DECRETO | Regulación de sanidad
¿Una puerta que se cierra a las personas inmigrantes?
Inmigrantes entran en un centro de Atención Primaria de Barcelona. | Domenec Umbert- Entre 153.000 y 160.000 personas 'sin papeles' se quedarán sin tarjeta
- Varios estudios reflejan que los inmigrantes consumen menos recursos
- La atención que se dará a estas personas variará en cada comunidad autónoma
- Sanidad dice que se podrá dar asistencia en centros de salud pero facturando
Desde que en abril se aprobara el nuevo decreto que regula el sistema sanitario español, ha habido numerosos mensajes sobre qué implica esta norma y cómo iba a ser la atención a los inmigrantes en situación irregular, entre 153.000 y 160.000 personas según estimaciones del Ministerio. Sanidad ha ido ofreciendo en los últimos días datos sobre las medidas que la ley contempla y las que han sido modificadas o ampliadas. La pregunta es: ¿en qué situación queda este colectivo?
La tarjeta sanitaria, que antes se obtenía en la mayoría de los casos con el empadronamiento, va a dejar de ser válida para aquellas personas que estén en situación irregular en nuestro país. Pero esto no implica automáticamente la falta total de asistencia. El decreto contempla dos excepciones: la asistencia al embarazo, parto y posparto y la de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica. "En todo caso, los extranjeros menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles".
¿Qué ocurre con todos los demás? Sanidad que ha mantenido un silencio administrativo durante todos estos meses rompía ese silencio hace unos días para decir que las personas con una enfermedad transmisible que ya estuvieran recibiendo tratamiento iban a seguir siendo atendidas. ¿Cómo? Como cada comunidad estimase oportuno.
Pero la última novedad ha sido la que algunos miembros del PP han comunicado este viernes. "Serán atendidos todos los inmigrantes en todos los niveles, incluidos centros de salud", afirma Manuel Cervera, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Aunque se les facturará. Si no tienen seguro privado o si su país de origen no tiene convenio con el nuestro (como se plantea ahora Ecuador), la factura quedará archivada y se activará cuando el inmigrante tenga trabajo, momento en que se le pueden cobrar los gastos generados. No obstante, queda a cargo de cada comunidad la forma en que se establezca este decreto.
Quizás las numerosas quejas surgidas de médicos y diferentes colectivos han podido ser un aliciente para este nuevo cambio. Tal vez el evaluar el posible gasto que iba a conllevar esta medida a largo plazo, como la mayoría de los expertos consultados por ELMUNDO.es indicaban.
Javier García Bonomi, presidente de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (FEDELATINA), señala que "los inmigrantes son gente con buena salud. Prevenir enfermedades que puedan tener en un futuro es una estrategia de ahorro. El nuevo decreto generará ahorro a corto plazo pero se está hipotecando a largo plazo la Salud Pública".
Parece que los datos respaldan las declaraciones de Bonomi. Varios estudios sobre el fenómeno migratorio constatan que se trata de una población joven que acude poco a la consulta del médico. Así el estudio 'Acceso y uso de los servicios sanitarios por parte de los pacientes inmigrantes: la voz de los profesionales' demuestra que el uso de la Sanidad por parte de estas personas se dirige hacia las urgencias. Los motivos de este uso se centran en las circunstancias laborales, por temor a la pérdida de trabajo, o miedo a la expulsión del país.
Otro estudio de 2009, 'Salud y Uso de los Servicios Sanitarios en Población Inmigrante y Autóctona de España' comprobaba que, además del menor uso de los servicios sanitarios, los ingresos hospitalarios de los inmigrantes consumen menos recursos que los de la población autóctona. Porque las personas que se atreven a cambiar de país, físicamente se encuentran bien y, cuando residen aquí, tienen problemas menos graves que la población española, más envejecida.
"Estos datos se oponen al estereotipo y estigmatización hacia ellos", indica Jesús Ospina, doctor en Salud Pública y miembro coordinador de la REDVIH, quien insiste en que hay que diferenciar este uso del colectivo inmigrante del llamado turismo sanitario.
Según los expertos consultados, el gasto que suponen los más de 150.000 inmigrantes irregulares es muy inferior al que han generado nuestros vecinos europeos. Además, "no dar asistencia a este colectivo supone a la larga mucho más gasto. Si no pueden acudir al primer nivel, al centro de salud, esto genera un detrimento en el segundo nivel, en urgencias y hospitales. Y si se establecen diferencias en función de si una enfermedad es transmisible o no, el paciente no va a saber discriminar y va a acudir directamente a la urgencia. O no lo hará, por miedo. Hay que racionalizar los recursos pero no limitarlos a determinados colectivos", declara Grabriel del Pozo, vicesecretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS).
Del Pozo señala que hay una preocupación general entre los sanitarios. "Todos estamos preocupados, los de urgencias, los de los hospitales, los de primaria, también los de extrahospitalaria, como el SUMMA, porque asumen que también se sobrecargarán".
