Política y salud / El sistema que usan 4,5 millones de personas, en riesgo
Intentan aprobar la polémica ley que regula a las prepagas
El kirchnerismo impulsa el proyecto pedido por Moyano; fuerte rechazo de los prestadores privados
Lunes 25 de abril de 2011 | Publicado en edición impresa.
Laura Serra
LA NACION
Esta semana, la Cámara de Diputados se apresta a convertir en ley el proyecto que regula la medicina prepaga, una polémica iniciativa reclamada por la CGT de Hugo Moyano y resistida por las empresas del sector .
Según las compañías, de sancionarse la norma, que ya fue aprobada en el Senado con modificaciones, se pondrá en serio riesgo el futuro del servicio privado de salud que utilizan alrededor de 4,5 millones de afiliados.
"En la próxima sesión este tema se tratará sí o sí", anticipó a LA NACION el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, en sintonía con los deseos de la Casa Rosada y del propio Moyano, que le reclama al Gobierno medidas concretas para frenar la migración constante de los afiliados de las obras sociales sindicales a las empresas privadas de salud.
La Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara baja se reunirá mañana para obtener dictamen del proyecto, con el propósito de que sea tratado en el recinto durante la próxima sesión.
La sanción de esta iniciativa constituiría un primer paso en ese sentido, ya que se imponen severas regulaciones que, según las fuentes del sector, provocarán la quiebra de las empresas privadas prestadoras del seguro de salud .
Desde el sindicalismo, por el contrario, se alienta la rápida aprobación de la ley . "Hace cuatro años que en el Congreso está dando vueltas la reglamentación de las prepagas de salud, que tienen privilegios excepcionales en sus prestaciones. Nosotros queremos discutir la totalidad de la salud", enfatizó el diputado Omar Plaini, uno de los hombres más allegados a Moyano. Las empresas intentaron, hasta ahora en vano, disuadir a los legisladores de no avanzar con la norma, pero no encontraron eco siquiera en las fuerzas opositoras; la mayoría acompañará la iniciativa por considerar imperativa la instrumentación de un marco normativo para un régimen que hoy carece de regulaciones. Sin embargo, la UCR y el Peronismo Federal admiten que será necesario impulsar a posteriori una "ley correctiva" para evitar el colapso del sistema.
Entre los párrafos más controvertidos del proyecto, figura un artículo que propicia que los contratos entre las prepagas y los usuarios no incluyan períodos de carencia o espera para cualquiera de las prestaciones que figuren en el Programa Médico Obligatorio. También consigna que las enfermedades preexistentes no puedan ser utilizadas como criterio para no admitir a un usuario y que el Ministerio de Salud sea el que fije los valores diferenciales que deberán pagar quienes presenten esa clase de enfermedades.
De acuerdo con los empresarios, estas reformas provocará en el futuro cercano un deterioro en las prestaciones, que podría poner en riesgo el futuro del sistema. El nuevo régimen establece, además, lo siguiente:
Obliga a las empresas de medicina prepaga a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.
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Las prestaciones de las empresas de medicina prepaga no podrán ser inferiores al PMO de las obras sociales sindicales.
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Los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el Ministerio de Salud, además de que los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna.
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La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión.
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Las empresas no pueden rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes.
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A los mayores de 65 años con al menos diez años de antigüedad en la cobertura no se les puede aumentar la cuota.
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Se impondrían mecanismos para que desde el Gobierno se autorice o no el aumento de las cuotas.
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El proyecto en cuestión se gestó en la Cámara de Diputados y, durante su debate en el Senado, se incorporaron algunas modificaciones, que serán aceptadas por la cámara originaria.
Los cambios establecen que el órgano de aplicación sea el Ministerio de la Salud, en lugar de la Secretaría de Comercio; se excluyó a mutuales y cooperativas, que ya están reguladas por otro régimen, y se eliminó el artículo 22 que inmovilizaba el 50 por ciento del capital de las empresas en concepto de "reserva técnica" para dedicarlo a instrumentos financieros.
Durante el debate en la Cámara alta, hubo un amplio consenso sobre la necesidad de regular la actividad, pero se produjeron fuertes disidencias en varios artículos. El oficialismo se aferró a un pedido del ministro de Salud, Juan Manzur, para eliminar de los alcances del proyecto a los servicios de medicina prepaga prestados por obras sociales (como OSDE) y por cooperativas y mutuales, ya que estarían alcanzados por otras leyes. "No es cierto que estén regulados por otras leyes. Si queremos garantizar el derecho a la salud y proteger a los usuarios de estos sistemas, tienen que estar todos incluidos", dijo la peronista disidente Sonia Escudero (Salta).
