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El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Salud Pública y nombra a Carmen Amela nueva directora general en este ámbito

Redacción

El texto recoge la creación de la Red Española de Vigilancia en SP, de la que dependerá la Red Española de Laboratorios en SP, y señala la importancia de evitar intervenciones innecesarias o de eficacia no demostrada científicamente


Carmen Amela sustituye en el cargo a Ildefonso Hernández


Madrid (26/28-2-11).- El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el anteproyecto de Ley General de Salud Pública. Este anteproyecto, que se ha consensuado con las Comunidades Autónomas, quiere servir para reforzar las acciones preventivas y de promoción y protección de la salud de acuerdo con lo recogido en el artículo 43 de las Constitución (derecho a la protección de la salud), así como establecer las bases para las actuaciones de las distintas administraciones en salud pública.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha nombrado a Carmen Amela Heras nueva directora general Salud Pública y Sanidad Exterior, cargo en el que sustituye a Ildefonso Hernández.
Carmen Amela es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece a la Escala Técnica de Gestión de Servicios Autónomos.

Ha trabajado quince años como médico epidemiólogo en el campo de las enfermedades transmisibles y en vigilancia epidemiológica. Fue consejera técnica en el Plan Nacional sobre el Sida y directora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ha sido vocal asesora del Departamento de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de Crisis de Presidencia del Gobierno, y durante la pandemia de gripe de 2009 fue consultora de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la Organización Mundial de la Salud.

El derecho a la protección de la salud contenido en la Constitución española requiere de una norma que lo complete y especifique los derechos y deberes de los ciudadanos relacionados con la prevención, la promoción y la protección de la salud, pues hasta la fecha las estructuras sanitarias se han centrado más en la atención sanitaria y la resolución de enfermedades que en la prevención.

Por otro lado, es necesario adaptar los servicios y dispositivos de salud pública a los avances científicos y los problemas de salud que pueden producirse en los próximos decenios.

Además, se hace necesario coordinar la regulación sobre la materia que han ido desarrollando las CCAA. Unas ya han promulgando sus propias Leyes de Salud Pública (Valencia, Cataluña, Castilla y León o Baleares), mientras que otras se encuentran en elaboración (Andalucía o Extremadura).

La finalidad última de esta norma es alcanzar y mantener el máximo nivel de salud de la sociedad española estableciendo las bases generales para que las diferentes actuaciones que conforman la salud pública se presten con la mayor calidad, seguridad y eficiencia posibles.

De este modo, la norma se concreta en los siguientes objetivos: garantizar los derechos y deberes, tanto individuales como colectivos en SP; conseguir la consideración de la salud como efecto de otras políticas con la adecuada coordinación entre el sector salud y otros sectores; disminuir las desigualdades injustas en salud, sean territoriales, sociales, culturales o de género; y establecer los instrumentos necesarios para la correcta planificación y coordinación de la SP en España.

En el ámbito de los derechos y deberes, la norma recoge por primera vez (tanto en España como en otros países) la vigilancia de los condicionantes sociales de la salud. Asimismo, entre las obligaciones de las administraciones se especifica el deber de garantizar la independencia y la transparencia de sus actuaciones en salud pública.

Actuaciones

Con el fin de reforzar la coordinación de los sistemas de alerta, la norma establece la organización y funciones de los Sistemas de Información y de Vigilancia de la SP desde una perspectiva integral que recoja todos los condicionantes de la salud. De este modo, articula la Red Española de Vigilancia en SP de la que dependerá la Red Española de Laboratorios en SP, que permitirá disponer de las técnicas y procedimientos de máxima calidad para la detección y análisis de cualquier riesgo para la salud pública.

En materia de actuaciones de prevención, promoción y protección de la salud pone especial énfasis en la prevención de la discapacidad y en evitar intervenciones de salud pública innecesarias o de eficacia no demostrada científicamente con el objeto de evitar molestias innecesarias en los ciudadanos.

Otro de los avances que introduce el anteproyecto en la seguridad sanitaria es la inclusión de la evaluación del impacto en la salud humana de las diversas actuaciones públicas, lo que situará a España entre los países más avanzados en este ámbito.

Planificación y coordinación

Además de todo lo anterior, la ley contiene los elementos necesarios para la planificación y coordinación de la salud pública en España. En este sentido, se creará el Centro de análisis de políticas y actuaciones en salud pública, tiene como objetivo la realización de asesoramiento técnico en materia de salud pública y la evaluación de actuaciones de salud pública en el ámbito de la Administración General del Estado. Asimismo, llevará a cabo labores de asesoramiento técnico y científico y de evaluación de intervenciones de salud pública en el ámbito de otras administraciones, instituciones o entidades interesadas.

También se consolidará como órgano de coordinación la Comisión de Salud Pública, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para garantizar la cohesión y equidad de las actuaciones de salud pública y su integración en todas las políticas con impacto en salud.

Por último, también se creará el Consejo Español de Salud Pública como órgano colegiado de consulta y participación, adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el que estarán representados los departamentos de la Administración General del Estado cuyas políticas inciden en la salud y aquellas otras administraciones, organismos y organizaciones que aseguren una adecuada gobernanza del sistema.

En definitiva, la futura ley supondrá una mejora para el bienestar de la población y la sostenibilidad de los servicios sanitarios y sociales.

Programas sociales

El Gobierno ha aprobado a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la distribución de los créditos destinados a la cofinanciación de planes o programas sociales, aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales que se celebró el 27 de enero.

En total se van a distribuir casi 92 millones de euros (91.975.470 euros), que se destinarán a desarrollar la red de servicios sociales y Atención Primaria de los ayuntamientos (Plan Concertado); a programas de atención al pueblo gitano; al desarrollo del plan estatal del voluntariado; a programas dirigidos a la infancia: la lucha contra el maltrato infantil y medidas para menores infractores en medio abierto; y al plan de acción para personas con discapacidad.

El Plan Concertado está dotado con 86.633.150 euros para mantener y desarrollar la Red de servicios sociales de Atención Primaria, gestionada por las corporaciones locales.

En el Programa para la atención al pueblo gitano, se concede un crédito de 1.065.160 euros para proyectos de intervención social, de carácter integral, que promueven el desarrollo de este pueblo en todas las comunidades autónomas.

Por el Plan Estatal del Voluntariado, se destinan 150.000 euros para la realización del Decimocuarto Congreso Estatal. Esta cantidad se transferirá a la CCAA de Galicia como organizadora de dicho Congreso.

Dentro de los programas dirigidos a la infancia hay dos tipos: los programas contra el maltrato infantil, con un importe de 805.860 euros, que son programas experimentales y de investigación, no de intervención; y los programas de medidas para menores infractores en medio abierto, para los que se conceden 2.003.200 euros con el objetivo de facilitar la ejecución de las medidas distintas al internamiento para las sentencias dictadas por los jueces de menores, así como capacitar a los profesionales que trabajan con estos menores.

El Plan de Acción para Personas con Discapacidad cuenta con una dotación de 1.318.100 euros, con los que se cofinanciarán proyectos de intervención social para impulsar la autonomía de las personas con discapacidad.


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