El Gobierno aprueba el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios

Madrid (25-27/07/2015) - Redacción/E.P.

• Este viernes en Consejo de Ministros

• El objetivo es dotar de una mayor seguridad jurídica a una regulación caracterizada por una continua sucesión de normas que modifican la Ley 29/2006 con la aprobación de un texto único

El Gobierno aprobado este viernes en Consejo de Ministros el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, tras las diferentes modificaciones que ha ido sufriendo tras su aprobación en 2006. Desde entonces, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo, ha sufrido un total de 12 modificaciones normativas, de ahí que el texto refundido pretenda "dar seguridad jurídica y evitar la dispersión normativa".

La nueva ley, que tiene como objetivo armonizar y aclarar estas modificaciones, se ha ajustado a la ubicación y numeración de los artículos y ha homogeneizado la terminología empleada en las normas que se han ido desarrollando desde 2006.

Los principales cambios han ido dirigidos a mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), garantizar su sostenibilidad, además de otras relacionadas con la farmacovigilancia y la prevención de la entrada de medicamentos falsificados.

Modificaciones

El primer cambio que sufrió la ley fue en 2009, a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y la Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

En 2010 se aprobaron la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.

También se aprobaron ese mismo año los reales decretos-ley 4/2010, del 26 de marzo, y 8/2010, del 20 de mayo, centrados en reducir de forma inmediata el gasto farmacéutico y contribuir con ello a la disminución del déficit español y a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En 2011 se modificó a través de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; y mediante el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.

Los últimos cambios, ya durante la actual legislatura, se han producido a través del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social; y la Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.