Dolors Montserrat, también secretaria de Sanidad en el PP
El 18 congreso nacional del Partido Popular ha otorgado la secretaría sectorial de Sanidad y Asuntos Sociales a la actual ministra del ramo, Dolors Montserrat, reforzando por ello el carácter político dentro de la dirección del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI).
En el mismo cónclave celebrado en la Caja Mágica de Madrid en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha salido reelegido como líder de la formación política de forma mayoritaria, se ha decidido también que la actual ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, sea la secretaria sectorial de Sanidad y Servicios Sociales, dentro del Comité Ejecutivo del Partido Popular. La entrada en el comité ejecutivo de la ministra ocurre en sustitución de José Ignacio Echániz, que ocupó esta responsabilidad desde febrero de 2012.
Como voz principal de lo sanitario en su partido, la ministra se verá respaldada para lidiar con una oposición contundente y mayoritaria en el Congreso de los Diputados, ya que en la Cámara Baja, el Ejecutivo no tiene los escaño suficientes para imponer su criterio. Como se evidenció en la última Comisión de Sanidad, la mayor parte del hemiciclo revisa y revisará con lupa el quehacer ministerial, y o sólo en lo tocante al copago farmacéutico. Concretamente, el portavoz socialista de Sanidad, Jesús María Fernández, acusó a Montserrat de hablar de retos que afrontar, sin ofrecer soluciones para ellos. De igual forma, el diputado de la oposición afeó a la ministra que no se haya reunido todavía con algunos consejeros y consejeras de Salud y Sanidad.
Las críticas desde Unidos-Podemos, enunciadas por la diputada Marta Sibina, se orientaron a condenar la defensa que hace la ministra del RD 16/2012, real decreto promulgado du
rante la crisis socioeconómica para encajar sus estragos, y el parón en el que está inmersa la reforma de la Ley General de Sanidad desde hace 6 años. En otra línea, también discrepante con el Ministerio, Francisco Igea, del grupo político Ciudadanos, mostró su preocupación porque no se vaya a realizar una revisión a la baja del copago farmacéutico. Criticas, todas ellas que contrastarían, en principio, con el estado de gracia que, de momento, le permite el sector a la ministra, constituido por la Farmacia, los profesionales sanitarios, la Industria farmacéutica y la Distribución de medicamentos. Una tolerancia vigilante que podría verse afectada, si se impone el modelo de compra centralizada de medicamentos que está pergeñando el Ministerio de Hacienda, a imagen del sistema ya utilizado con el INGESA.
Sobre los anteriores temas de interés principalmente ciudadanos gravitarán sobre la gestión ministerial otros de igual importancia para los profesionales sanitarios, tales como el compromiso de Montserrat por acabar en cuestión de pocos meses con su precariedad laboral.
Financiación autonómica
Dentro de un fin de semana especialmente político, el Consejo de MInistros de este viernes, 10 de febrero, dio vía libre a la constitución de una comisión de expertos que tendrá el objetivo de revisar el actual modelo de financiación autonómica. La decisión gubernamental responde a las reclamaciones de la última Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 17 de enero. Durante la misma se reivindicaron los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Se espera que la referida comisión emita un informe dentro de 6 meses, con conclusiones que indefectiblemente afecten a la financiación autonómica de la sanidad.
Colaboración Público Privada (CPP)
La semana anterior también incluyó una cuestión de gran relevancia para la Sanidad. Como ya destacó la Comisión Europea, la expresión Colaboración Público Privada (CPP) está ausente en el ámbito normativo comunitario. Siendo su definición práctica el conjunto de formas cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio. Habida cuenta de que esta fórmula ha sido utilizada de forma profusa en sanidad.
Desde ese punto de partida, debe entenderse el debate parlamentario de la proposición de ley de Contratación Pública, destinada a transponer al ordenamiento jurídico español la directiva europea correspondiente. Como novedad, se incluye la supresión del contrato de colaboración público privada, aduciendo su falta de utilidad. En ese sentido, el Ejecutivo se está mostrando más partidario de utilizar el contrato de concesión, por su mayor versatilidad demostrada. En esta nueva formulación, los contratos de servicios supondrán asumir los riesgos derivados de la prestación a las empresas contratantes, mientras que tales riesgos serán asumidos por la Administración, cuando se trate de contratos en régimen de concesión.
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