Avite critica la pensión de 56 euros mensuales pactada para los afectados por la talidomida

La Asociación de Afectados por la Talidomida (Avite) ha criticado que la partida de 20 millones pactada por Ciudadanos con el Gobierno en los PGE de 2018 es menor a la de otros países

El Médico Interactivo | 28 - marzo - 2018 2:50 pm

Tras la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018, la Asociación de Afectados por la Talidomida (Avite) se ha manifestado para expresar que la partida de 20 millones para financiar las compensaciones de estos afectados que Ciudadanos dice haber acordado con el Gobierno, es insuficiente. Esta afirmación se hace calculando que este presupuesto equivaldría a unos 56 euros de pensión al mes, lo que resulta inferior a las ayudas que han puesto en marcha otros países.

Tal y como informan desde Avite, en el documento con los principales acuerdos alcanzados por el partido de Albert Rivera, se incluía una partida específica para compensar a todas las víctimas afectadas por este fármaco, por lo que el partido celebraba que “las personas afectadas por la Talidomida por fin verán cumplidas sus reclamaciones y podrán tener justicia”.

Sin embargo, señala Avite, esta partida equivaldría a una media por afectado de 65.000 euros como pago único que, dividido en 82 años de media de vida de un español, sería el equivalente a 56 euros de pensión al mes.

Comparativa con otros países

Cabe recordar que la talidomida fue un fármaco utilizado en los años 50 y 60 para las náuseas durante el embarazo y que, posteriormente, se comprobó que causaba graves malformaciones fetales. Este supuso una grave crisis en la salud pública de muchos países.

Así, otros países europeos también tienen asignadas pensiones para los afectados, que como denuncia Avite son mucho mayores que las que se han acordado en España. Estas oscilan entre los 1.020 euros al mes de Suecia, los 3.153 de Italia o los 4.206 de Alemania. De hecho, su planteamiento inicial eran unas indemnizaciones de entre 200.000 y 700.000 euros y una pensión vitalicia de entre 600 y 6.000 euros, en función del grado de discapacidad de cada afectado.

En España, los afectados admiten estar dispuestos a percibir sus compensaciones de la forma que más le acomode a las instituciones, bien sea en pago único, o en pagos fraccionados, “para no suponer una importante carga sobre los presupuestos de un solo año”. Esta es la propuesta que se ha transmitido al Gobierno, y que como aportan desde la asociación “tenemos la callada por respuesta”.