6.000 pacientes están bajo vigilancia por la crisis de las prótesis caducadas

El Ministerio de Sanidad solo ha tenido noticia de un caso de daños al enfermo

ORIOL GÜELL Barcelona 12 MAY 2015 - 15:01 CEST

Puerta de la empresa Traiber precintada por la Guardia Civil. / JOSEP LLUÍS SELLART

La crisis de las prótesis caducadas de la empresa Traiber ha obligado a las comunidades autónomas a poner bajo vigilancia a casi 6.000 pacientes a los que que en la última década les ha sido implantado algún producto ortopédico de rodilla, cadera y columna vertebral de la compañía, según ha informado la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), Belén Crespo.

Crespo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: "Los problemas se concentran en los últimos meses de actividad de la empresa, en 2014, hasta la alerta sanitaria que lanzamos el pasado 7 de noviembre. Traiber contaba hasta poco antes con todos los permisos y licencias, por lo que la inmensa mayoría de los pacientes pueden estar seguros de que llevan prótesis de calidad", ha afirmado la directora de la AEMPS, que depende del Ministerio de Sanidad. Crespo ha destacado que por el momento "no ha habido notificación de reacciones adversas salvo un caso en Tarragona". Este incidente, ocurrido meses antes de la alerta, fue el detonante que llevó a trabajadores de Traiber a denunciar el caso.

Crespo ha admitido, sin embargo, que la cifra exacta de pacientes afectados no se conoce. "Las irregularidades de Traiber son muy graves. En los últimos meses de actividad, la empresa incumplió los procedimientos de calidad y trazabilidad que nos permitirían seguir el destino de todas sus prótesis", ha explicado. Esto ha obligado a las comunidades autónomas a avisar a todos los hospitales para que comprobaran si habían comprado productos a Traiber y, en este caso, revisaran los historiales médicos de los pacientes.

En la mayoría de los casos ha bastado con asegurarse que los enfermos habían sido sometidos a las revisiones programadas. En aquellos casos que esto no constaba, o que los productos hubieran sido implantados poco antes de la alerta, los pacientes han sido llamados a revisión en persona. Un número indeterminado de ellos ha tenido que ser operado por dudas sobre la calidad del material que les había sido implantado.

Casi la mitad de los pacientes bajo vigilancia, unos 2.800, se encuentran en Cataluña, según informó ayer la Generalitat. La Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia son otras de las comunidades en las que la compañía vendió más productos, según fuentes de la propia empresa, aunque el hecho de que Traiber trabajara con varios distribuidores hace que sus productos hayan podido llegar a toda España.

La AEMPS lanzó la alerta sanitaria tras recibir la denuncia de trabajadores de Traiber, ubicada en Reus (Tarragona), de que la empresa estaba vendiendo productos caducados, sin licencia y con los certificados falsificados. La Generalitat, que es la competente en materia de inspección, comprobó en pocos días la veracidad de la denuncia. Esto hizo que la AEMPS ordenara la retirada de todos los productos de Traiber de los hospitales españoles. Además, ante la gravedad de los hechos, remitió el caso a la Fiscalía. El Juzgado de Instrucción 3 de Reus investiga el caso, por el que ha sido imputado el dueño de Traiber, Lluís Márquez, acusado entre otros de un delito contra la salud pública.

En el caso también está imputada la primera teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis (CiU), y media docena de responsables del hospital municipal de la ciudad, el más afectado por la crisis con más de 1.500 pacientes implantados, 350 revisados y una veintena reoperados. Gomis ha sido imputada porque el juez instructor considera que participó en "las presiones" de altos cargos municipales sobre médicos del hospital Sant Joan para que volvieran a comprar en 2014 prótesis a Traiber. El centro había dejado de utilizarlos en 2011 precisamente porque dudaban de la calidad de sus productos.

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