2012: Un año de duros recortes y profundas reformas
Madrid (03/01/2013) - Jorge Sánchez Franco
• La deuda sanitaria ha sido la gran protagonista del año 2012. Ella ha traído consigo actuaciones tales como el plan de pago a proveedores o el RD-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. La desatención a inmigrantes y parados sin tarjeta sanitaria, la modificación del copago farmacéutico y la desfinanciación de más de 400 fármacos han sido tres de las actuaciones más polémicas surgidas al amparo de dicha normativa
• La implantación del euro por receta en Cataluña y Madrid, la reforma de la Ley de Dependencia, las dos huelgas generales y las elecciones de Andalucía, País Vasco, Cataluña, Galicia y Asturias también han dado mucho que hablar
Tras la llegada de Ana Mato al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en los últimos días de 2011, ya a finales del mes de enero había logrado completar su equipo directivo con nombramientos tan relevantes como el de Pilar Farjas como secretaria general de Sanidad; Javier Castrodeza, director general de Desarrollo Profesional, o Sagrario Pérez Castellanos, directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia. Con la incorporación de los directores generales de Igualdad de Oportunidades, de Servicios para la Familia y la Infancia, y de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, así como del delegado del Plan Nacional sobre Drogas, la nueva estructura reducía en un 25 por ciento altos cargos, y se hacía con casi todas las competencias del Instituto de Salud Carlos III.
En el Congreso de los Diputados, Mario Mingo, diputado por Madrid del Grupo Parlamentario Popular, era elegido presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en sustitución de Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, mientras que José Martínez Olmos era designado portavoz del Grupo Socialista en dicha comisión. Por su parte, Carmen de Aragón, senadora electa por Ávila del Grupo Parlamentario Popular, pasaba a presidir la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Alta. En Génova, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, era elegido nuevo secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, tomando así el relevo en esta responsabilidad a Ana Pastor, ministra de Fomento y referente sanitario del partido durante los años en la oposición.
Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales
En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, allá por febrero, Ana Mato defendía la "libre elección" de centro médico, facultativo, enfermero o pediatra en España, y anunciaba su intención de firmar con las comunidades autónomas un Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales para garantizar una atención sociosanitaria "pública, gratuita y universal" para todos los ciudadanos. Ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, la nueva titular del ramo también avanzaba la creación de una cartera de servicios básicos y de un calendario de vacunación común para todas las autonomías, así como una tarjeta sanitaria válida para todo el SNS. "Todos tenemos el mismo derecho a acceder en condiciones de igualdad a una atención sanitaria de calidad", decía.
A finales de febrero, el pleno del Congreso de los Diputados respaldaba por unanimidad la creación, en el marco de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de una subcomisión cuyo objetivo iba a ser el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las reformas necesarias para garantizar su sostenibilidad. En la misma línea, PP, PSOE, CiU, PNV y UPyD pactaban una enmienda en la que se le pedía al Ejecutivo que avanzara paralelamente en la adopción de acuerdos con las comunidades autónomas dirigidos al mantenimiento de la calidad del SNS, en el marco del Pacto por la Sanidad anunciado por la ministra. El texto consensuado constataba el "elevado impacto" económico del sistema sanitario público sobre los presupuestos y las dificultades para afrontar el pago de la factura sanitaria.
Llegaba entonces la primera reunión del Consejo Interterritorial del SNS con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, el 29 de febrero, donde se acordaba el diseño de una cartera básica de servicios para todas las comunidades autónomas, para lo cual se crearía una red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria y productos del SNS, y se posponía a 2013 la conformación del calendario vacunal único. La principal intención de ambas medidas era garantizar las mismas prestaciones indispensables para todos los ciudadanos del país, independiente de la región en la que residan. De este modo, se daban los primeros pasos para lograr una "hoja de ruta" que tenía que llevar al Pacto por la Sanidad entre el Gobierno central y las autonomías.
Un antes y un después para el SNS
Sin duda alguna, la segunda reunión de Ana Mato al frente del Consejo Interterritorial ha sido uno de los acontecimientos sanitarios más destacados del año, en tanto en cuanto ha supuesto un antes y un después para el SNS. La ministra de Sanidad decidía adelantar este encuentro, previsto para finales del mes de abril, después de que desde Moncloa se anunciase un programa nacional de reformas en Educación y Sanidad con el que se pretendía ahorrar 10.000 millones de euros. El objetivo de la reunión era definir con los consejeros autonómicos del ramo una batería de medidas sanitarias encaminadas a una mayor racionalización de los recursos, eliminación de duplicidades y mejora de la eficiencia en la gestión. La tarjeta sanitaria única, la receta electrónica o una central de compras fueron algunas de las propuestas que se pusieron sobre la mesa.
