“Me llamo Ofelia, soy de Venezuela, he necesitado asistencia y me la han negado”
La atención deja de ser un derecho para ser un servicio que hay que ganarse
El posible ahorro redefine las prestaciones sanitarias
El sistema nacional de salud, la joya de la corona de la España social, está sujeto a revisión desde sus bases teóricas hasta los últimos detalles de su puesta en práctica. El requerimiento de ahorrar 7.000 millones al año ha obligado a cuestionar y a redefinir todo en esta partida, que representa el 40% de los presupuestos autonómicos.
Desde un punto de vista quizá más teórico que práctico, volver a la franquista relación entre cotización a la Seguridad Social y derecho a la atención es toda una declaración de intenciones. Se trata de un vínculo perverso, ya que las aportaciones de los ciudadanos por este concepto no se destinan a pagar la atención médica, puesto que esta se financia vía impuestos (la mayoría, los que pagan todos: IVA, carburantes, aunque también uno que solo pueden aportar los trabajadores en situación regular, el IRPF). Aparte de las exclusiones que ello supone (rentistas con ingresos superiores a 100.000 euros al año, inmigrantes sin papeles), es una declaración de principios que nos aleja de la idea de una sanidad universal e igual para todos.
El hecho de obligar a los pensionistas a pagar parte de sus medicinas y la exclusión de los inmigrantes sin papeles han sido, hasta ahora, las dos medidas estrella. Pero son solo migajas en términos económicos. No llegan, entre las dos, a los 800 millones de ahorro, según los cálculos del propio ministerio.
Ofelia Amela es una mujer venezolana de mediana edad que decidió venir a España una vez que su única hija, "en busca de un futuro mejor", se trasladó aquí para estudiar y trabajar. Los médicos han diagnosticado a Ofelia un tumor en el pecho. "Lamentablemente he acudido a todas las instancias y llegué solamente hasta las urgencias, donde sí que me atendieron", cuenta. "Aun cuando los médicos insistieron en que tenía que pedir cita [para hacerse los seguimientos oportunos] me la negaron porque no tengo la documentación necesaria", prosigue. Y recalca que, "anteriormente a esta situación de salud, ya había solicitado la tarjeta sanitaria, pero me han borrado del sistema". Para esta venezolana, que regresa a su país natal para tratarse ante las dificultades en España y la falta de recursos económicos de ella y su hija, "somos seres humanos y necesitamos de salud".
Casos como este muestran el impacto humano de medidas como la exclusión sanitaria de los inmigrantes sin papeles. Pero el grueso de las medidas está por llegar.
La gran revolución está pendiente. Es la revisión de la cartera de servicios. La ministra Ana Mato, en su última comparecencia en el Congreso, no fue capaz de descartar que ello vaya a suponer una reducción de las prestaciones públicas. La excusa está en que está en manos de los expertos, y, oficialmente, las declaraciones del ministerio son que tanto puede servir para eliminar como para acotar o incorporar nuevos servicios. Pero con el objetivo de ahorrar también en esto (más de 500 millones, según las cuentas de Sanidad), parece inevitable que esta revisión suponga una reducción. De lo superfluo, y quién sabe de cuánto más.
Desde un punto de vista quizá más teórico que práctico, volver a la franquista relación entre cotización a la Seguridad Social y derecho a la atención es toda una declaración de intenciones. Se trata de un vínculo perverso, ya que las aportaciones de los ciudadanos por este concepto no se destinan a pagar la atención médica, puesto que esta se financia vía impuestos (la mayoría, los que pagan todos: IVA, carburantes, aunque también uno que solo pueden aportar los trabajadores en situación regular, el IRPF). Aparte de las exclusiones que ello supone (rentistas con ingresos superiores a 100.000 euros al año, inmigrantes sin papeles), es una declaración de principios que nos aleja de la idea de una sanidad universal e igual para todos.
El hecho de obligar a los pensionistas a pagar parte de sus medicinas y la exclusión de los inmigrantes sin papeles han sido, hasta ahora, las dos medidas estrella. Pero son solo migajas en términos económicos. No llegan, entre las dos, a los 800 millones de ahorro, según los cálculos del propio ministerio.
Ofelia Amela es una mujer venezolana de mediana edad que decidió venir a España una vez que su única hija, "en busca de un futuro mejor", se trasladó aquí para estudiar y trabajar. Los médicos han diagnosticado a Ofelia un tumor en el pecho. "Lamentablemente he acudido a todas las instancias y llegué solamente hasta las urgencias, donde sí que me atendieron", cuenta. "Aun cuando los médicos insistieron en que tenía que pedir cita [para hacerse los seguimientos oportunos] me la negaron porque no tengo la documentación necesaria", prosigue. Y recalca que, "anteriormente a esta situación de salud, ya había solicitado la tarjeta sanitaria, pero me han borrado del sistema". Para esta venezolana, que regresa a su país natal para tratarse ante las dificultades en España y la falta de recursos económicos de ella y su hija, "somos seres humanos y necesitamos de salud".
Casos como este muestran el impacto humano de medidas como la exclusión sanitaria de los inmigrantes sin papeles. Pero el grueso de las medidas está por llegar.
La gran revolución está pendiente. Es la revisión de la cartera de servicios. La ministra Ana Mato, en su última comparecencia en el Congreso, no fue capaz de descartar que ello vaya a suponer una reducción de las prestaciones públicas. La excusa está en que está en manos de los expertos, y, oficialmente, las declaraciones del ministerio son que tanto puede servir para eliminar como para acotar o incorporar nuevos servicios. Pero con el objetivo de ahorrar también en esto (más de 500 millones, según las cuentas de Sanidad), parece inevitable que esta revisión suponga una reducción. De lo superfluo, y quién sabe de cuánto más.
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