martes, 7 de agosto de 2012

Arrecian las críticas a Sanidad por su idea de cobrar a los inmigrantes sin papeles | Noticias | elmundo.es

Arrecian las críticas a Sanidad por su idea de cobrar a los inmigrantes sin papeles | Noticias | elmundo.es

RECORTES | 710 euros al año

Arrecian las críticas a Sanidad por su idea de cobrar a los inmigrantes sin papeles

Servicio de Urgencias del centro de salud La Alamedilla Salamanca. | Enrique Carrascal Servicio de Urgencias del centro de salud La Alamedilla Salamanca. | Enrique Carrascal
  • Los médicos de familia piden al Gobierno que modifique la ley
  • 'La que se nos viene encima es importante', advierten
  • Los consumidores tachan de xenófoba la idea de cobrar 710 euros al año
Si la Organización Médica Colegial ha advertido de los riesgos para la salud de toda la población que puede suponer dejar a estos grupos excluidos de la atención sanitaria, las asociaciones de consumidores han ido más lejos y la han tachado de xenófoba. El presidente de FACUA, Rubén Sánchez, ha denunciado que se trata de una "cruel persecución" para obligar a los inmigrantes a irse a su país de origen.

La intención de Ana Mato, transmitida a las comunidades autónomas, es que los inmigrantes sin papeles que llevan un año empadronados en España, paguen 710 euros anuales o, si son mayores de 65 años, 1.864 euros para poder acceder a la asistencia sanitaria gratuita. En una nota de prensa, el ministerio aclara que estos 'convenios' podrán beneficiar a españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (rentistas); a europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario público español o nacionales de terceros países que durante su estancia en España, quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público. Respecto a los inmigrantes ilegales, la nota se limita a aclarar que deben "regularizar su situación"

"La medida no está orientada a los inmigrantes sin papeles", subrayan fuentes de Sanidad a este periódico. "Sino a extranjeros que estén en nuestro país y tengan capacidad de suscribir un contrato, por ejemplo, la compra de un piso", señalan estas fuentes. "Obviamente un señor que venga en patera documentado, es difícil que lo suscriba", prosiguen. Para estos últimos, Sanidad sólo da dos opciones, que regularicen su situación o que acudan a Urgencias.

 

Aumento de infecciones

"Quiero entender que el objetivo es que aflore la economía sumergida y algunos trabajadores en situación irregular coticen en la Seguridad Social", explica a ELMUNDO.es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Josep Basora.

Esta organización médica ha sido precisamente una de las más activas contra la intención del Gobierno de dejar de atender a los inmigrantes sin papeles y ha recogido ya más de 870 declaraciones de médicos objetores que han anunciado su intención de seguir atendiendo a sus pacientes. "Lo que se nos viene encima es importante", señala Basora antes de recordar que el 40% de nuevos casos de infección por VIH en nuestro país se da en ciudadanos extranjeros; "en patologías como la tuberculosis, volveremos atrás", advierte.

A su juicio, el Gobierno debería cambiar la ley; "no es una cuestión de ideología, ni cuestionamos el derecho del Gobierno a cambiar leyes, pero nosotros sabemos lo que va a pasar con nuestros pacientes, no les podemos dejar arrinconados". En opinión de Basora, la intención de cobrarles más de 700 euros al año no va a hacer más que añadir más marginación a estos grupos de población.

Aunque el Ministerio de Sanidad ha emitido una nota de prensa recordando la posibilidad de que todos los ciudadanos que no sean beneficiarios o asegurados (sin una mención expresa a los inmigrantes ilegales, ni confirmando la cuantía aparecida en prensa) puede contratar uno de estos llamados 'convenios' hay cuestiones sin resolver. ¿A cuántos inmigrantes afecta esta medida? ¿Cómo se van a gestionar los mecanismos de cobro? "los mecanismos de cobro dependerán de cada sistema de salud", apuntan fuentes del ministerio sin más precisión.

"Sabemos de pacientes que no disponen de dinero para comprar medicamentos, ¿cómo van a pagar estas cantidades?" se pregunta Basora. En el caso de los jubilados, sin acceso al mercado laboral, las cantidades a abonar se duplican incluso.

También la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se ha sumado a esta tormenta de críticas. Su presidente, Marciano Sánchez Bayle, ha asegurado que la medida anunciada por el Gobierno es un "parche" y un "desastre", tanto en su concepción como en su planteamiento operativo, y ha avisado de que "no va a resolver" el problema, informa Europa Press.

Sánchez Bayle ha recordado que, "además de ser unas cantidades muy significativas" ("sospechosamente muy similares" a los que se pagan en la sanidad privada), se deja fuera "a la mayoría" de los inmigrantes que están en nuestro país.

"La inmensa mayoría de los inmigrantes irregulares no van a poder acogerse a estos convenios, quedando su atención sanitaria en manos de las Urgencias, con lo que ello supone la saturación de un dispositivo ya saturado, de postergación de atenciones sanitarias y de problemas de salud pública con probables incrementos de costes", ha recalcado.

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