AMAS DE CASA, LA SEMANA PRÓXIMA
El Senado retomará sus sesiones recién la semana próxima. La idea es llevar al recinto el estatuto para el personal doméstico, iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo. El texto que aprobó Diputados sufrirá modificaciones, por lo que regresará en segunda revisión a la Cámara baja.
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Opinión
La deuda con las obras sociales, ¿crisis u oportunidad?
Federico Tobar y Sofia Olaviaga
Para LA NACION
Lunes 25 de abril de 2011 | Publicado en edición impresa.
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Una leyenda oriental cuenta que para encontrar el consorte de su hija, el rey de Ceilán convocó un certamen. Ninguno de los postulantes superó las difíciles pruebas que se les requirieron. Pero en su intento consiguieron logros aun mayores. Algo similar podría ocurrir con la disputa por el destino de casi $ 9000 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que la CGT le reclama al gobierno nacional.
Aunque es difícil que lleguen a un acuerdo sobre su pago y distribución, el intento puede ser una oportunidad para constituir un seguro nacional de enfermedades catastróficas que beneficie a todos los argentinos y, en particular, a las obras sociales.
Las obras sociales nacionales (OSN) enfrentan hoy una crisis de legitimidad y de racionalidad. La primera se registra en su exposición mediática. Brindan a la mitad de los argentinos una cobertura de salud más amplia (en términos de prestaciones) y accesible (en términos de copagos y cantidad de prestadores) que la lograda por la seguridad social en todo el continente. Sin embargo, su imagen suele estar vinculada a una cuestionada transparencia en el manejo de los fondos, así como a las malversaciones de subsidios por medicamentos de alto costo, relacionados con la denominada "mafia de los medicamentos".
Además, existe una crisis de racionalidad porque las OSN enfrentan cotidianamente la "judicialización" de la cobertura, que las obliga a cubrir prestaciones de alto costo no incluidas en el Programa Médico Obligatorio. De no tomarse medidas, estos fallos llegarán a desequilibrar las finanzas aun de la obra social más prolija.
La Administración de Prestaciones Especiales (APE) fue creada para resolver este problema y "asegurar a todos los beneficiarios del Sistema del Seguro de Salud el acceso a prestaciones de alto impacto económico, administrando en forma equitativa y justa los fondos provenientes del aporte solidario de las obras sociales". Lo cierto es que se ha apartado de su misión y destina menos de la mitad de su presupuesto a este fin. Además, las prestaciones más costosas no están reglamentadas y son reembolsadas a las OSN por vía de excepción. Por último, los subsidios no se otorgan de forma automática y algunas obras sociales -como la de camioneros- fueron más beneficiadas que otras.
Existen pocas enfermedades que registran pocos casos, pero requieren tratamientos muy costosos. Se las denomina "catastróficas" por su impacto económico para quienes las padecen y financian. En la Argentina se estima que el 6% de los hogares (2,4 millones de personas) tiene gastos en salud que superan el 35% de sus ingresos.
Para acabar con este problema es necesario implantar un seguro universal que garantice a todos los argentinos el acceso oportuno y equitativo a los cuidados adecuados frente a las enfermedades catastróficas, lo que incluye la provisión gratuita de los medicamentos de alto costo. Los productos tendrían un solo comprador estatal que los obtendría a precios hasta un 80% menor, mediante licitaciones internacionales. Las enfermedades se tratarían según protocolos a los que médicos e instituciones deberían ajustarse.
Los recursos del APE resultarían suficientes para conformar el seguro y parte del monto adeudado del FSR permitiría constituir una reserva que aumentaría su solidez. Para las obras sociales, constituiría una ventaja porque las eximiría de cubrir las enfermedades catastróficas, lo que reduciría mucho su costo prestacional y sus riesgos financieros. Las prepagas también podrían ingresar con un pago mensual por afiliado, tal como sucede en Uruguay, donde ya se implementó este seguro. El gobierno nacional, por su parte, podría aportar subsidios capitados para cubrir a quienes no tienen obra social ni prepaga.
La actual tensión entre el Gobierno y las obras sociales puede encontrar una solución superadora que beneficie a todos y permita que, frente a una misma enfermedad, todos los ciudadanos reciban cuidados adecuados y de similar calidad.