Por otro lado, desde la Asociación de Cooperación Bolivia España (ACOBE) transmiten que el miedo ya se ha instalado entre el colectivo inmigrante. "Hay muchas dudas que nos preguntan: ¿qué me pasará si tengo autorización de trabajo y residencia pero ahora no tengo trabajo?, ¿y si tengo autorización de residencia pero no de trabajo?, ¿mi hijo tendrá tarjeta si yo no trabajo?", explica Mari Luz Valdivia, directora general de ACOBE.
Ante el aluvión de consultas, esta asociación ha programado un horario todos los miércoles, a partir del próximo, para dar talleres informativos sobre el nuevo real decreto. "Los primeros serán difíciles porque el reglamento [del decreto] está todavía por diseñar. Pero intentaremos traducir con palabras sencillas y fijarnos en indicadores del decreto", señala Valdivia.
De hecho, ya ha habido casos de personas españolas que han tenido algún problema con su tarjeta sanitaria, tal vez por el caos informativo de los últimos meses. "A mí me negaron la tarjeta sanitaria europea cuando la solicité hace unos meses por un viaje a Londres", afirma Juanjo, un parado de larga duración que no recibe prestación pero que sí está inscrito en el INEM. "Me dijeron que me quitarían mi tarjeta sanitaria nacional en unos meses, pero de momento creo que sigo en el sistema", afirma desde Almería.
Otro caso es el que apunta Paola Santiestevez. "Nos ha llegado información hace unas dos semanas del caso de una niña gitana de 16 años que no querían renovar su tarjeta porque su padre estaba en situación de desempleo. También otros, de mujeres que trabajan en la limpieza que, a pesar de estar inscritas en el INEM, les dijeron también que no les renovarían su tarjeta. Son españolas".
Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que todos los españoles tendrán acceso a la asistencia sanitaria sin ninguna excepción. Sin embargo, el miedo está llegando a muchas de las personas que se encuentran en paro desde hace mucho tiempo. Aunque el temor es mayor entre el colectivo inmigrante. "La gente está con miedo a enfermarse. Se está produciendo un tema de discriminación y persecución. La verdadera solidaridad se demuestra en épocas de crisis. Mi abuelo, que era gallego y emigró a Argentina, se le consideró no como un inmigrante sino como un nuevo ciudadano que ayudó a la construcción del país. Aquí se está haciendo todo lo contrario", sentencia Bonomi.
La tarjeta sanitaria, que antes se obtenía en la mayoría de los casos con el empadronamiento, va a dejar de ser válida para aquellas personas que estén en situación irregular en nuestro país. Pero esto no implica automáticamente la falta total de asistencia. El decreto contempla dos excepciones: la asistencia al embarazo, parto y posparto y la de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica. "En todo caso, los extranjeros menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles".
¿Qué ocurre con todos los demás? Sanidad que ha mantenido un silencio administrativo durante todos estos meses rompía ese silencio hace unos días para decir que las personas con una enfermedad transmisible que ya estuvieran recibiendo tratamiento iban a seguir siendo atendidas. ¿Cómo? Como cada comunidad estimase oportuno.
Pero la última novedad ha sido la que algunos miembros del PP han comunicado este viernes. "Serán atendidos todos los inmigrantes en todos los niveles, incluidos centros de salud", afirma Manuel Cervera, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Aunque se les facturará. Si no tienen seguro privado o si su país de origen no tiene convenio con el nuestro (como se plantea ahora Ecuador), la factura quedará archivada y se activará cuando el inmigrante tenga trabajo, momento en que se le pueden cobrar los gastos generados. No obstante, queda a cargo de cada comunidad la forma en que se establezca este decreto.
Quizás las numerosas quejas surgidas de médicos y diferentes colectivos han podido ser un aliciente para este nuevo cambio. Tal vez el evaluar el posible gasto que iba a conllevar esta medida a largo plazo, como la mayoría de los expertos consultados por ELMUNDO.es indicaban.
¿Abuso de los recursos?
Porque la defensa que muchas personas lanzan para que los inmigrantes irregulares queden fuera de la Sanidad es por el gasto que hacen de ella y lo poco que aportan. Sin embargo, los estudios sobre el tema concluyen más bien lo contrario. Este colectivo gasta mucho menos que los ciudadanos españoles. También, como recuerda Rafael Sotoca, presidente de Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana, "hasta 1998 las cuotas de los trabajadores se destinaban a la financiación de la Sanidad, pero a partir de esa fecha se pasa a una financiación vía impuestos. Cada vez hay más impuestos, y muchos de ellos son indirectos, es decir, los pagamos todos. Los inmigrantes irregulares pagan parte de la sanidad, no es cierto que no contribuyan".Javier García Bonomi, presidente de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (FEDELATINA), señala que "los inmigrantes son gente con buena salud. Prevenir enfermedades que puedan tener en un futuro es una estrategia de ahorro. El nuevo decreto generará ahorro a corto plazo pero se está hipotecando a largo plazo la Salud Pública".