Finalmente, una de las medidas más polémicas adoptadas en la reunión del Consejo Interterritorial del 18 de abril era la modificación del sistema de copago farmacéutico para incorporar por primera vez al mismo a los ciudadanos con pensiones contributivas, quienes no pagaban nada por sus medicinas con receta en las farmacias hasta ese momento. A partir del 1 de julio, estos pensionistas empezaron a abonar el 10 por ciento de sus fármacos, con un límite de 8, 18 ó 60 euros al mes en función de su renta. Este nuevo sistema de aportación de los usuarios de farmacia dejaba a los parados sin prestación y a las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción como los únicos grupos que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en el Estado.
El nuevo copago farmacéutico se estrenaba con resistencia. La medida, por la que más de 7,5 millones de pensionistas iban a tener que pagar las medicinas en función de su renta por primera vez, llegaba entre las dudas de los pacientes y las quejas de los farmacéuticos. Con esta iniciativa, el Gobierno de Mariano Rajoy buscaba un ahorro de 165 millones de euros. Ana Mato confirmaba a finales de septiembre el descenso del gasto farmacéutico tras la implantación de la medida, lo que había permitido que en sólo dos meses se hubieran ahorrado más de 400 millones de euros. Por su parte, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) constataba en agosto una bajada en el número de recetas por primera vez desde 1983 con motivo de una clara disminución de la demanda.
Retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares
Otra medida polémica aprobada en la reunión de abril del Consejo Interterritorial implicaba la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de septiembre. Numerosos colectivos sociales reaccionaban inmediatamente haciendo un llamamiento a médicos y personal de enfermería para que practicasen la objeción de conciencia con respecto a este asunto. Visto el revuelo generado, la ministra de Sanidad aclaraba que aquellos inmigrantes en situación irregular afectados por el VIH o enfermos de cáncer tendrían la asistencia sanitaria cubierta a través de convenios entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población. Casi al mismo tiempo, se enviaba a las autonomías un borrador de proyecto de real decreto por el que se regulaban los requisitos del asegurado del SNS.
Fuentes del Ministerio de Sanidad confirmaban apenas iniciado septiembre que los inmigrantes en situación irregular iban a seguir siendo atendidos en el SNS pese a no disponer de tarjeta sanitaria, aunque tendrían que pagar por los medicamentos en función de su enfermedad. Este anuncio llegaba después de que la Organización Médica Colegial (OMC) mostrara su preocupación por cómo se iba a recetar en los centros de salud a éste u otros colectivos que con el nuevo sistema de aseguramiento perdieran su tarjeta sanitaria. De este modo, dejaban claro que en aquellos casos en que a ley garantiza la asistencia de este colectivo (atención por enfermedades transmisibles, mujeres embarazadas y menores de 18 años), los pacientes deberán pagar el 40 por ciento de sus medicinas, al igual que cualquier trabajador activo.
Un mes después de que los inmigrantes irregulares fuesen excluidos de la Sanidad pública, se ponía en marcha una póliza que tendrían que pagar a partir de ese momento si querían volver a estar cubiertos. La cuantía era de 710 euros anuales en el caso de menores de 65 años, y de 1.864,80 euros anuales en mayores de 65. Este proyecto era ratificado por las comunidades autónomas en la reunión de octubre del Consejo Interterritorial. Una semana antes se habían dado a conocer los resultados de una encuesta realizada por el Consejo General de Enfermería a más de 1.000 ciudadanos (el 95 por ciento de nacionalidad española), donde el 63 por ciento de los consultados se mostraba radicalmente en contra de que se limitara la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
La subcomisión del Pacto Sociosanitario se creaba finalmente en junio, si bien todos los grupos parlamentarios, con excepción de los populares, condicionaban su apoyo definitivo a que el Gobierno aceptara tramitar como proyecto de ley su reforma sanitaria, algo que finalmente no sucedería. De hecho, los portavoces parlamentarios del PSOE y de Izquierda Plural en materia sanitaria, José Martínez Olmos y Gaspar Llamazares, abandonaban la primera reunión de dicha subcomisión, celebrada en septiembre, porque el SNS "ya no es universal", decían. No obstante, el portavoz sanitario del PP en el Congreso, Manuel Cervera, aseguraba en noviembre en el debate de los Presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la Cámara baja que el Gobierno "sigue trabajando" para alcanzar un gran Pacto por la Sanidad.
