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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ve en los recortes en la Sanidad de Cataluña “un intento de consumar la privatización”

Redacción

La FADSP estima que la reducción del diez por ciento del gasto sanitario público va a suponer graves problemas para la asistencia sanitaria en la comunidad autónoma


Madrid (13-4-11).- La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha criticado los recortes impuestos en la Sanidad Pública de Cataluña, pues considera que éstos “suponen un intento de consumar la privatización sanitaria en una de las Comunidades Autónomas más importantes del Estado”. Para la FADSP, la reducción del diez por ciento del gasto sanitario público (1.198millones de euros) va a suponer graves problemas para la asistencia sanitaria en Cataluña.

Según explica en su comunicado la Federación, esta reducción hospitalaria se va sentir en los distintos ámbitos sanitarios. En primer lugar, en los hospitales, con “la supresión de servicios, pruebas radiológicas y de laboratorio, supresión de camas, cierre de quirófanos…y reducción de actividad asistencial”.

Así, explica, habrá cierre de plantas en los hospitales más importantes; supresión de cientos de camas hospitalarias (por ejemplo 52 camas en El Hospital de Santa Creu i Sant Pau); cierre de Quirófanos por la tarde (18 en el Hospital de Valle Hebrón); reducción de los días de estancias de los pacientes en los hospitales; despido de cientos de trabajadores incluyendo médicos, enfermeras y personal auxiliar y administrativo (4.000 trabajadores del Instituto Catalan de la Salud y 3.200 de la Unión Catalana de Hospitales); aumento de las “ya escandalosas” listas de espera, sin garantías de esperas máximas; o supresión de 39 programas sanitarios de diferentes especialidades médicas.

También se dejarán notar los recortes en el ámbito de la Atención Primaria, pues ésta deberá hacerse cargo de la asistencia geriátrica y disminuir las derivaciones a centros especializados; habrá limitaciones en la solicitud de pruebas diagnósticas; también reducción del personal de seguridad de los centros; y se paralizará el desarrollo de las tecnologías informáticas.

Otras consecuencias del recorte presupuestario en Cataluña, apunta la FADSP, serán que las ambulancias reducirán en un ocho por ciento su actividad de trasporte urgente; que se limarán incentivos profesionales de mejora de la calidad y se reducirán las actividades de formación continuada del personal sanitario; y que se pretende introducir el copago.

“Aprovechando la crisis económica, el nuevo gobierno conservador pretende acelerar el proceso de privatización de la Sanidad Pública catalana deteriorando su dispositivo asistencial y descapitalizándola. Para llevar adelante este objetivo el Gobierno CiU ha puesto al frente de la Consejería de Sanidad al presidente de la patronal catalana, que lógicamente defiende los intereses empresariales de su grupo de presión, plantea abiertamente que para hacer frente a estos recortes las gente pudiente debería concertar seguros privados complementarios con importantes desgravaciones fiscales”, señala la Federación.

Argumentos vanos

Para la FADSP, el argumento de falta de recursos y la necesidad de reducir el déficit público “no se compadece con el anuncio de la supresión de impuestos de sucesiones y sociedades que benefician exclusivamente a los sectores económicos más privilegiados. Los partidos conservadores como CiU, el PP y otros nunca plantean estos recortes en sus programas electorales pero los aplican de manera implacable cuando gobiernan”.

“Tampoco conviene olvidar que la sanidad catalana esta muy privatizada y que es precisamente esta privatización en la provisión la que genera un mayor gasto y una mayor inflexibilidad a la hora del control del mismo. Los problemas de Cataluña no son únicos, Comunidades Autónomas como Valencia o Madrid que han apostado por las privatizaciones tienen unos compromisos de gasto con las empresas privadas que incrementan artificialmente la factura sanitaria”, añade.

Por eso, desde la organización se hace un llamamiento a que ciudadanos, sindicatos y profesionales “hagamos frente con nuestras movilizaciones a una estrategia concertada de los grupos de presión económica nacional e internacional, ya que puede suponer el desmantelamiento de la Sanidad Pública, una de las más eficaces y eficientes del mundo”, concluye.

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