La financiación de tratamientos antitabaco, residual tras la crisis

Tres autonomías reembolsaban los tratamientos a la población y nueve a ciertos colectivos antes de la crisis. Sólo permanecen en pie experiencias en Cataluña, La Rioja, Andalucía y Canarias.

L. G. I./J. A. P. | laura.gutierrez@diariomedico.com | 21/03/2016 00:00

Hace tan sólo unos días que el consejero de Madrid, Jesús Sánchez Martos, anunció que su región estudiaría la posibilidad de financiar las terapias antitabaco, fundamentalmente para pacientes con EPOC. Parecía una respuesta clara al estudio publicado días antes por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), que concluía que financiar estas terapias traería ahorros autonómicos cercanos a los 4 millones en cinco años.

Madrid se replantea volver a financiar las terapias para pacientes con EPOC tras el informe de Separ que cifra en 4 millones el ahorro en cinco años que esto generaría

Todas las autonomías consultadas por DM parecen proclives a la financiación de estos tratamientos, siempre y cuando este reembolso sea fruto de una decisión conjunta en todo el SNS. Y es que las experiencias de financiación para el conjunto de la población y para colectivos concretos (profesorado, profesionales sanitarios, etc.) que han llevado a cabo las autonomías de forma particular en la última década se toparon de bruces con recortes presupuestarios que forzaron su paralización.

La OMS: datos por CCAA
Antes de la primera oleada de recortes, en 2012, en el informe remitido por España a la OMS, se constató que Navarra, La Rioja y Ceuta financiaban por completo estas terapias. Otras nueve autonomías (Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y Canarias) ofrecían una financiación parcial a determinados colectivos.

Concretamente, en Madrid se financiaban terapias para pacientes con EPOC, infartados, fumadores con dislipemias y embarazadas. En Cataluña, profesionales modélicos (docentes, funcionarios y sanitarios), pacientes con patología crónica agravada, población desfavorecida y centros penitenciarios.

En Andalucía la financiación era para profesionales modélicos. Murcia la implantó para su población general en tres de las nueve áreas sanitarias. En Castilla-La Mancha se destinó también a profesionales modélicos. En Asturias se pagaba el 50 por ciento del coste a quienes habían realizado tres intentos fallidos de abandonar el tabaco, y a pacientes con patologías susceptibles de agravarse por el consumo.

Varias autonomías se muestran proclives a la financiación de las terapias antitabaco, en línea con las sociedades científicas, pero si se adopta con carácter nacional

Cantabria se decantó por financiarla sólo para los pacientes hospitalizados. Melilla, por población general pero con un tope de 60 tratamientos al año. Y Canarias, por financiar el 50 por ciento del coste del tratamiento alternando el pago de un envase por parte del paciente y otro por la Administración.

Lo que queda
De todas esas experiencias hoy apenas quedan ejemplos simbólicos, fruto de los recortes acometidos por la crisis y de la reforma legal que impide a las autonomías ampliar su cartera de servicios más allá de la nacional si han incurrido en déficit presupuestario.

Así lo constatan el grueso de autonomías consultadas por DM que, con todo, apuestan por la necesidad de financiar estas terapias si hay acuerdo nacional.

Desde Navarra, la autonomía que ha financiado los tratamientos para población general por más tiempo, se explica que "actualmente ya no se financian". Desde 1997 hasta 2003 se financió el 33 por ciento del coste de las terapias sustitutivas. En 2003, Navarra amplió el reembolso al 60 por ciento (cien por cien de coste para los pensionistas) y añadió a la financiación el bupropion. Pero en 2012, "por la situación de contención del gasto público, hubo medidas financiadas que, por no ser prioritarias, no tuvieron dotación presupuestaria", explica la propia consejería.

Pese a esa retirada de la financiación en 2012, Navarra afirma que "sería adecuado financiarlas, por lo menos entre los grupos con más dificultades, menos recursos y mayor prevalencia. Casi un tercio de las diferencias en las tasas de mortalidad entre ricos y pobres se deben a diferencias en el tabaquismo".
En el caso de Canarias, el Programa de Atención al Fumador arrancó en 2014 y sigue activo. Prioriza a pacientes con factores de riesgo cardiovascular, respiratorio y tumoral y financia la mitad de los envases necesarios para cada usuario. Hasta la fecha se han acogido al programa 2.670 pacientes.

Algunas comunidades como Castilla-La Mancha consideran que existen todavía otras prioridades más urgentes que el reembolso de las terapias antitabaco

Extremadura reconoce no financiar actualmente estas terapias "en ningún caso", pese a que afirma creer necesaria su financiación con carácter nacional.

Castilla y León, que no ha financiado estas terapias, se decanta por la misma opción y afirma que, "para mejorar la equidad y el acceso a los tratamientos en el SNS, habría que modificar la norma [el decreto nacional que sitúa a los fármacos antitabaco entre los excluidos de financiación], sometiendo posteriormente los medicamentos afectados al régimen de fijación de precios correspondiente".

Igual de firme se muestra La Rioja, que defiende que "los tratamientos farmacológicos de primera elección del tabaquismo sean financiados. Entendemos que esta financiación debe contar con el concurso de diversos actores al evaluar su coste-efectividad y su financiación, de producirse, se debe asumir de forma cohesionada en todo el SNS". La opinión de La Rioja tiene más valor si se tiene en cuenta que fue una de las autonomías que los financió con carácter global para la población entre 2007 y 2012 y que dejó de hacerlo, según explica, no tanto por cuestiones presupuestarias como porque la medida adoptada técnicamente no era adecuada, "ya que la evaluación mostró que su logística era mejorable".

En Cataluña se detalla que la financiación de tratamientos es una "línea de actuación consolidada desde 2006 y se mantiene en la actualidad, aunque ha ido variando la prioridad con respecto a la selección de poblaciones para las que se prioriza. Así, hasta los años 2012-2013 se incluyó entre las prioridades el tratamiento de cesación de profesionales sanitarios, por su papel ejemplar. Al margen de los profesionales sanitarios, se mantiene la prioridad en el acceso gratuito al tratamiento farmacológico en el caso de las mujeres gestantes, las personas que residen en barrios caracterizados por un bajo nivel socioeconómico y algunos colectivos de pacientes con trastornos crónicos que tradicionalmente han recibido menos apoyo para dejar de fumar (personas con EPOC, trastornos mentales, etc.). Se han financiado ya más de 15.000 tratamientos.

Con todo, desde Cataluña se añade que "la financiación desde el Sistema Nacional de Salud de los fármacos de efectividad demostrada en la cesación tabáquica, en las mismas condiciones en que son financiados otros medicamentos, contribuiría a disminuir barreras en el acceso al tratamiento para dejar de fumar".
Por el contrario, otrascomunidades autónomas como el País Vasco, Comunidad Valenciana,Aragón y Baleares no tienen experiencias de financiación de estas terapias y desde Castilla-La Mancha, que tampoco las financia se afirma sobre la posibilidad de su reembolso que "hay otras prioridades antes".