Real Decreto-Ley 16/2012
El paquete de reformas acordado en la reunión de abril del Consejo Interterritorial era avalado en mayo por el pleno del Congreso de los Diputados bajo la denominación del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. La memoria económica de esta normativa preveía un ahorro de más de 7.000 millones de euros. El decreto ley salía adelante pese al voto en contra de todos los grupos de la oposición salvo UPN. De hecho, los portavoces de PSOE, CiU, PNV, IU, UPyD, ERC y Grupo Mixto criticaban a la ministra de Sanidad por no haber tramitado el texto como proyecto de ley de urgencia, algo a lo que se oponía rotundamente el Grupo Popular.
El Gobierno vasco, entonces liderado por Patxi López, decidía rebelarse ante tales medidas y tramitaba con urgencia un decreto que impedía que en la comunidad autónoma se aplicara tanto el nuevo copago farmacéutico como la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Aunque no decía nada sobre contravenir las modificaciones vinculadas al transporte sanitario no urgente, a las ortoprótesis y al catálogo de medicamentos, también incluidas en el Real Decreto de reformas sanitarias, suponía un golpe sobre la mesa contra la normativa nacional, motivo por el cual el Gobierno central decidía presentar un recurso de inconstitucionalidad. Todo esto le servía de poco al PSOE de cara a las elecciones autonómicas del 21 de octubre, donde el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y BILDU se hacían con cerca del 60 por ciento de los votos y, por lo tanto, con la mayoría del Parlamento autonómico (27 y 21 diputados respectivamente). Iñigo Urkullu se convertía en lehendakari el 15 de diciembre, y nombraba a Jon Darpón consejero de Sanidad del Gobierno vasco. El Tribunal Constitucional hacía público en diciembre un auto en el que, por un lado, apoyaba la asistencia sanitaria vasca a irregulares, y por otro, imponía el copago farmacéutico.
En el mes de mayo, el Consejo General de la Abogacía Española alertaba de que la limitación del derecho a la salud que establece el Real Decreto-Ley 16/2012 "colisiona" con la Constitución y varios estatutos de autonomía de algunas Comunidades. En este contexto, los gobiernos de Cataluña, País Vasco, Andalucía y Asturias decidían recurrir ante el Tribunal Constitucional la polémica normativa, mientras que Navarra tomaba la misma decisión en el pleno del Parlamento autonómico. A finales de septiembre eran admitidos a trámite los recursos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Asturias. Aunque esto no paralizaba la norma, era muy significativo en tanto en cuanto hacía un mes que el Defensor del Pueblo había desestimado las peticiones que le habían llegado vía sindicatos, colegios de médicos y colectivos de pacientes.
En junio, Ana Mato y las comunidades autónomas acordaban dejar de financiar un total de 456 fármacos para síntomas menores, donde se incluían protectores gástricos, laxantes, antidiarreicos, vasodilatadores periféricos, antihemorroidales, tratamientos de varices, cremas para la dermatitis del pañal, tratamientos de la psoriasis, tratamientos de la virosis, antiinflamatorios no esteroideos tópicos, etc. Por ello, a partir del mes de agosto, los ciudadanos empezaban a abonar de forma íntegra el importe de estas medicinas. Esta medida suponía la actualización del listado de medicamentos financiados por primera vez en diez años e incluía excepciones para enfermos crónicos y "en aquellos casos en que lo decidan los médicos". El ahorro neto previsto era de 440 millones de euros.
Reforma de la Ley de Dependencia
En el mes de abril tenía lugar en Madrid una reunión del Consejo Territorial de Dependencia done se aprobaba una propuesta inicial de Acuerdo por los Servicios Sociales y la Dependencia. En este contexto, y tras un exhaustivo análisis de situación, las comunidades autónomas -gobernadas en su mayoría por el Partido Popular- ponían sobre la mesa una serie de aspectos a mejorar a corto plazo: el baremo de evaluación de la dependencia, la cartera de servicios, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y el modelo de financiación del sistema. Para todos estos ámbitos se creaban los grupos de trabajo de donde han salido las propuestas que han traído consigo la primera gran reforma del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Previamente, el Gobierno central había decidido retrasar la incorporación al sistema de los dependientes moderados y recortar cerca de 283 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que muchos hablaban ya de una derogación encubierta y paulatina de la normativa.
