CRISIS | Reforma de la Sanidad
Confusión ante la entrada en vigor del real decreto sanitario
Puerta de acceso a Urgencias del Hospital de Sant Joan. | El Mundo- La ley pretende garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar su calidad
- Sanidad insiste en que algunas medidas no tienen fin económico
- Los médicos dicen que es un cambio del modelo que puede afectar a todos
Preocupación, escepticismo y confusión. Esos son los adjetivos a las opiniones emitidas por diferentes médicos y colectivos ante la implantación de la reforma sanitaria que hoy entra en vigor. El decreto, aprobado en abril, será regulado por las comunidades de diferente manera, según han ido anunciado en los últimos días. Sanidad ha ido especificando algunos cambios que han modificado sustancialmente la norma.
A las primeras críticas vinieron las primeras modificaciones. Los mayores de 26 años que nunca hubieran cotizado se quedaban sin tarjeta sanitaria. Pero esta medida se anuló. Luego se dijo que las personas inmigrantes en situación irregular, excepto embarazadas y menores de 18 años, iban a quedar sin atención en centros de salud y sólo podían acudir a las urgencias.
Posteriormente también se incluyó como excepción al grupo de inmigrantes que tuvieran una enfermedad transmisible que ya estuvieran en tratamiento, no a los nuevos diagnósticos. Pero ayer Sanidad volvió a especificar un nuevo cambio.
"Todos los ciudadanos van a ser atendidos. Los cambios se darán en el conocimiento de los derechos. El que no tenga tarjeta, por ser irregular, recibirá una factura de su comunidad. Esa factura deberá ser pagada por un seguro privado (si la persona lo tiene), por el país (si hay acuerdos con España) o por el propio inmigrante. Si no tiene recursos, simplemente quedará archivada. Cuando el ciudadano vuelva a trabajar, se le pasará la factura. Pero todos serán atendidos, en el centro de salud o donde sea", afirma Manuel Cervera, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
"No hemos tenido instrucciones hasta el jueves, cuando el conseller [de la Comunidad Valenciana] dijo que será el administrativo quien filtre a las personas que van a ser atendidas por el médico y las que no, pero ¿qué pasará en los pueblos, donde las personas van directamente al médico?, ¿le tocará a él decidir algo que no puede, ya que nuestra profesión nos obliga a atender a todo el mundo?", se preguntaba José Luís Llisterri Taro, médico de familia y presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Sin embargo, este especialista no estaba al tanto de la última vuelta de tuerca.
Aunque fuentes del Ministerio de Sanidad decían el jueves que los inmigrantes en situación irregular sólo iban a ser atendidos en urgencias, el portavoz del PP de la Comisión de Sanidad aclaraba un día después a este periódico que se iba a seguir prestando atención en los centros de salud, eso sí con la factura oportuna.
Estos cambios de última hora han generado numerosas críticas entre los facultativos que se sienten perdidos y por supuesto entre los inmigrantes. "En cualquier proceso de cambio y modificación, y más en uno como este tan ambicioso y complicado, hay adaptaciones. Además, el constante diálogo hace que vayamos dando forma a un intento de hacer más eficiente la gestión. Es un proceso dinámico y se van limando aquellas situaciones que puedan aparecer en un futuro", aclara Cervera.
Quizás estos cambios vengan derivados por la presión de las muchas críticas y objeciones que el decreto ha recibido. Una de ellas ha venido conducida por la campaña de Médicos del Mundo puso en marcha hace una semana, 'Derecho a curar', y con la que han recabado casi 14.000 firmas de apoyo a la objeción de conciencia que los médicos habían reclamado. "Como médicos, nuestra obligación y derecho es a curar. No puedo denegar auxilio a una persona. Si esta campaña ha servido para que la gente reflexione sobre la sustracción de un derecho, me parece fenomenal", afirma Rafael Sotoca, presidente de esta ONG en la Comunidad Valenciana.
La afirmación que hace Sotoca se refiere al punto primero del capítulo I del nuevo decreto en el que se dice: "La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado".
¿Qué quiere decir este punto? "Ahora se refiere a los inmigrantes irregulares, pero abre la puerta a que en un futuro sean otros los colectivos excluidos de la atención sanitaria. Sospechamos que esto vaya a ser el inicio de la desaparición de la Sanidad pública", señala Gabriel del Pozo, vicesecretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS).