Parece que los datos respaldan las declaraciones de Bonomi. Varios estudios sobre el fenómeno migratorio constatan que se trata de una población joven que acude poco a la consulta del médico. Así el estudio 'Acceso y uso de los servicios sanitarios por parte de los pacientes inmigrantes: la voz de los profesionales' demuestra que el uso de la Sanidad por parte de estas personas se dirige hacia las urgencias. Los motivos de este uso se centran en las circunstancias laborales, por temor a la pérdida de trabajo, o miedo a la expulsión del país.
Otro estudio de 2009, 'Salud y Uso de los Servicios Sanitarios en Población Inmigrante y Autóctona de España' comprobaba que, además del menor uso de los servicios sanitarios, los ingresos hospitalarios de los inmigrantes consumen menos recursos que los de la población autóctona. Porque las personas que se atreven a cambiar de país, físicamente se encuentran bien y, cuando residen aquí, tienen problemas menos graves que la población española, más envejecida.
"Estos datos se oponen al estereotipo y estigmatización hacia ellos", indica Jesús Ospina, doctor en Salud Pública y miembro coordinador de la REDVIH, quien insiste en que hay que diferenciar este uso del colectivo inmigrante del llamado turismo sanitario.
Turismo sanitario
Este último término se refiere al uso que hacen los ciudadanos de países de la UE de nuestras prestaciones sanitarias y que, hasta la aprobación del nuevo decreto, generaba un gasto para España de 1.000 millones de euros. Esto se debía a que España no había incorporado un artículo de una directiva europea suponía la imposibilidad del retorno de los gastos ocasionados por los ciudadanos europeos.Según los expertos consultados, el gasto que suponen los más de 150.000 inmigrantes irregulares es muy inferior al que han generado nuestros vecinos europeos. Además, "no dar asistencia a este colectivo supone a la larga mucho más gasto. Si no pueden acudir al primer nivel, al centro de salud, esto genera un detrimento en el segundo nivel, en urgencias y hospitales. Y si se establecen diferencias en función de si una enfermedad es transmisible o no, el paciente no va a saber discriminar y va a acudir directamente a la urgencia. O no lo hará, por miedo. Hay que racionalizar los recursos pero no limitarlos a determinados colectivos", declara Grabriel del Pozo, vicesecretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS).
Del Pozo señala que hay una preocupación general entre los sanitarios. "Todos estamos preocupados, los de urgencias, los de los hospitales, los de primaria, también los de extrahospitalaria, como el SUMMA, porque asumen que también se sobrecargarán".
Por otro lado, desde la Asociación de Cooperación Bolivia España (ACOBE) transmiten que el miedo ya se ha instalado entre el colectivo inmigrante. "Hay muchas dudas que nos preguntan: ¿qué me pasará si tengo autorización de trabajo y residencia pero ahora no tengo trabajo?, ¿y si tengo autorización de residencia pero no de trabajo?, ¿mi hijo tendrá tarjeta si yo no trabajo?", explica Mari Luz Valdivia, directora general de ACOBE.
Ante el aluvión de consultas, esta asociación ha programado un horario todos los miércoles, a partir del próximo, para dar talleres informativos sobre el nuevo real decreto. "Los primeros serán difíciles porque el reglamento [del decreto] está todavía por diseñar. Pero intentaremos traducir con palabras sencillas y fijarnos en indicadores del decreto", señala Valdivia.
El temor ya empieza entre los españoles
Pero tanto la directora de ACOBE como una de sus abogadas, Paola Santiestevez, señalan otro punto que puede cambiar en los próximos días: "Entre los españoles hay poca preocupación por este decreto, quizás por desconocimiento, pero va a haber muchas personas que se van a quedar sin tarjetas. Hasta que no entre en vigor no se verá las consecuencias para la población autóctona, pero nosotros prevemos muchos problemas".De hecho, ya ha habido casos de personas españolas que han tenido algún problema con su tarjeta sanitaria, tal vez por el caos informativo de los últimos meses. "A mí me negaron la tarjeta sanitaria europea cuando la solicité hace unos meses por un viaje a Londres", afirma Juanjo, un parado de larga duración que no recibe prestación pero que sí está inscrito en el INEM. "Me dijeron que me quitarían mi tarjeta sanitaria nacional en unos meses, pero de momento creo que sigo en el sistema", afirma desde Almería.
Otro caso es el que apunta Paola Santiestevez. "Nos ha llegado información hace unas dos semanas del caso de una niña gitana de 16 años que no querían renovar su tarjeta porque su padre estaba en situación de desempleo. También otros, de mujeres que trabajan en la limpieza que, a pesar de estar inscritas en el INEM, les dijeron también que no les renovarían su tarjeta. Son españolas".
Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que todos los españoles tendrán acceso a la asistencia sanitaria sin ninguna excepción. Sin embargo, el miedo está llegando a muchas de las personas que se encuentran en paro desde hace mucho tiempo. Aunque el temor es mayor entre el colectivo inmigrante. "La gente está con miedo a enfermarse. Se está produciendo un tema de discriminación y persecución. La verdadera solidaridad se demuestra en épocas de crisis. Mi abuelo, que era gallego y emigró a Argentina, se le consideró no como un inmigrante sino como un nuevo ciudadano que ayudó a la construcción del país. Aquí se está haciendo todo lo contrario", sentencia Bonomi.
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