En marzo, el Consejo de Ministros daba luz verde al plan de pago a proveedores de ayuntamientos y comunidades autónomas, una iniciativa del Gobierno central liderada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El objetivo de esta medida era liquidar deudas pendientes, en muchos casos, desde 2007, y que afectan especialmente al sector sanitario de nuestro país. Más concretamente, se trata de un préstamo de 35.000 millones de euros para todas las administraciones, un adelanto que deberá ser devuelto en 10 años y que tendrá un periodo de carencia de dos. Del montante total, 17.718,55 millones de euros iban destinados únicamente al pago de facturas atrasadas por parte de los gobiernos autonómicos. Esta iniciativa era necesaria para garantizar la sostenibilidad del SNS.
El plan de pago a proveedores respondía a parte de las demandas de algunas regiones que ya habían advertido que no podrían cubrir los vencimientos de deuda en 2012 con las anteriores circunstancias. Según datos de Farmaindustria, la deuda por suministro de medicamentos a hospitales del SNS ascendía a 6.369,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, lo que suponía un 36 por ciento más que en la misma fecha de 2010, y la deuda con las empresas de tecnología sanitaria también superaba los 6.000 millones de euros, con una demora media en el pago de más de 500 días. La Cámara de Comercio Alemana en España, la Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona y la Asociación Económica Hispano-Suiza llegaron a remitir una carta a Mariano Rajoy pidiéndole que solucionara la situación.
Plan de pago a proveedores
La ministra de Sanidad revelaba a finales de mayo en el Congreso de los Diputados que casi un tercio de los 35.000 millones de euros que el Gobierno destinaba a cubrir los pagos pendientes de las Comunidades y los ayuntamientos correspondía al ámbito sanitario, donde se acumulaban un total de 12.110 millones de facturas sin pagar.
En octubre, tanto los laboratorios farmacéuticos como las compañías de tecnología sanitaria empezaban a preocuparse por la deuda sanitaria de 2012, que alcanzaba los 5.000 millones de euros, y se quejaban de que no habían cobrado ni una sola factura por parte de las comunidades autónomas. En la reunión que mantenían en noviembre la recién nombrada presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, y la ministra de Sanidad, se acercaban posturas a este respecto. Ana Mato destacaba especialmente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para incorporar una disposición adicional que dé garantías de pago a los proveedores en los supuestos de adquisición de productos mediante centrales de compra.
Las oficinas de farmacia, en peligro de extinción
Mención aparte merece la deuda de las administraciones públicas con las oficinas de farmacia de nuestro país. Lejos de solucionarse, la situación ha ido empeorando a lo largo de 2012. Los impagos generalizados de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Baleares han puesto a un tercio de las 21.427 farmacias abiertas en España al borde del cierre, en una situación "sin precedentes en la historia de la democracia", como subrayaba la presidenta del Consejo de Colegios Farmacéuticos, Carmen Peña. En este contexto, las 3.089 farmacias catalanas protagonizaron en octubre su primer cierre patronal en protesta por las mensualidades de recetas que adeudaba el Gobierno de Artur Mas, mientras que las 2.200 boticas valencianas acordaban un cierre indefinido a partir del 5 de noviembre para exigir el pago de una deuda de cinco meses que ascendía a 550 millones de euros.
A esto se une la caída en picado del gasto público en medicamentos, muy preocupante para toda la cadena farmacéutica. Tras la aprobación de un total de nueve medidas en los últimos tres años, el gasto en recetas ha retrocedido a niveles de 2005. En ese año, las farmacias dispensaron 764,6 millones de recetas y el gasto farmacéutico se elevó hasta los 10.051,33 millones de euros, mientras que en septiembre de 2012 se habían facturado 949,5 millones de recetas, un 24,1 por ciento más, por un valor de 10.240,6 millones de euros. Asimismo, según el estudio "El Gasto Farmacéutico en España en 2012", realizado por el Strategic Research de EAE Business School, el gasto farmacéutico público por habitante se había reducido en el último año en un 7 por ciento, situándose en 241,30 euros anuales.
