De la consulta a la calle en contra de la contención

La aplicación del decreto 16/2012 generó un fuerte rechazo profesional.

Francisco Goiri. Madrid | fjgoiri@diariomedico.com | 08/01/2013 00:00

Si el año 2011 vino marcado por presupuestos autonómicos restrictivos en materia sanitaria, generalizadas medidas de contención y una polémica reforma laboral que levantó ampollas en el ámbito laboral, el año pasado tuvo en el Real Decreto 16/2012 (más conocido como decreto de los recortes) a un protagonista tan indiscutible (por el número y entidad de los titulares periodísticos que acaparó) como indeseado, por el unánime rechazo del sector sanitario, desde todos los sindicatos del ámbito nacional hasta el Foro de la Profesión en pleno, pasando por el propio Consejo General de Colegios de Médicos, que en una Asamblea General celebrada en febrero emitió un duro comunicado de rechazo a la norma. El pronunciamiento de los propios colegios, sociedades científicas, comisiones nacionales y destacados especialistas de a pie en contra de la norma auspiciada por el Gobierno central evidenció que la inquietud de la profesión no era sólo laboral -que también-, sino por las posibles consecuencias asistenciales.

Es innegable, no obstante, que la marejada laboral derivada de la trasposición de la norma a las comunidades tuvo un protagonismo destacado. A las medidas de contención auspiciadas por las autonomías en sus respectivos servicios de salud se sumaron factores tan determinantes como la supresión de las pagas extras, las restricciones en materia de contratación y la ampliación de la jornada de trabajo, que pasó automáticamente en todas las comunidades de 35 a 37,5 horas semanales.

Fue la definición, desarrollo y aplicación de esas 2,5 horas adicionales el elemento que más y mejor personalizó las discrepancias entre Administración y sindicatos por el contenido del decreto. Lo que en regiones como Valencia, La Rioja y Extremadura se pactó en mesa sectorial, suscitó enconados enfrentamientos, movilizaciones, protestas y huelgas en otras como Andalucía, Cataluña y las dos Castillas.

El frente profesional
A la huelga nacional, que en marzo convocaron CCOO y UGT contra la reforma laboral en curso, se sumó el intento de llegar a un frente sindical común en contra del decreto de recortes entre todas las centrales que integran el Foro Marco para el Diálogo Social. La amalgama de intereses contrapuestos, la heterogeneidad de ese frente y, sobre todo, los intentos de "politización" que detectó hicieron que CESM se desmarcarse de una posible movilización nacional y optase por redefinir su estrategia con lo que su nuevo secretario general, Francisco Miralles (elegido en sustitución de Patricio Martínez en el congreso nacional de mayo), llamó "frente profesional", que, además, de CESM, incluía a la propia OMC y a Facme.

Fue precisamente con estas tres organizaciones con las que el Ministerio de Sanidad formó en octubre el llamado Consejo de la Profesión Médica, al margen del resto de los sindicatos (que se han desgañitado en vano durante todo el año pidiéndole a la ministra Ana Mato que reuniese a la mesa sectorial estatal) y del propio Foro de la Profesión, que tampoco ha tenido el placer de ver la cara a Mato en una reunión oficial en pleno.

El año que apenas tiene diez días de vida deja abiertos muchos interrogantes sobre el efecto que los recortes tendrán en las plantillas y la respuesta (coordinada o no) que la profesión dé a las medidas regionales. CESM ya ha avanzado que, al margen de su alianza con colegios y sociedades, perfilará una respuesta (nacional o por autonomías) en el primer trimestre del año.

Contención presupuestaria al margen, Sanidad y las comunidades siguen preparando (con toda la cautela y el hermetismo que exige el tema) una reforma retributiva que, por lo poco que ha trascendido en los últimos meses, quiere dar más peso a la variable en la nómina final de los profesionales. La enjundia y el alcance de esa reforma, el delicado contexto económico en que se llevaría a cabo, y la escasa o nula información oficial han desatado todas las alarmas en los cuarteles de invierno de los sindicatos, que ya han adelantado su frontal rechazo a cualquier modificación unilateral.

El plan de sostenibilidad de Madrid rompió el clima de diálogo y generó una protesta masiva y unitaria

La Comunidad de Madrid se ha ganado, muy a su pesar, un nombre propio en el ámbito laboral sanitario en el último tramo de 2012. El plan de sostenibilidad sanitaria que ha tenido que defender contra viento y marea la consejería de Javier Fernández-Lasquetty ha hecho que todo el SNS vuelva los ojos a la comunidad que, tras la sorpresiva renuncia de Esperanza Aguirre, preside Ignacio González (al que buena parte de los sindicatos señalan como verdadero muñidor del plan). Impulsado por la urgente necesidad de ahorrar los 533 millones de euros menos que el presupuesto sanitario tendrá en 2013, la consejería diseñó un plan que, además de un detallado programa de reformas estructurales, reordenación de plantillas, criterios de jubilación y medidas de contención, incluía dos propuestas que monopolizaron (y encendieron hasta límites insospechados) el debate sanitario en la región y, por ende, en todo el SNS: el euro por receta y la externalización de la gestión en seis hospitales públicos y 27 de los 270 centros de salud. La sorpresiva presentación del plan sin consulta previa a los sindicatos de la mesa sectorial fue entendida por las centrales como la ruptura del buen clima existente hasta entonces y abrió dos frentes paralelos. De una parte, los 6 sindicatos con representación en la mesa convocaron paros intermitentes que, por primera vez en la historia de la sanidad española, siguieron al unísono todas las categorías profesionales, tiñendo las calles con una marea blanca de manifestaciones en noviembre y diciembre. De otro lado, el llamado Comité Coordinador Profesional, que además de AFEM (convocante de otra huelga, ésta indefinida), incluyó al Colegio de Médicos, jefes de servicio, coordinadores de centros de salud y responsables de los planes estratégicos de las especialidades. A las protestas se sucedió la presentación de alternativas que no convencieron a la consejería (el ahorro planteado era menor del necesario) y, finalmente, la Asamblea de Madrid aprobó el plan. 2013 se abre con dos incógnitas: las consecuencias que tendrá su desarrollo y la forma y alcance de la respuesta que darán ambos frentes.