Para Cervera, el cambio de modelo "es la crítica menos realista y la más distorsionada. El Sistema Nacional de Salud es universal. Ahora más que nunca, porque antes había colectivos que no estaban reconocidos, como podían ser los arquitectos, y ahora sí lo están. Es un sistema que cubre y protege a los españoles. Pero partimos de un hecho olvidado y es que las CCAA no tenían capacidad para gestionar eficientemente la Sanidad, había un agujero de 16.000 millones de euros, y no se pagaba a los proveedores. Les hemos dado nuevas herramientas para equilibrar el cociente entre ingresos y gastos", asegura.
Por este motivo, se implantó el copago farmacéutico o se ha querido regularizar la titularidad de las tarjetas sanitarias. Para evitar que haya personas que utilicen la Sanidad de otros países de la UE con una tarjeta española no actualizada y que luego pasen la factura a nuestro país. "Había que poner orden y regularizar una situación que no estaba controlada", afirman desde el Ministerio.
Salvador Tranche, secretario de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC), considera que "todavía hay muchos profesionales sanitarios que no se han dado cuenta de lo que implica este decreto. Si el decreto se hace efectivo este sábado tal y como está ahora, la respuesta de protesta será creciente", afirmaba un día antes de la última modificación en la atención a los inmigrantes. "Si es cierto que el turismo sanitario, que es algo muy distinto al uso que hacen los inmigrantes irregulares de la sanidad, había que acabar con él. Pero este decreto va a ser aplicado de forma distinta en cada comunidad y eso es un despropósito".
Este médico de familia también considera que el modelo de sistema cambia con el decreto. "Pasa de ser una cobertura universal a un tema de aseguramiento. Veremos en un futuro qué pasa si no trabajas. Si mañana deciden que no se atiende a ancianos o a otros pacientes, ¿qué?", se pregunta. Algo que desde el Ministerio de Sanidad se niega rotundamente: "el sistema ahora es más universal que antes".
A las primeras críticas vinieron las primeras modificaciones. Los mayores de 26 años que nunca hubieran cotizado se quedaban sin tarjeta sanitaria. Pero esta medida se anuló. Luego se dijo que las personas inmigrantes en situación irregular, excepto embarazadas y menores de 18 años, iban a quedar sin atención en centros de salud y sólo podían acudir a las urgencias.
Posteriormente también se incluyó como excepción al grupo de inmigrantes que tuvieran una enfermedad transmisible que ya estuvieran en tratamiento, no a los nuevos diagnósticos. Pero ayer Sanidad volvió a especificar un nuevo cambio.
"Todos los ciudadanos van a ser atendidos. Los cambios se darán en el conocimiento de los derechos. El que no tenga tarjeta, por ser irregular, recibirá una factura de su comunidad. Esa factura deberá ser pagada por un seguro privado (si la persona lo tiene), por el país (si hay acuerdos con España) o por el propio inmigrante. Si no tiene recursos, simplemente quedará archivada. Cuando el ciudadano vuelva a trabajar, se le pasará la factura. Pero todos serán atendidos, en el centro de salud o donde sea", afirma Manuel Cervera, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Sin información
Pero esta medida, la de la atención sanitaria a todos los ciudadanos, es nueva. Los médicos consultados por ELMUNDO.es ayer contaban con la información proporcionada por su comunidad en la que se hablaba de las personas que no iban a ser atendidas en los centros de salud y que serían filtradas por los administrativos de cada ambulatorio."No hemos tenido instrucciones hasta el jueves, cuando el conseller [de la Comunidad Valenciana] dijo que será el administrativo quien filtre a las personas que van a ser atendidas por el médico y las que no, pero ¿qué pasará en los pueblos, donde las personas van directamente al médico?, ¿le tocará a él decidir algo que no puede, ya que nuestra profesión nos obliga a atender a todo el mundo?", se preguntaba José Luís Llisterri Taro, médico de familia y presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Sin embargo, este especialista no estaba al tanto de la última vuelta de tuerca.
Aunque fuentes del Ministerio de Sanidad decían el jueves que los inmigrantes en situación irregular sólo iban a ser atendidos en urgencias, el portavoz del PP de la Comisión de Sanidad aclaraba un día después a este periódico que se iba a seguir prestando atención en los centros de salud, eso sí con la factura oportuna.
