Primer pacto europeo para perseguir el tráfico de órganos como delito

El tratado, con 14 países firmantes, pone el foco en intermediarios y sanitarios

España se compromete a cambiar el Código Penal

Un hígado por 130.000 euros

SONIA VIZOSO Santiago de Compostela 25 MAR 2015 - 19:29 CET

Carlos Romeo-Casabona, uno de los redactores del tratado. / OSCAR CORRAL

El tráfico internacional de órganos ha pasado de ser una leyenda urbana para las autoridades europeas a convertirse en una negra realidad merecedora de penas de cárcel. Catorce países del continente, entre ellos España, firmaron ayer en Santiago de Compostela el primer tratado internacional para tipificar esta práctica como delito, un convenio que pretende derribar barreras burocráticas para su persecución internacional y que pone bajo el foco de la justicia a los intermediarios en la compraventa, al personal sanitario que participa en los trasplantes e incluso a los receptores de los órganos, sobre todo cuando no se trata de una cuestión de vida o muerte. Entre los firmantes del Convenio contra el Tráfico de Órganos del Consejo de Europa a los que este puede traer más cambios están Albania y Moldavia, dos Estados en los que hay “constancia” de casos de ciudadanos que donan sus órganos a cambio de dinero a enfermos de otros territorios, explican los redactores del documento, que ha precisado dos años de negociaciones.

“Siempre ha habido sospechas pero ahora ya se empiezan a ver en Asia fotos de personas que enseñan sus cicatrices”, explica Carlos Romeo-Casabona, representante del Gobierno español en el comité de redacción del tratado. “Ya hay certeza de que el tráfico de órganos es una realidad y este convenio es un golpe encima de la mesa para decir que esto se acabó”. En España, explica el también catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Deusto, la reforma del Código Penal a la que compromete el convenio permitirá actuar contra los nacionales que en el futuro compren órganos en el extranjero, aunque en estos territorios sea legal. Fue lo que hizo Óscar Garay, quien en 2010 relató en EL PAÍS su viaje a China para hacerse con un hígado a cambio de 130.000 euros, pues en España no cumplía los requisitos para entrar siquiera en la lista de espera.

Para Romeo-Casabona, donante y receptor son víctimas del negocio de los trasplantes clandestinos que la Organización Mundial de la Salud cifra en 10.000 al año, aunque plantea excepciones. Quien vende un órgano por necesidades económicas no debe ser perseguido, señala, ni tampoco el comprador al que le quedan tres semanas de vida: “Otra cosa es que se mate a una persona para salvar a otra o que el receptor tenga que esperar un año por un riñón [por la vía legal] y no quiera”.

Pocos son ahora los países del mundo en los que la compraventa de órganos vitales es delito. El convenio promovido por el Consejo de Europa, a cuya firma asistieron ayer los ministros españoles de Justicia y Sanidad —Rafael Catalá y Alfonso Alonso—, considera ilegal la extracción de órganos “sin el consentimiento libre, informado y específico del donante” o cuando se ofrece un “beneficio económico o una ventaja comparable” a esa persona o a un tercero. Y tipifica también como delito el “uso” de esos órganos, su “implantación”, su traslado, su preparación, su almacenamiento y el simple “ofrecimiento” del dinero. Las personas jurídicas también serán responsables y se perseguirá incluso la “complicidad” y la “tentativa”. Países como Rusia, Armenia y Kosovo en los que se han acreditado extracciones clandestinas aún no se han adherido.

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