Fertilización asistida en Buenos Aires - lanacion.com

Editorial II
Fertilización asistida en Buenos Aires
El apresuramiento por poner en vigor la normativa hace que lamentablemente queden puntos importantes sin explicar
Domingo 06 de febrero de 2011 | Publicado en edición impresa.


En los primeros días de enero comenzó a regir en la provincia la ley de fertilización asistida aprobada en diciembre último, que permitirá a las parejas que lo necesiten someterse a tratamientos para poder lograr un embarazo, de manera gratuita. La norma lo garantiza a los bonaerenses que tengan dos años de residencia como mínimo y crea el Consejo Médico Consultivo de Fertilidad Asistida, dentro del cual funcionará un comité de Bioética Interdisciplinario que aborde el tema y evalúe los casos excepcionales. Según el ministro de Salud provincial, Alejandro Collia, esta legislación busca "poner en un pie de igualdad, para quien no tiene capacidad de pago, el poder acceder a un tratamiento para lograr un embarazo".

Como lo informa la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo una de cada seis parejas tienen dificultades para la concepción natural, y sólo el seis por ciento puede acceder a un tratamiento adecuado por el alto costo que tiene. El ministro también anunció que, para 2011, la provincia destinará 100 millones de pesos a insumos, equipamiento, medicamentos y recursos humanos para cumplir con la normativa.

La oportunidad de la existencia de esta ley es indiscutible. Desde que se conoció su sanción, hubo 320 consultas en 15 días en los servicios ginecológicos de los cuatro hospitales habilitados para realizar las prácticas (San Martín, de La Plata; Penna, de Bahía Blanca; Güemes, de Haedo, y Oscar Alende, de Mar del Plata), y en la línea gratuita habilitada para consultas se atienden entre 60 y 80 llamadas por día.

Muchas de esas llamadas pertenecen a asociados a prepagas. El apresuramiento por poner en vigor la normativa ha contribuido a que queden puntos muy importantes sin explicar, que atañen directamente a la atención que deben brindar esas empresas. La ley obliga al Estado a cubrir los tratamientos contra la infertilidad a quienes no tienen obra social, y también exige al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), es decir, al instituto asistencial de los empleados públicos de la provincia, incorporar esta patología en su vademécum, e incluye a las firmas privadas de salud en la obligatoriedad. Los directivos de la cámara que reúne a las prepagas ya han manifestado su desacuerdo con la disposición. Cumplir con esta ley podría llevar a muchas de ellas a la quiebra, por los altos costos de los tratamientos.

Esta ley ha nacido con las mejores intenciones; sin embargo, quedan todavía firmes dudas de que el financiamiento se sostenga en el tiempo, además de las situaciones que puedan presentarse si las prepagas no logran afrontar los tratamientos gratuitos.

Es un tema demasiado delicado para muchos argentinos como para que la implementación de la ley sea tratada de manera superficial u oportunista. El gobierno provincial debe tomar las medidas del caso para lograr una reglamentación transparente y justa.

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