CESM-Valencia será acusación particular contra la Administración si un médico es denunciado tras el RD que deja sin atención a los inmigrantes irregulares
Valencia (04/09/2012) - Nerea Garay
La central médica pide que se elabore "de inmediato" una normativa específica para la Comunidad
El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana se personará como acusación particular contra la Administración sanitaria cuando un facultativo tenga problemas si se le obliga a aplicar el Real Decreto sobre el Déficit Público, que deja sin atención a los pacientes inmigrantes en situación irregular. La organización considera necesario valorar desde un punto de vista práctico las diferentes situaciones que van a darse a partir de la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria pública.
El sindicato médico de Valencia, que ya ha recordado el deber de atención que tienen los facultativos, considera que tras su entrada en vigor, es necesario valorar desde un punto de vista práctico las diferentes situaciones que van a darse a partir de ahora.
La central médica reconoce el papel que tiene el médico en este proceso, sujeto no solo a su ética personal o corporativa, sino también al Código Penal. "Por ello su denegación de auxilio en cualquier situación urgente o que pueda dar lugar a un riesgo grave por carencia de tratamiento adecuado se contempla como delito de omisión de socorro y se encuentra castigado penalmente".
En esta línea, aseguran que "ninguna ley actualmente en vigor ha derogado esta figura delictiva, como tampoco lo ha hecho el Decreto 16/2012". En definitiva, "ningún médico, por lo tanto, puede negarse a atender adecuadamente al paciente que llegue hasta su consulta". Para el sindicato, el deber de auxilio "se debe entender de modo directo o como obligación de proporcionar los medios para la resolución del problema. Es decir, si un médico no puede atender a un paciente en situación de riesgo, debe de disponer las actuaciones necesarias para que éste último sea atendido en el lugar más adecuado y en el plazo de tiempo más breve posible".
CESM-CV incide en que "en el caso de que se produzca un filtro que impida al paciente el acceso a la asistencia por decisión unilateral de la administración sanitaria, sin denegación explícita de auxilio por parte del médico, la responsabilidad civil y penal recaerá en el gestor que hubiera firmado la correspondiente orden, instrucción, etc", destacando que, en ese supuesto, el sindicato "se personará como acusación particular con el fin de defender los intereses de sus afiliados".
Clarificar posturas
Desde CEMS-CV abogan porque la Consejería de Sanidad dicte "de inmediato" unas instrucciones "que resuelvan las dudas de muchos compañeros y clarifiquen la postura de la administración sanitaria valenciana en este tema". Además, recuerdan, "la falta de seguimiento de determinadas patologías crónicas (infección por VIH, Tuberculosis, etc.) puede dar lugar a un estado de alarma social por deterioro de la salud pública".
Para CESM-CV, lo idóneo sería elaborar una normativa autonómica específica (con rango de ley y con efectos retroactivos a 1 de septiembre) que, como ha ocurrido en otras Comunidades, restablezca en nuestro ámbito el acceso de todos los inmigrantes a la asistencia sanitaria.
El sindicato médico de Valencia, que ya ha recordado el deber de atención que tienen los facultativos, considera que tras su entrada en vigor, es necesario valorar desde un punto de vista práctico las diferentes situaciones que van a darse a partir de ahora.
La central médica reconoce el papel que tiene el médico en este proceso, sujeto no solo a su ética personal o corporativa, sino también al Código Penal. "Por ello su denegación de auxilio en cualquier situación urgente o que pueda dar lugar a un riesgo grave por carencia de tratamiento adecuado se contempla como delito de omisión de socorro y se encuentra castigado penalmente".
En esta línea, aseguran que "ninguna ley actualmente en vigor ha derogado esta figura delictiva, como tampoco lo ha hecho el Decreto 16/2012". En definitiva, "ningún médico, por lo tanto, puede negarse a atender adecuadamente al paciente que llegue hasta su consulta". Para el sindicato, el deber de auxilio "se debe entender de modo directo o como obligación de proporcionar los medios para la resolución del problema. Es decir, si un médico no puede atender a un paciente en situación de riesgo, debe de disponer las actuaciones necesarias para que éste último sea atendido en el lugar más adecuado y en el plazo de tiempo más breve posible".
CESM-CV incide en que "en el caso de que se produzca un filtro que impida al paciente el acceso a la asistencia por decisión unilateral de la administración sanitaria, sin denegación explícita de auxilio por parte del médico, la responsabilidad civil y penal recaerá en el gestor que hubiera firmado la correspondiente orden, instrucción, etc", destacando que, en ese supuesto, el sindicato "se personará como acusación particular con el fin de defender los intereses de sus afiliados".
Clarificar posturas
Desde CEMS-CV abogan porque la Consejería de Sanidad dicte "de inmediato" unas instrucciones "que resuelvan las dudas de muchos compañeros y clarifiquen la postura de la administración sanitaria valenciana en este tema". Además, recuerdan, "la falta de seguimiento de determinadas patologías crónicas (infección por VIH, Tuberculosis, etc.) puede dar lugar a un estado de alarma social por deterioro de la salud pública".
Para CESM-CV, lo idóneo sería elaborar una normativa autonómica específica (con rango de ley y con efectos retroactivos a 1 de septiembre) que, como ha ocurrido en otras Comunidades, restablezca en nuestro ámbito el acceso de todos los inmigrantes a la asistencia sanitaria.
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