martes, 22 de enero de 2013

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CESM-Galicia y O’Mega señalan que una posible reorganización de los PACs debe seguir criterios “exclusivamente asistenciales”

Santiago de Compostela (22/01/2013) - Redacción

La coalición sindical advierte del grave error de seguir en este punto "criterios puramente económicos", en una comunidad que además destaca por su población envejecida y por su dispersión

Los sindicatos CESM y O'Mega, unidos en Galicia, al salido al paso del debate que se está produciendo en la Sanidad gallega sobre la conveniencia de proceder al cierre del servicio de asistencia nocturna en algunos puntos de la red de PACs de la comunidad. En este sentido, para ambos sindicatos es crucial que la reorganización de servicios asistenciales "no puede seguir criterios puramente económicos, sino exclusivamente asistenciales, puesto que su primer interés tiene que ser garantizar el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria de toda la población, en condiciones de equidad: en tiempo y con los recursos adecuados, independientemente del lugar de residencia o de la dispersión", afirman.

"En patologías urgentes, especialmente en aquellas potencialmente mortales, el tiempo hasta la primera atención puede suponer la irreversibilidad del proceso, que hace imprescindible la garantía de acceso en un máximo de veinte minutos (éste es el  criterio temporal utilizado en las ambulancias medicalizadas)", añaden.

CESM-Galicia y O'Mega advierten además de que el alto índice de dispersión de la población del rural gallego y su envejecimiento (en muchas ocasiones es gente que vive sola y aislada y con dificultades de desplazamiento) "obliga a mantener una red de PACs incluso con carga asistencial baja o muy baja. Suprimirlos sería como eliminar servicios de bomberos porque el índice de incendios es bajo", señalan.

Por ello, "utilizar un criterio económico y no asistencial sería tanto como poner precio a la potencial pérdida de una vida humana, al posible empeoramiento de una patología grave, o incluso a la angustia generada por el retraso de una atención que el paciente percibe como urgente, puesto que sólo el facultativo está capacitado para decidir sobre la urgencia real de una determinada patología", sostienen.

"En muchos casos, suprimir los puntos de atención urgente de Primaria supone en la práctica la sobrecarga de los servicios de Urgencias de los hospitales con el consiguiente incremento del gasto. Lo que indica que tal medida no está justificada. Sólo si la reorganización de los servicios siguiese criterios asistenciales, al margen de intereses políticos, sería posible mejorar su eficiencia y, secundariamente, su coste económico", explica el comunicado de ambos sindicatos.

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