Posted: 12 Nov 2015 05:04 AM PST
Eleonora Lamm, subsecretaria de Derechos Humanos y Directora de Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza analizó en “Tan Gente” el debate que ronda la temática. Explicó que la ley penal preventiva o intimidatoria no se cumple porque la mujer que decide no continuar un embarazo que no buscó, aborta igual. La importancia de que se denuncie a los hospitales que no respeten el derecho en los casos que no pena la ley vigente y la necesidad de que se ordene a los médicos objetores de conciencia.
El tema del aborto volvió a instalarse en la agenda mendocina luego de la presentación en la Legislatura, a cargo de la senadora Noelia Barbeito (FIT), de un nuevo proyecto para que la provincia respete y aplique la guía técnica para la interrupción legal del embarazo. La letra deberá atravesar las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Género; y Salud. En tanto, los medios hegemónicos locales toman la iniciativa más como una información de mercado que para referirse a los derechos humanos de las mujeres. Así lo demostró el programa de Canal 7 donde el lunes a la noche se presentó el debate entre políticas y activistas del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con referentes de la Iglesia Católica y de la medicina, estos últimos desde una marcada perspectiva opositora a la propuesta.Aun así, Eleonora Lamm, que además es investigadoras del Conicet e integró aquel debate televisado, al inicio de la entrevista con “Tan Gente” celebró la discusión porque entiende la importancia de que se hable de la realidad de las mujeres públicamente, ya que es una de las formas en que también se revela la hipocresía que ronda la temática.
La funcionaria recordó que en Argentina el aborto no punible está habilitado y legislado por el Código Penal desde 1921. Es decir, que desde hace casi un siglo en nuestro país las mujeres y los médicos pueden interrumpir una gestación cuando se encuentre en riesgo la salud de la paciente, y en casos de embarazo producidos por violaciones. En 2012, el fallo (FAL) de la Corte Suprema ratificó el último punto, al aclarar que la no punibilidad en casos de abortos por violación rige para todas las mujeres, no solo sobre las víctimas “idiotas o dementes” del abuso, un problema de interpretación de la letra que se presentaba hasta ese momento.
Lamm explicó que más allá de la medida nacional que data de 2010 de protocololizar la atención sanitaria en el sistema público de salud de los abortos en situaciones contempladas por la legislación vigente, el fallo supremo exhortó la adhesión de todas las provincias a la guía. Algo que en gran parte del país aún no ocurre, tal es la situación de Mendoza.
“El aborto es una realidad. Todas las mujeres que deciden no continuar un embarazo abortan y se ven obligadas a acudir a la clandestinidad, en condiciones de desigualdad social”, expresó. En este sentido se refirió a la necesidad de informar a la ciudadanía “sin prejuicios y sin fundamentalismos”.
Para la subdirectora de Derechos Humanos se trata de un planteo de salud pública “porque afecta a la vida de las mujeres”. En comunicación con los periodistas Silvia Fernández y Sergio Imazio citó como dato que aproximadamente el 80 por ciento de la ciudadanía está a favor de la legalización del aborto, por lo que ciertos debates fundados en lo religioso se tornan “estériles”.
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Señaló que lo que realmente previene los embarazos no deseados es la educación sexual integral y el real acceso a los derechos reproductivos.
“El permitir o no permitir el acceso al sistema de salud, cambia el número de abortos seguros o inseguros. Por eso no necesitamos protocolos para aplicar la ley”, añadió. También sostuvo que las obstaculizaciones a este derecho surgen de un grupo de poder que no es menor y tiene posición privilegiada, como la Iglesia, ciertos medios de comunicación y políticos que legislan para las audiencias.
“A mí me violan mi libertad de conciencia cuando me imponen sus principios religiosos”, expresó en tanto agnóstica al momento de fundamentar su postura.
“Con el protocolo nacional ya no necesitamos una ley. Tenemos una guía que protocoliza la actuación de quiénes intervienen en la interrupción de un embarazo. No necesitamos ni adherir ni crear nuevas leyes, ya tenemos una guía que sigue parámetros de la OMS y de organismos internacionales de derechos humanos”, expresó Lamm.
Dijo que las declaraciones juradas que las mujeres que solicitan la practican están obligadas a acreditar para justificar que fueron violadas, también avasalla sus derechos. Lo mismo que los médicos que objetan conciencia. Al respecto remarcó la necesidad de que se ordene a estos profesionales, para que el derecho se aplique. Finalmente explicó que la negación en los hospitales públicos de salud a realizar un aborto enmarcado en la legislación actual es un delito que debe denunciarse.
Fuente: Radio Nacional Mendoza
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