El Gobierno valenciano ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión del último Consejo de Ministros de que sea la Comunidad Valenciana quien pague la
multa de 18,93 millones de euros impuesta por la Comisión Europea por la manipulación de los datos del déficit durante varios años, en gran medida basada en el falseamiento de los datos de gasto sanitario.
El presidente valenciano, Ximo Puig, ha señalado que "vamos a presentar recurso ante el Tribunal Supremo" por esta decisión, además de emprender "todas las acciones que estén en nuestra mano contra los gestores que han producido este desfalco".
En esta dirección, la Abogacía de la Generalitat presentará esta semana un informe sobre las posibles vías legales a tomar. Según Puig, que se ha reunido con los consejeros de Hacienda y Justicia, Vicente Soler y Gabriela Bravo, respectivamente, para analizar la situación, en este proceso "ha habido una absoluta connivencia y corresponsabilidad entre el Gobierno de España y el anterior gobierno regional", haciendo hincapié en que "en cualquier caso, quiero decir con total claridad que quien no ha de pagar el desastre que se ha producido es el pueblo valenciano".
En su opinión, "o lo debe pagar el responsable que debía vigilar y el socio de la Unión Europea, el Gobierno de España, o aquellos gestores públicos y miembros del gobierno valenciano que produjeron el desastre".
Como ya informó DM, la institución europea inició en julio de 2014 una
investigación sobre posible falsedad de los datos de gasto sanitario de la Comunidad de Valencia hasta el año 2012 y la misma confirmó que la región había proporcionado de forma sistemática durante varios años datos de gasto sanitario inferiores a los reales, lo que produjo que el cálculo del déficit global de España fuese inferior al real. Concretamente, los datos reales de gasto sanitario en los que incurrió Valencia forzarían a elevar en un 0,2 por ciento el déficit sobre el PIB español correspondiente a 2011, último año en el que se produjeron estos hechos.
La multa fue recurrida por el Gobierno central, pero
la Comisión Europea la desestimó y, desde ese momento, se inició ya un tenso debate y polémica respecto a quién debía hacerse cargo de la misma. A ello contribuía que la propia Comisión Europea consideró que a la hora de imponer la sanción que "el Reino de España actuó desconociendo los hechos", ya que la tergiversación fue fruto de la actuación de la Intervención General de la Comunidad de Valencia, "que actuó por su cuenta", sin comunicárselo al Gobierno central y que incluso "contravino las recomendaciones y advertencias que en su momento le dieron la Sindicatura de Cuentas autonómica y la propia Consejería de Sanidad".
Deslealtad institucional
Puig ha denunciado que parece "insólito" que el Gobierno de España "no nos informe de una cuestión de la cual, teóricamente, deberíamos haber estado informados; y además, hemos estado colaborando en la medida que lo que era nuestra obligación". El presidente valenciano ha recalcado que "no va a permitir que este episodio de deslealtad institucional se haga crónico en este modelo de relaciones" con el Ejecutivo central.
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