El Grupo Socialista exige al Gobierno una evaluación del impacto de los recortes en el presupuesto sanitario

El portavoz socialista de Sanidad, Jesús María Fernández, y la secretaria adjunta, Marisol Pérez Domínguez, registran una iniciativa sobre el impacto de la crisis económica en la salud pública

El Médico Interactivo | 20 - Febrero - 2017 14:30 h.

El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Jesús María Fernández, y la secretaria adjunta, Marisol Pérez Domínguez, han registrado en el Congreso una proposición no de ley sobre el impacto de la crisis económica en la salud pública, para exigir al Gobierno una evaluación del impacto de la crisis económica sobre la salud de los recortes en el presupuesto sanitario, en servicios sociales y de las políticas laborales y económicas.

“Hay instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, que han alertado sobre los efectos no solamente sobre la mortalidad, sino también sobre los determinantes de la salud, como el desempleo, la peor nutrición, que llevan a un incremento de la mortalidad a medio y largo plazo”, advirtió Jesús María Fernández. “También sociedades españolas como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria han estado alertando estos últimos años sobre los efectos de la pobreza infantil generada por esta crisis sobre la salud de niños y niñas”, ha añadido.

En la iniciativa socialista, que aporta datos tanto de organismos internacionales como nacionales que documentan la repercusión de la crisis en la salud pública, se denuncia que, a preguntas del Grupo Socialista, “el Ministerio ha venido a contestar con evasivas que no tienen más sentido que enmascarar que el Gobierno no ha llevado a cabo ninguna de estas evaluaciones del impacto en salud de las políticas públicas, aun siendo conscientes de que muchas de sus decisiones durante los últimos años tienen un evidente efecto en términos de salud pública”.

Así, con esta iniciativa, los socialistas quieren que el Congreso inste al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses, los estudios necesarios para una correcta evaluación del impacto que la crisis económica ha tenido sobre la salud, y a presentar el resultado de dicha evaluación ante la Comisión de sanidad y Servicios Sociales.