A mediados de septiembre, el pleno de Senado aprobaba por unanimidad una moción, presentada a iniciativa del Partido Popular, en la que se instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a establecer una serie de medidas para prevenir las agresiones y proteger a los profesionales sanitarios en el desempeño de su trabajo. Más concretamente, el texto de la propuesta contemplaba "establecer mecanismos de información para reforzar la figura de los profesionales sanitarios como autoridad en su trabajo" e imponer en las autonomías medidas preventivas y disuasorias frente a las agresiones. También se solicitaba la realización de un estudio sobre las dimensiones reales de este problema y las soluciones más adecuadas para prevenir los ataques. Se trata de un esperanzador acuerdo que podría materializarse en una norma en los próximos años.
Otra medida polémica que ha protagonizado buena parte de 2012 ha sido el euro por receta. El Parlamento de Cataluña aprobaba esta tasa en marzo y la ponía en marcha a partir del 1 de julio, a pesar de la reforma del copago farmacéutico que se estaba llevando a cabo a nivel nacional. Tras la sorprendente dimisión de Esperanza Aguirre en Madrid, y la ratificación de Javier Fernández-Lasquetty al frente de la Consejería de Sanidad por parte del nuevo Gobierno autonómico, liderado por Ignacio González, a finales de octubre se anunciaba la implantación de esta medida disuasoria en la comunidad a partir del 1 de enero de 2013. Mientras el Ejecutivo central se oponía frontalmente al euro por receta, el Consejo de Estado emitía un informe en el que la medida era considerada inconstitucional.
En la Comunidad de Madrid, el euro por receta era sólo el preludio de un plan sanitario más ambicioso con el que el Gobierno autonómico pretendía ahorrar y optimizar los recursos materiales y humanos. Entre las medidas más polémicas de dicho programa, dado a conocer en el mes de noviembre, estaba la conversión del Hospital Universitario de La Princesa en un centro de alta especialización en la atención a pacientes crónicos pluripatológicos de edad avanzada y la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales madrileños. Todo esto encendía las iras de los profesionales sanitarios madrileños, quienes decidían por unanimidad empezar a manifestarse en favor de una Sanidad pública y de calidad. La autodenominada "marea blanca" sólo conseguía que la Comunidad de Madrid diera marcha atrás con respecto a La Princesa y el 28 de diciembre decidían desconvocar la huelga indefinida de médicos que mantenía desde el 26 de noviembre tras la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales por la Asamblea de Madrid. Este colectivo decidía cesar la huelga y debatir nuevas propuestas para intentar "paralizar" el Plan de Sostenibilidad impulsado por la Consejería, como es el de acudir a los tribunales para evitar que "ni un euro de los tributos de los madrileños" vaya a parar a beneficio de la empresa privada.
Dos huelgas generales con escaso seguimiento de la Sanidad
No obstante, la movilización social en favor de la Sanidad pública y contra los recortes se ha extendido por todo el territorio nacional a lo largo de 2012, y es probable que también dé que hablar en 2013. Buena prueba de ello han sido las dos huelgas generales celebradas en nuestro país el 29 de marzo y el 14 de noviembre. Con respecto a la última, el 40 por ciento de los profesionales sanitarios del SNS secundaron la convocatoria, según los sindicatos CC.OO y UGT, aunque el seguimiento varió considerablemente de unas Comunidades a otras. Mientras los diferentes gobiernos autonómicos registraban un seguimiento de entre el 6 y el 16 por ciento según la región, los sindicatos no convocantes aseguraban que el seguimiento apenas había alcanzado el 9 por ciento.
Los efectos de los recortes sanitarios han sido denunciados a lo largo de todo 2012 en diferentes informes y encuestas, siendo la OMC una de las organizaciones sectoriales que más acciones ha llevado a cabo frente a estas políticas. A finales de octubre, el presidente de esta entidad, Juan José Rodríguez Sendín, insistía en que esa situación debía tener un límite, y advertía a las autoridades sanitarias de que se podría desembocar en un "déficit social" que fuera "insoportable". A este respecto, la decisión de Mariano Rajoy de suprimir la paga de Navidad de los empleados públicos se sumaba a los recortes salariales previos que tanto el propio Ejecutivo central como las comunidades autónomas habían ido adoptando con la crisis. Con todo esto, los sueldos de los profesionales sanitarios del SNS volvían a los niveles de 2002, según CC.OO.
