanidad”.

Si hay una deuda, la cuestión ahora es saldarla. Y eso pasa, en principio, por recobrar los derechos perdidos durante estos años, para lo que habría que recuperar la pérdida de masa salarial durante este periodo (que se calcula en alrededor de un 10 por ciento, aunque la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos eleva esta cifra hasta el 25), actualizar las plantillas con una adecuada oferta pública de empleo (OPE), reinstaurar la jornada laboral de 35 horas (como ya han empezado a hacer algunas comunidades autónomas, como Andalucía, aunque a expensas de si el Gobierno presenta recurso como ya hizo en Castilla-La Mancha) y reducir la elevada tasa de temporalidad que sufre el sector, que según la CESM ronda el 40 por ciento y afecta nada menos que a unos 170.000 trabajadores. De todas las columnas que deben soportar el edificio de una recuperación real, la que tiene más visos de levantarse primero es esta última, al menos para eso se firmaron los pactos en La Moncloa en 2013, y para eso incluso Sanidad y las comunidades autónomas han acordado poner en marcha un grupo de trabajo específico. El problema es que se sigue sin avanzar pese a lo mucho comprometido, y eso que hasta el mismísimo Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dado un toque de atención a España por el excesivo porcentaje de personal en precario que hay contratado, al declarar que es ilegal cubrir plazas permanentes con trabajadores que encadenan contratos temporales.

Al margen de los asuntos laborales, Sanidad tiene no pocas cuestiones pendientes con los profesionales que, en teoría, deberían ver la luz durante esta legislatura, empezando por el Real Decreto -la fórmula que avala el Consejo de Estado- de Gestión Clínica. Esta iniciativa está diseñada para conferir a los médicos más capacidad para manejar recursos y definir el proceso asistencial y todos coinciden en sus bondades y en la urgencia de su puesta en marcha, pero sigue pendiente de desarrollo normativo pese a que en noviembre de 2015 hubo un compromiso al respecto entre el Ministerio y el Foro Profesional. Dolors Montserrat, por cierto, ha anunciado que su intención es reactivar este Foro de la Profesión Médica y desarrollar lo acordado (“vamos a cumplir con lo que nos comprometimos”) en julio de 2013, lo que se plasmó en un documento que recogía una treintena de medidas no sólo centradas en la gestión clínica, sino también en desarrollar un Pacto por la Sanidad y mejoras en el desarrollo profesional y el desarrollo del registro español de profesionales sanitarios. Con respecto a esto último, la ministra lo considera un “éxito” de la anterior legislatura, ya que “permitirá tener una fotografía precisa de los recursos humanos” para así atender mejor las necesidades que se plantean.

Hay expectación con otros desarrollos normativos, como el del nuevo sistema de formación que sustituirá al MIR, el que debe mejorar la movilidad de los profesionales o el que regulará la financiación y fijación de los precios de medicamentos, pero la verdadera patata caliente que tiene la titular de Sanidad, y con la que tendrá que desplegar esa capacidad de diálogo que se le presupone, es la conocida como prescripción enfermera, que ha generado un importante conflicto entre los colectivos de Medicina y Enfermería. Finalmente el Gobierno asumió las tesis defendidas por el colectivo médico (la prescripción de medicamentos es “inseparable” del diagnóstico, que sólo puede hacer un médico), lo que derivó en que el Consejo General de Enfermería, junto a varios sindicatos, llevó la norma ante el Tribunal Supremo, que está pendiente todavía de pronunciarse. La cuestión no es sencilla, porque se trata de un desarrollo normativo que supone la aplicación de una directiva de la Unión Europea, que ya ha dado un ultimátum a España y a otra docena de países por el retraso en la transposición de este texto legal. Todo esto, al final, puede acabar incluso ante el Tribunal de Justicia de la UE, así que el tiempo apremia.

