La FNCP muestra su malestar por los impagos a los centros privados por parte del CatSalut

Barcelona (13/11/2015) - Redacción

• La Federación Nacional de Clínicas Privadas advierte del peligro de anteponer intereses políticos y económicos a la Salud; considera "inaceptable que se utilicen servicios esenciales y constitucionalmente protegidos, como es el derecho a la salud, como moneda de cambio en situaciones conflictivas"

• Las entidades de salud catalanas tienen actualmente una deuda acumulada del 33 por ciento de la facturación de junio, más el cien por cien de la facturación de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre

La Federación Nacional de Clínicas Privadas ha mostrado su malestar ante la situación generada por los impagos a los centros sanitarios privados por parte del CatSalut. Para la FNCP es inaceptable que se utilicen servicios esenciales y constitucionalmente protegidos, como es el derecho a la salud, como moneda de cambio en situaciones conflictivas, tanto políticas como económicas.

Las entidades de salud catalanas tienen a fecha de hoy una deuda acumulada del 33 por ciento de la facturación de junio, más el cien por cien de la facturación de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, con lo que llevan cuatro meses prestando servicios sanitarios, pagando a sus trabajadores, la seguridad social, aplazando pagos a proveedores y todo ello, sin cobrar. Situación crítica que ha llevado al agotamiento de sus tesorerías y de las líneas de crédito, de las que en su caso pudieran disponer, encontrándose a fecha de hoy sin solución de continuidad, explica la FNCP en un comunicado.

La Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), la asociación territorial de la FNCP que representa a la Sanidad privada de Cataluña, mantuvo una reunión con los representantes de los Hospitales, Clínicas y Servicios Sanitarios privados que tienen suscritos contratos con el CatSalut, que manifestaron la imposibilidad de hacer frente al pago de las nóminas de este mes de noviembre y, en consecuencia, también a sus proveedores, que no dejan de tener también que pagar sus nóminas.

A mayor abundamiento, cabe destacar que esta situación afecta a los 60.000 trabajadores que están en el Convenio SISCAT, que se firmó con un incremento de tarifa del 3'6 por ciento con efectos a 1 de mayo de 2015 y que las entidades que representamos están pagando a sus trabajadores con recursos propios.

Cristina Contel, presidenta de la FNCP y también de ACES, que ya venía alertando de la grave y peligrosa deriva de los impagos que se iban acumulando, ha puesto de manifiesto que "debemos encontrar entre todos una salida urgente a esta situación insostenible que se ha convertido en una carga de profundidad que atenta directamente a los principios rectores más básicos y esenciales de todo estado de derecho".

Además, ha resaltado que "hay derechos fundamentales, como el de la salud, que están y así deben tratarse, por encima de posicionamientos y contenciosos políticos y económicos, pues los valores que preservan son inherentes a la ciudadanía".

El artículo 43 de la Constitución Española, en su Título I de Derechos y Deberes Fundamentales, establece que "Se reconoce el derecho a la protección de la salud", añadiendo "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios", reconociendo éste derecho como uno de los principios rectores de la política social y económica de nuestro país.

Decisiones valientes

Para la FNCP, situaciones como esta requieren decisiones urgentes y valientes, que, para evitar que vuelvan a repetirse, deberían enmarcarse en un Pacto Nacional de Salud que trascienda las voluntades e intereses políticos, dando estabilidad y seguridad jurídica a los agentes de sectores que como el de la salud, que circunscriben su razón de ser en un servicio público que constituye un derecho fundamental.