martes, 17 de marzo de 2015

Denuncia en la Fiscalía contra el Sergas por la muerte de cinco pacientes de Hepatitis C - DiarioMedico.com

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POR PROFESIONALES SANITARIOS

Denuncia en la Fiscalía contra el Sergas por la muerte de cinco pacientes de Hepatitis C

La asociación Batas Blancas, constituida por 800 profesionales sanitarios, baraja la posibilidad de presentar una queja ante la Comisión Deontológica de Colegios Médicos contra el comité autonómico de farmacia que revisa las prescripciones de los especialistas.
María R. Lagoa | Vigo   |  17/03/2015 13:28
 
 

Denegar tratamientos solicitados a pacientes con hepatitis C que cumplen con los criterios establecidos por elMinisterio de Sanidad y que se siguen a nivel nacional, así como retrasar "deliberadamente" la emisión de resoluciones son los hechos que la Asociación Batas Blancas considera delictivos en la denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Esta asociación solicita a la Fiscalía que investigue de oficio la muerte de cinco pacientes que sufrían la infección causada por este virus, cuatro de ellas acaecidas durante el 2014 y una este mismo año. Dirige la denuncia contra el Servicio Gallego de Salud (Sergas), pero nominativamente contra el director de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica, que se ocupa de revisar las prescripciones que en Galicia se hacen de los nuevos fármacos destinados a combatir la hepatitis C.
Se trata de la primera acción de relieve que promueve esta asociación, constituida el pasado verano y que aglutina en torno a 800 profesionales sanitarios, pertenecientes fundamentalmente a la red pública del Sergas, y profesionales de prestigio jubilados. Según las explicaciones de sus responsables, su objetivo es luchar contra la corrupción sanitaria y, a diferencia de otras plataformas, su principal ámbito de actuación será el jurídico.
"Hay pacientes fallecidos, que llevaban meses esperando la autorización y que, en un altísimo porcentaje, se hubiesen curado si hubiesen recibido el tratamiento (la pérdida de oportunidad con resultado de muerte es evidente)", significa la denuncia. Por un lado, se ponen de manifiesto casos de negativas del tratamiento con resoluciones, asegura Batas Blancas, que no siguen los mismos criterios. Y también otros casos en los que el silencio administrativo es la respuesta: "El último caso conocido fue el de una paciente fallecida recientemente, que había solicitado el tratamiento hacía más de seis meses". La asociación estima que en estos momentos más de 50 pacientes han pedido el tratamiento y no han obtenido respuesta.
La denuncia señala que la Comisión Autonómica Central de Farmacia es un órgano asesor y que no está descrita una función de anulación o confirmación de un tratamiento prescrito por un médico del Sergas. Sin embargo, se obliga a que toda prescripción de los nuevos fármacos, aún cumpliendo con el protocolo nacional, sea remitida a este comité, "quien asume la responsabilidad de su autorización o denegación". Asimismo, afirma que no hay transparencia sobre sus actuaciones y criterios, que no se puede realizar un seguimiento de las fases de trámite en que está la prescripción y no existen plazos para las resoluciones.
El vicepresidente de Batas Blancas, Evaristo Varo, ha confirmado que la asociación está barajando la posibilidad de presentar una queja contra este comité ante la Comisión Deontológica de Colegios Médicos: "Pensamos que puede plantear un problema de índole deontológico que una prescripción realizada por especialistas de prestigio sea fiscalizada por otros profesionales que han sido nombrados por la Administración".
Además, Evaristo Varo, que fue presidente de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, ha considerado correcta la reacción ante los problemas surgidos con los nuevos tratamientos para la hepatitis C de la Organización Médica Colegial (OMC), pero ha aseverado que fue tardía: "La autorización, el precio y el registro es de marzo del 2014, ha pasado un año; la OMC tenía que haberse levantado mucho antes porque es un problema de salud pública".
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