Dolors Montserrat se puede enfrentar además a tener que desmontar algunas de las medidas más polémicas que su partido, el PP, ha aprobado en los últimos años en materia sanitaria. Y puede que se vea abocada a pasar este trago por la presión social y, sobre todo, por el hecho de que estamos ante un Gobierno en minoría en un Congreso que se va a apresurar en echar por tierra cuestiones como las limitaciones en la universalidad de la Sanidad -revocando así las restricciones a los inmigrantes que están en España en situación ilegal, una norma que varias comunidades autónomas nunca han llegado a aplicar- o el copago de medicamentos, sentido en el que desde el propio Ministerio ya se reconoce que habrá que “darle una vuelta” al sistema creando, por ejemplo, más tramos de renta. Desde algunas autonomías se ha reclamado también consenso sobre cómo financiar los medicamentos innovadores, después de que finalmente el Ejecutivo central decidió que los gastos ocasionados por los fármacos contra la hepatitis C (que generaron un elevado sobrecoste, cifrado en unos 700 millones de euros en toda España) sí iban a contar en el cómputo del déficit público regional, en contra de lo que inicialmente se anunció.

La magnitud de los cambios a acometer es de un calibre mayúsculo, como el desarrollo de una vez por todas de ese gran pacto socio-sanitario todavía pendiente que debe permitir la integración de estos dos sistemas y rematar así la interconexión de la 'e-salud', haciendo completamente operativas la receta electrónica y la historia clínica digital. Junto a ello hay que completar un edificio normativo que exige tantos remiendos que algunas voces -empezando por el Círculo de la Sanidad- ya se ha señalado la necesidad de reformar durante esta legislatura las leyes generales de Sanidad y Salud Pública. Habrá que ver hasta dónde está dispuesta a llegar la nueva ministra, que por lo pronto cree que el punto de partida no es ni mucho menos malo, o al menos así se desprende de su afirmación en su primera sesión de control al Gobierno: “El Sistema Nacional de Salud de 2016 es mucho mejor que en el año 2011”, gracias sobre todo a que durante la primera legislatura de Mariano Rajoy “el Gobierno ha hecho más con menos”, revirtiendo la deuda que a su juicio dejó el PSOE y apuntalando un sistema que, insiste, “es universal” por mucho que todavía no se haya derogado el decreto de 2012 que limitaba la atención a unos inmigrantes irregulares que, pese a ello, disfrutan de “una de las coberturas más completas de la Unión Europea”.

El optimismo de Montserrat a la hora de definir la situación del SNS se basa a que, en estos años de gestión del PP, se han dado pasos como “la implementación del calendario común de vacunación infantil, la red de escuelas de salud para la ciudadanía, el registro estatal de enfermedades raras, la estrategia para el abordaje de la cronicidad, o la reformulación del copago en farmacia para proteger a los que menos tienen”. Junto a esto, y en lo que respecta a los profesionales (“piedra angular del modelo”), “se ha realizado el registro estatal de profesionales sanitarios, han sido reconocidos como autoridad pública reformando el Código Penal, se ha regulado la troncalidad, se ha constituido el Foro Profesional y se han homologado los títulos”.

¿El resto de actores del escenario sanitario español (colegios, sociedades, sindicatos…) tiene la misma impresión positiva? En líneas generales no, y han presentado una larga lista de reclamaciones que ya ha quedado desgranada, pero pese a ello se ha saludado con la debida cortesía a la nueva ministra y se está a la espera de sus primeros pasos para empezar a juzgarla por los hechos más que por las palabras. En general se ha vuelto a lamentar que no provenga del sector sanitario, pero se considera que esto puede quedar sobradamente compensado si ejecuta lo que está prometiendo, despliega el talante negociador del que hace gala y, sobre todo, se rodea de un equipo que conozca este ámbito. Lo cierto es que Montserrat se está tomando esto último con calma y con pocos cambios, hasta el punto de que la principal noticia ha llegado del nombramiento de Julia de Micheo Carrillo (que ha sido diputada nacional y ahora ejercía como asesora del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) como directora de su gabinete.

Con estos mimbres, la nueva ministra tiene que construir un cesto que es como el velo de Penélope, nunca termina de tejerse y tiene a muchos pendientes de cómo lo hace y de sus avances, que en demasiadas ocasiones se deshacen con facilidad. Los retos, empezando por ese pacto de Estado en materia sanitaria al que aspira, son enormes, todo un Everest que ahora Dolors Montserrat se dispone a afrontar. Por el bien de todos, esperemos que sea una buena escaladora.