El sector sociosanitario catalán arrastra una deuda de 380 millones de euros mensuales
Las entidades sociosanitarias y farmacéuticas de Catalunya se han unido de urgencia esta mañana para presentar un manifiesto conjunto en el que piden a las administraciones un pago inmediato de la deuda acumulada, que supera los 2.000 millones de euros, y alertan del riesgo que esto supone para la salud de los ciudadanos.
PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), la Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR) y la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) se han reunido por primera vez de forma conjunta para reclamar a las administraciones la aplicación de medidas urgentes para solucionar la grave situación que está sufriendo el sector sanitario y farmacéutico ante los reiterados impagos.
El presidente de PIMEC, Josep González, ha hecho un llamamiento a las administraciones para que busquen soluciones definitivas o que reduzcan el problema que se tiene ahora. “La situación es más grave que en otras ocasiones, lo que comporta dificultades en el funcionamiento del día a día, en la relación con los proveedores y sobre todo con los ciudadanos, los principales perjudicados de esta situación”.
La presidenta de la Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que las entidades sociosantiarias catalanas tienen “una deuda acumulada del 33% de la facturación del mes de junio y el 100% de la facturación de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Es decir, hace más de cuatro meses que están prestando servicios sanitarios a la ciudadanía pagando a sus trabajadores, a sus proveedores, a la seguridad social y al resto de impuestos. Esto se traduce en una deuda mensual de 380 millones de euros, una situación que afecta a 60.000 trabajadores del convenio SISCAT”.
Por su parte, Vicente Botella, presidente de UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes Residències), ha subrayado la importancia del sector de la dependencia “como la cuarta pierna del bienestar de la sociedad”. Asimismo, ha reiterado que “el sector social es un sector no financiero, que cuida y atiende a los ciudadanos más frágiles y con más necesidades, los dependientes”. Otro sector afectado por los impagos es el de la ortopedia. El máximo responsable de FETOR,Santiago Maza, ha recordado las manifestaciones que hicieron el pasado 5 de octubre “con el objetivo de protestar contra los recortes a las prestaciones de productos ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad, que afecta a los usuarios y pone en peligro la viabilidad económica de los centros dispensadores, complicando enormemente la prescripción”.
Antoni Cañete, secretario general de PIMEC y presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), ha destacado que “tanto la directiva europea como la ley española obligan a pagar a 30 días en el ámbito público y, por tanto, es difícil explicar que los plazos de pagos se estén empeorando, en un momento en el que las recaudaciones de impuestos han subido. No se puede jugar con un derecho básico como la salud”. El mismo Cañete ha leído algunas de las medidas urgentes que reclama el sector sociosanitario y farmacéutico catalán como la llegada inmediata del FLA extraordinario para afrontar la deuda acumulada y las obligaciones a terceros así como la determinación de un calendario de liquidación para la deuda restante. Asimismo, exigen que se cumplan los plazos de pago que determina la ley y los conciertos y que se implante un nuevo sistema de financiación que evite la situación de asfixia de los centros hospitalarios y las farmacias.
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