Indemnizan las graves secuelas al separar la próstata de la vejiga

El seguro de una clínica ha aceptado pagar a un paciente una indemnización de 150.000 euros por las graves secuelas que le han quedado al separar la próstata de la vejiga. Los informes periciales evidencian la mala praxis del cuadro médico.

D. Carrasco. Madrid | 21/06/2017 13:21

Un acuerdo extrajudicial entre el seguro de una clínica y el paciente, que fue intervenido de próstata, ha finalizado con el pago de una indemnización de 150.000 euros por los daños y perjuicios sufridos. El cuadro médico reconoce, como apuntaban los informes periciales, la mala praxis tanto en la cirugía practicada como en el seguimiento posterior.

El reclamante, de 74 años de edad, acudió una clínica de Gerona para ser operado, por el Servicio de Urología, de una hiperplasia nodular benigna. Durante la intervención quirúrgica existió una falta de pericia, dado que el médico "desprendió" la próstata de la uretra membranosa (esfínter), separando la vejiga y la próstata. En el postoperatorio la lesión no fue advertida por el facultativo, a pesar del fuerte dolor y la imposibilidad para orinar. Se limitó a suministrar al paciente tratamiento analgésico sin realizar ninguna prueba diagnóstica (resonancia magnética) para saber el origen de la sintomatología. Días más tarde el cirujano le dio el alta hospitalaria.

A los tres días de recibir el alta hospitalaria, el paciente tuvo que ingresar en Urgencias de la clínica al producirse un escape de la orina y sangre por la herida del abdomen, lo que indicaba que existía algún tipo de obstrucción que impedía la salida normal de la orina por la vejiga, ya que la sutura quirúrgica había cedido y la orina había buscado la salida más fácil hacia la herida del abdomen.

En esta ocasión, el facultativo tampoco estudió el origen del problema y decidió colocar una sonda vesical, sin haber realizado con carácter previo una resonancia magnética para ver la obstrucción o bloqueo (separación entre la próstata y el esfínter dañada por el médico durante la intervención), lo que provocó que las maniobras de colocación de la sonda vesical dañaran la uretra bulbar. Se concedió nuevamente el alta al paciente sin haber solucionado el problema y sin explicarle la gravedad de las lesiones que se habían ocasionado durante sus ingresos.

El paciente tuvo que buscar otro centro hospitalario en Barcelona. En su ingresó se le realizó una TC de pelvis. El diagnóstico reveló la existencia de una separación entre la vejiga y la próstata de 6,5 centímetros así como una uretra dañada por las maniobras del postoperatorio. Ambos problemas no fueron nunca valorados ni estudiados ni solucionados por el urólogo que le intervino en Gerona y que requirieron la realización de una nueva intervención quirúrgica, que no pudo solucionar completamente el problema.

A consecuencia del defecto asistencial, el paciente padece graves secuelas tales como incontinencia urinaria total permanente, disfunción eréctil, perjuicio estético moderado, infecciones urinarias crónicas y un trastorno depresivo.

La defensa ha sido realizada por la abogada de los Servicios Jurídicos Verdun, Matilde G. Barrabés Ramírez, que también colabora con El Defensor del Paciente en Cataluña.