viernes, 8 de abril de 2011

Varias sociedades y asociaciones de profesionales de Atención Primaria firman un manifiesto contra los recortes de la Administración sanitaria catalana :: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad ::

Varias sociedades y asociaciones de profesionales de Atención Primaria firman un manifiesto contra los recortes de la Administración sanitaria catalana


Redacción

Consideran que ponen en peligro la calidad asistencial y apuestan por una “reforma profunda” el sistema, en especial de su gestión


Barcelona (9/11-4-11).- La Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC), la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). La Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña (AIFICC), el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), la Fundación Instituto Catalán de Farmacología (FICF), el Foro Catalán de Atención Primaria (FoCAP), la Asociación Catalana de Comadronas y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cataluña han firmado un documento, al que esperan nuevas adhesiones, en el que muestran su preocupación por los anuncios de la Administración sanitaria autonómica de disminución del presupuesto dedicado a la salud y, en especial, la Atención Primaria y la Salud Pública. En opinión de estas entidades las medidas anunciadas no garantizan el mantenimiento de los actuales niveles de servicios de salud a la población y la calidad de la prestación, por lo que apuestan por “una reforma en profundidad del sistema público de salud, en especial del modelo de gestión”.

Los profesionales del primer nivel asistencial proponen, entre otras cosas, dado el momento de crisis económica y déficit presupuestario, analizar cuál sería el gasto razonable per cápita en Sanidad en Cataluña, así como las bolsas de ineficiencia del sistema para dirigir las actuaciones a mejorarlas y no una disminución indiscriminada del presupuesto.

Según los datos presentados en el manifiesto, actualmente, en Cataluña el presupuesto destinado a la Atención Primaria está en torno al 15 por ciento del total del gasto sanitario, lejos aún del 25 por ciento de los países más avanzados. Estudios científicos internacionales demuestran que los sistemas públicos de salud centrados en la Atención Primaria obtienen mejores resultados en salud y calidad con un gasto económico menor. “Las medidas anunciadas por el Departamento de Salud no tienen en cuenta esta premisa, y se plantea un plan de continuidad del modelo actual sin reformas, pero con menos presupuesto. Centrar las acciones de forma casi exclusiva en los temas económicos sin reorientar estratégicamente el sistema sólo favorecerá la repetición de situaciones como la actual en la que se pone en riesgo la propia sostenibilidad del sistema público”, denuncian.

Por otro los firmantes consideran que las consecuencias de no disponer de una Atención Primaria, una salud comunitaria y una salud pública potentes también conlleva hacer menos prevención y promoción de la salud, “con impacto de futuro sobre el nivel de salud de la población”. Además inciden en que una Atención Primaria que, por falta de recursos, no puede asumir el peso de la atención a pacientes que originan la mayor parte del gasto (personas mayores y con patologías crónicas, comorbilidad y pluripatologías) hace que el conjunto del sistema sea menos eficiente, al transferir una parte importante de la actividad asistencial en el hospital donde, tanto los costes como la yatrogenia son mucho más elevados.

“En nuestro sistema sanitario se ha producido una reforma de la Atención Primaria, pero no ha sido así en la llamada atención "especializada" y en los hospitales. Pensamos que es necesario un fuerte impulso político para generar una reforma en profundidad del modelo, tanto a nivel de la Atención Primaria como hospitalaria que dé mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos y que lo haga más eficiente. Hay que optimizar los servicios hospitalarios, centrándolos en la atención a patologías complejas que requieren ingreso o no pueden ser atendidas en la atención y desarrollar su papel de apoyo y consultoría a los profesionales del primer nivel”, recoge el documento.

“La estructura de gestión del sistema sanitario catalán es extremadamente compleja y fuertemente burocratizada, fragmentada y repetitiva”, demandan; por lo que se apuesta por “simplificar las estructuras de gestión de los dispositivos asistenciales, pero también de los no asistenciales y en especial del propio Departamento y el Catsalut, evitando duplicidades innecesarias. También hay que racionalizar la red de los múltiples proveedores de Atención Primaria favoreciendo las fusiones, las sinergias y las colaboraciones para reducir los gastos de gestión, y favorecer la eficiencia mediante la economía de escala”.

Los profesionales de la Atención Primaria y la salud pública de Cataluña quieren como se recoge en el manifiesto, contribuir decididamente al esfuerzo por racionalizar el sistema de salud de nuestro país, por lo que proponen priorizar varias medidas. La primera de ella sería un revisión de la evidencia disponible sobre algunas de las actividades asistenciales, preventivas y de promoción de la salud (unidades hospitalarias de tabaco, menopausia, fibromialgia, plan de calor, ejercicio físico, PADES, UFFIS, hospitalización domiciliaria, algunos programas poblacionales de cribado, nuevas vacunas para grupos de bajo riesgo, centrales de llamadas para seguimiento de patologías crónicas, etc.). “Centrar las actuaciones de los profesionales en aquellas que hayan demostrado que generan buenos resultados en salud a un coste asumible. Los recursos liberados de estas partidas se incorporarán (todos o en parte) a los servicios propios de la Atención Primaria”.

Por otro lado, se pide una mayor participación de la Atención Primaria en la gestión clínica y asistencial: libertad de elección de hospital y especialista priorizando la calidad y la accesibilidad con el objetivo de reducir las listas de espera para la consulta o las pruebas complementarias a un plazo definido para cada patología. “La Atención Primaria ha de desempeñar el papel de coordinador del paso del paciente por los servicios, especialmente los relacionados con la atención al enfermo crónico. Esta es la mejor forma de facilitar el acceso de la población de una manera ordenada y ágil la atención sanitaria y social, mediante su capacidad clínica en un entorno de trabajo multidisciplinar”.

En tercer lugar se propone una gestión específica de la Atención Primaria, coordinada con la gestión hospitalaria pero claramente individualizada y situada en un marco de igualdad, en todas las entidades proveedoras, “especialmente si se mantiene el actual sistema de pago, en un caso por paciente asignado y en el otro por actividad, que representan intereses claramente divergentes. La gestión debe dirigirse a la coordinación entre niveles para garantizar la continuidad asistencial, mejorar la resolución, disminuir las tareas burocráticas y las prácticas poco efectivas y poco eficientes”.

Otra de las medidas pasa por potenciar la salud en todas las políticas, impulsando la creación de comisiones donde participen diferentes consejerías. “Es necesario fortalecer las políticas públicas para poder mejorar la salud de la población y disminuir las desigualdades en salud”. Y, por último, se propone reorientar el sistema sanitario hacia las necesidades y problemas prioritarios de la ciudadanía, en lugar de centrarse como hasta ahora en los elementos estructurales. “Promover la integración funcional, en el marco territorial, del sistema y los servicios que deben formar parte de una moderna Atención Primaria y salud comunitaria, en la que los servicios de salud mental, salud pública y sociales también deben jugar un papel protagonista”.

Tal y como recoge en manifiesto, “el necesario ahorro que ahora se impone no puede afectar de igual manera todos los servicios. Utilizar criterios que discriminen la efectividad y eficiencia. La Atención Primaria está infradotada en relación a la atención secundaria y hospitalaria, por lo que una disminución del presupuesto del 10 por ciento tendría graves efectos”. Además se incide en que la reducción del gasto no puede afectar a la dotación de personal. Debería centrarse en los gastos administrativos y de gestión, en cambios en la política de compras o en la disminución de la prescripción inducida.
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