Estos cambios de última hora han generado numerosas críticas entre los facultativos que se sienten perdidos y por supuesto entre los inmigrantes. "En cualquier proceso de cambio y modificación, y más en uno como este tan ambicioso y complicado, hay adaptaciones. Además, el constante diálogo hace que vayamos dando forma a un intento de hacer más eficiente la gestión. Es un proceso dinámico y se van limando aquellas situaciones que puedan aparecer en un futuro", aclara Cervera.
Quizás estos cambios vengan derivados por la presión de las muchas críticas y objeciones que el decreto ha recibido. Una de ellas ha venido conducida por la campaña de Médicos del Mundo puso en marcha hace una semana, 'Derecho a curar', y con la que han recabado casi 14.000 firmas de apoyo a la objeción de conciencia que los médicos habían reclamado. "Como médicos, nuestra obligación y derecho es a curar. No puedo denegar auxilio a una persona. Si esta campaña ha servido para que la gente reflexione sobre la sustracción de un derecho, me parece fenomenal", afirma Rafael Sotoca, presidente de esta ONG en la Comunidad Valenciana.
Cambio de modelo
Este médico critica no sólo la exclusión de los inmigrantes irregulares sino otros aspectos del decreto. "No encontramos nada positivo en esta reforma. Teníamos un buen modelo, donde la Sanidad se contemplaba en función de la ciudadanía, era garantista porque no se puede modificar el rango de ciudadano. Ahora sí, ahora el modelo es de aseguramiento, y una póliza sí te la pueden quitar".La afirmación que hace Sotoca se refiere al punto primero del capítulo I del nuevo decreto en el que se dice: "La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado".
¿Qué quiere decir este punto? "Ahora se refiere a los inmigrantes irregulares, pero abre la puerta a que en un futuro sean otros los colectivos excluidos de la atención sanitaria. Sospechamos que esto vaya a ser el inicio de la desaparición de la Sanidad pública", señala Gabriel del Pozo, vicesecretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS).
Para Cervera, el cambio de modelo "es la crítica menos realista y la más distorsionada. El Sistema Nacional de Salud es universal. Ahora más que nunca, porque antes había colectivos que no estaban reconocidos, como podían ser los arquitectos, y ahora sí lo están. Es un sistema que cubre y protege a los españoles. Pero partimos de un hecho olvidado y es que las CCAA no tenían capacidad para gestionar eficientemente la Sanidad, había un agujero de 16.000 millones de euros, y no se pagaba a los proveedores. Les hemos dado nuevas herramientas para equilibrar el cociente entre ingresos y gastos", asegura.
Por este motivo, se implantó el copago farmacéutico o se ha querido regularizar la titularidad de las tarjetas sanitarias. Para evitar que haya personas que utilicen la Sanidad de otros países de la UE con una tarjeta española no actualizada y que luego pasen la factura a nuestro país. "Había que poner orden y regularizar una situación que no estaba controlada", afirman desde el Ministerio.
Otras medidas de ahorro
Pero Sotoca se pregunta por qué no se insiste más en otras medidas. "Hay que pensar en otras estrategias quizás más complicadas pero más eficaces a largo plazo. Porque nadie ha hecho nada sobre el gasto en tecnología médica. Nadie ha evaluado qué es eficiente y qué no. Estamos poniendo inteligencia en el lado que no toca, y se nos olvida, o se obvia, los programas de eficiencia para mejorar los recursos. Claro, a corto plazo estos programas dan menos visibilidad pero con el tiempo son los que más garantizan la sostenibilidad del sistema".Salvador Tranche, secretario de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC), considera que "todavía hay muchos profesionales sanitarios que no se han dado cuenta de lo que implica este decreto. Si el decreto se hace efectivo este sábado tal y como está ahora, la respuesta de protesta será creciente", afirmaba un día antes de la última modificación en la atención a los inmigrantes. "Si es cierto que el turismo sanitario, que es algo muy distinto al uso que hacen los inmigrantes irregulares de la sanidad, había que acabar con él. Pero este decreto va a ser aplicado de forma distinta en cada comunidad y eso es un despropósito".
Este médico de familia también considera que el modelo de sistema cambia con el decreto. "Pasa de ser una cobertura universal a un tema de aseguramiento. Veremos en un futuro qué pasa si no trabajas. Si mañana deciden que no se atiende a ancianos o a otros pacientes, ¿qué?", se pregunta. Algo que desde el Ministerio de Sanidad se niega rotundamente: "el sistema ahora es más universal que antes".
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