El Gobierno acuerda recurrir ante el TC el euro por receta de la Comunidad de Madrid

Madrid (12-14/01/2013) - E.P.

• El Consejo de Ministros acuerda asimismo que se solicite a la Comisión Permanente del Consejo de Estado que emita un dictamen en el plazo de cinco días, lo que llevará aparejada la petición de suspensión automática de la polémica iniciativa

• La decisión del Ejecutivo se basa en que ésta "vulnera el principio de igualdad" de los españoles y "se grava un acto médico"

El Gobierno ha acordado en el Consejo de Ministros recurrir ante el Tribunal Constitucional el euro por receta de la Comunidad de Madrid, al entender que "vulnera el principio de igualdad" de los ciudadanos y se "grava un acto médico". Según ha informado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo, de este modo el Gobierno pretende hacer un "ejercicio de coherencia" teniendo en cuenta que anteriormente ha recurrido esta misma medida de la Generalitat de Cataluña.

De este modo se ha decidido solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 9 del artículo 2 de la ley de la Comunidad de Madrid de Medidas Fiscales y Administrativas. Asimismo, se ha acordado la solicitud a la Comisión Permanente del Consejo de Estado de la emisión de un dictamen en el plazo de cinco días, que llevará aparejada la petición de suspensión automática.

Entre los motivos, "los mismos que en el recurso frente al euro por receta adoptado por la Generalitat", el Gobierno "considera que se grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud, a través de la prestación farmacéutica". En este sentido, ha recordado que el TC, en una sentencia reciente, "ha señalado que para ello se carece de competencia autonómica".

Por otra parte, ha explicado Sáenz de Santamaría, el euro por receta "afecta a las condiciones de igualdad de los ciudadanos a la hora de obtener una prestación farmacéutica y se grava un acto médico y, además, se abordan condiciones de expedición y dispensación de medicamentos que es materia reservada al Estado".

"Por tanto, hacemos un ejercicio de coherencia recurriendo por los mismos motivos y con el mismo instrumento que se recurrió en el caso de la comunidad autónoma de Cataluña. Consideramos que el euro por receta aprobado por las comunidades autónomas vulnera competencias que corresponden únicamente al Estado y vulnera el principio de igualdad", ha añadido, al tiempo que ha recordado que el Estado "ha optado por otro sistema equitativo y que permite diferenciar por rentas y situaciones en el pago de los medicamentos".

Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad con la finalidad de integrar el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción como centro asesor y de referencia en materia de accesibilidad audiovisual mediante el subtitulado y la audiodescripción.

El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tiene como misión promover la prevención de deficiencias, la rehabilitación y la inserción social de las personas con discapacidad; facilitar, en esos ámbitos, el intercambio y la colaboración entre las distintas administraciones públicas, así como entre éstas y el sector privado; prestar apoyos a organismos, entidades, especialistas y promotores en materia de estudios, investigación y desarrollo, información, documentación y formación, y emitir dictámenes técnicos y recomendaciones sobre materias relacionadas con la discapacidad.

Las principales novedades del Real Decreto aprobado hoy son las siguientes:
Se regulan las funciones, régimen de funcionamiento y organización del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción integrándolo en el Real Patronato sobre Discapacidad como centro asesor y de referencia en materia de accesibilidad audiovisual mediante el subtitulado y la audiodescripción. Se incorporan los derechos de las personas con discapacidad como enfoque principal en la actividad del Real Patronato, de acuerdo con lo previsto en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se incluyen entre las funciones del Real Patronato el fomento de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, a través de los
Premios Reina Sofía sobre Discapacidad. Se refuerza la presencia de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias en el Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad.Se redistribuyen determinadas funciones entre los órganos directivos del Real Patronato. Se procede a una revisión terminológica de los artículos modificados de acuerdo con las reestructuraciones ministeriales llevadas a cabo y con la perspectiva de género incorporando el lenguaje no sexista.

Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas
Por otra parte, el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas distribuyó cerca de 27,5 millones de euros en 2012, reduciendo así los fondos hasta 4,5 millones con respecto al año anterior, según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, tras la aprobación en el Consejo de Ministros de los criterios de distribución de estos fondos para el año 2013. Alrededor de un 70 por ciento se destinaron a programas dirigidos a reducir la demanda de drogas, mientras que el 30 por ciento restante permitió financiar actividades encaminadas a reducir la oferta.

La mayor parte de la dotación anual del Fondo, que se dedica a programas para reducir la demanda de drogas, se distribuye entre las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y las organizaciones no gubernamentales que desarrollan intervenciones en este ámbito.

Así, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno ha decidido que las cantidades integradas en el fondo se destinarán a intensificar las actuaciones para reducir la demanda de drogas y controlar su oferta.

El acuerdo autoriza a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo a sufragar en 2013 con cargo a esta partida, además de los gastos de gestión del Fondo; además permite la financiación de otros programas que, por su especial interés, deban desarrollarse necesariamente en 2013, en especial, los que se ejecuten en cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 y del Plan de Acción 2013-2016.

En el ámbito de la reducción de la demanda se sufragan programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos, consistentes en: programas de sensibilización y prevención, sobre todo los referidos a la prevención de enfermedades transmisibles asociadas al consumo de drogas inyectadas y a los problemas generados por las nuevas sustancias y los nuevos patrones de consumo.

Asimismo, programas asistenciales y de inserción socio-laboral dirigidos a menores afectados o en situación de riesgo, drogodependientes con problemas judiciales o internados en instituciones penitenciarias y poblaciones de alto riesgo. Y programas de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales en prevención, asistencia e inserción socio-laboral de las personas drogodependientes; proyectos de investigación en drogodependencias; y proyectos sobre drogodependencias que incluyan la perspectiva de género.

Control de las Fuerzas de Seguridad
En el ámbito del control de la oferta se destinará a programas y actuaciones emprendidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra las drogas y el blanqueo de capitales, dirigidos a mejorar las comunicaciones y los sistemas informáticos, incrementar los medios materiales y promover la formación de los recursos humanos dedicados a esta actividad.

Según la Ley que regula este Fondo, el producto de la enajenación de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados se destina a intensificar las actuaciones realizadas en los ámbitos de la reducción de la demanda y del control de la oferta de drogas, así como de la cooperación internacional en estas materias.

El Fondo está gestionado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, integrada por representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior. El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, preside la Mesa.