Los autores son miembros del Programa de Salud del Cippec
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Para las empresas, afecta a los clientes
Los empresarios sostienen que si se aprobara el proyecto, el sistema se convertiría en inviable
Lunes 25 de abril de 2011 | Publicado en edición impresa.
Silvia Stang
LA NACION
La obligación de aceptar como afiliadas a personas afectadas por alguna enfermedad, incluyendo las que tienen tratamientos de muy alto costo, sin posibilidad de imponer ningún período de carencia (falta temporaria de cobertura) y sin que se contemple cómo se financiarían esas prestaciones, es el punto del proyecto de ley de medicina prepaga más resistido por los empresarios del sector.
Por lo general, los directivos afirman que no rechazan que una ley regule la actividad, pero sin medias tintas varios advirtieron que si lo que se aprobara fuera el proyecto que está en el Congreso el sistema se volvería inviable.
Hoy por hoy, la actividad no está regulada, salvo por la exigencia impuesta a las empresas y entidades de salud respecto de las prestaciones a cubrir: deben garantizar a sus afiliados el Plan Médico Obligatorio (PMO), el mismo que rige para el sistema de obras sociales.
En cuanto a las cuotas, y más allá de que por decisiones políticas el gobierno nacional intentó frenar en los últimos años algunas de las subas, es un tema hoy sin marco normativo.
En los últimos tiempos se produjeron incrementos por arriba del 20% anual promedio, con el argumento de las alzas salariales del sector y del incremento tanto del costo de las tecnologías y tratamientos como de los precios de los bienes y servicios involucrados en los planes.
Las nuevas exigencias que pretende el proyecto -que incluyen la imposibilidad de que la edad de una persona sea causa de rechazo a su afiliación y restricciones para subir las cuotas por esa razón (la edad)- llevaron a más de un directivo a advertir que, de aprobarse la norma, se dejarían de vender planes de salud.
Las razones
El argumento es que una ley podría decirles que no pueden rechazar a nadie, pero no podría obligarlas a seguir vendiendo dentro de un esquema en el que, según sus argumentos y dadas las erogaciones que podría significar la entrada de personas demandantes de tratamientos, se terminará perjudicando a quienes hoy están afiliados.
Más allá de la percepción de que no existe racionalidad en los planteos de la norma, desde las prepagas constituidas como empresas comerciales se cuestiona la discriminación en cuanto a qué entidades quedarán alcanzadas. El artículo 1° de la norma excluye de las obligaciones a cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones y a las obras sociales sindicales que vendan planes por fuera del sistema de la seguridad social.
El presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, en declaraciones hechas meses atrás a LA NACION, consideró que sería inconstitucional esa diferenciación, que permitiría que las entidades sin fines de lucro (los hospitales de colectividad, por ejemplo) sí puedan establecer períodos de carencia para enfermedades preexistentes, rechazar afiliados y aumentar las cuotas sin autorización del Gobierno.
Según Belocopitt, la raíz del tema está en que en el debate se le está dando un lugar equivocado al sector privado. "La garantía constitucional del servicio de salud la debe dar el Estado, mientras que la prepaga debería ser una alternativa; esta ley está hecha como si la responsabilidad de la salud fuera primariamente de las prepagas", se quejó el año pasado, apenas comenzó el debate legislativo.
En las principales compañías de medicina prepaga (además de Swiss Medical están Galeno, Medicus, Omint y Mapfre, entre otras) la mayor parte de los afiliados son en rigor asalariados, por los que existen acuerdos entre las compañías de salud y el empleador.
En este caso, parte o todo el precio se paga con los aportes salariales y las contribuciones patronales del sistema de la seguridad social, derivados a una obra social que, a su vez, tiene un convenio con la prepaga en cuestión.
Estos contratos, en principio, no tendrían modificaciones por la ley en estudio. Sin embargo, desde las prepagas advierten que si la norma lleva a encarecer los contratos, las empresas dejarían de tomar este tipo de planes en forma masiva para sus empleados.
EN VOZ ALTA
"Estamos convencidos de que, en la próxima sesión, el proyecto de ley sobre la regulación de las empresas de medicina prepaga se tratará sí o sí"
Agustín Rossi
Diputado Nacional FPV
"Hace rato que está dando vueltas la reglamentación de la prepagas, que tienen privilegios excepcionales en sus prestaciones"
Omar Plaini
Diputado Nacional FPV
Para las empresas, afecta a los clientes - lanacion.com
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