Elecciones autonómicas en clave nacional
Pocos días antes de las elecciones autonómicas andaluzas, que se celebraban el 25 de marzo, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía publicaba el listado de medicamentos seleccionados para la subasta pública, una medida con la que el Gobierno autonómico pretendía ahorrar 40 millones de euros al año. En contra de todas las encuestas, el PP no lograba la mayoría necesaria para gobernar en solitario y José Antonio Griñán volvía a ser presidente con el apoyo de Izquierda Unida. Tras la ratificación de María Jesús Montero al frente de la Consejería de Salud, el Gobierno central decidía presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica medida, que era suspendida cautelarmente. Finalmente, el 14 de diciembre se conocía la noticia de que efectivamente el Tribunal Constitucional avalaba esta medida y que la Consejería de Salud y Bienestar Social sacará a subasta, al menos, la mitad de los fármacos prescritos por médicos.
También se han celebrado elecciones autonómicas en Galicia, Cataluña y Asturias en 2012. Las primeras coincidieron con los comicios vascos y suponían la consolidación de la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo en el Parlamento autonómico. Posteriormente, el recién ratificado presidente confirmaba a Rocío Mosquera como consellera de Sanidade. Por su parte, el órdago independentista de Artur Mas y su extrema política de recortes le hacían perder a CiU doce escaños en las elecciones del pasado 25 de noviembre, mientras que ERC se convertía en la segunda fuerza política del Parlamento catalán. Ambas formaciones alcanzaban un pacto en diciembre y Boi Ruiz era reelegido consejero de Salud. Con respecto a Asturias, el PSOE ganaba las elecciones autonómicas, celebradas el mismo día que los comicios andaluces, y Javier Fernández era elegido nuevo presidente del Gobierno asturiano tras obtener la mayoría absoluta en la votación de investidura. Faustino Blanco era nombrado entonces consejero de Sanidad y en los meses siguientes tendría que hacer frente a las jornadas de huelga convocadas por los sindicatos como respuesta a la propuesta del Principado de nueva apliación de la jornada.
En Baleares, Carmen Castro presentaba su dimisión como consejera de Salud en julio, un año después de la formación del Govern de José Ramón Bauzá, tras resolverse el conflicto y la amenaza de huelga de los médicos con la ley exprés que regularizaba los pagos de los complementos salariales.
Sorprendentemente, su sustituto en el cargo, Antoni Mesquida, hacia lo propio en octubre después de que el PP balear mostrara su disconformidad con algunos de sus nombramientos. Era finalmente Martí Santaloni quien se situaba al frente de la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social de Baleares. El hasta entonces director general de Gestión Económica y Farmacia del Gobierno balear tomaba posesión de su cargo a finales de octubre.
En Extremadura, Jerónima Sayagués presentaba su dimisión como consejera de Salud a principios de febrero para ocupar la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, lo cual suponía la primera crisis del Gobierno regional apenas siete meses después de tomar posesión. Le sustituía en el cargo Francisco Javier Fernández Perianes, quien se veía obligado a dejar su puesto tres meses después, en mayo, tras conocerse que estaba pasando consulta privada en la localidad portuguesa de Elvas, próxima a Badajoz. El entonces portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrión, se convertía en el tercer consejero de Salud y Política Social bajo el mandato de José Antonio Monago.
Cuando parecía que no iban a producirse más cambios en la foto del Consejo Interterritorial, el consejero de Sanidad de la Generalitat valenciana, Luis Rosado, se convertía en uno de los cuatro miembros del Consell que abandonaban su cargo en la remodelación anunciada el pasado 7 de diciembre por su presidente, Alberto Fabra. Le sustituía en el cargo Manuel Llombart, director del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), quien afirmaba en su toma de posesión que su prioridad es el paciente y que "los resultados saldrán con trabajo y compromiso". También se comprometía a mantener una Sanidad "pública, gratuita, universal y con la mejor calidad posible". El nuevo modelo de gestión sanitaria de la Comunidad Valenciana se convertía en el primer asunto a abordar en esta nueva etapa.
Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS
El Ministerio de Sanidad al fin presentaba la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS, destinada a mejorar la prevención de las enfermedades crónicas y la calidad de vida de las personas afectadas, y con la que se beneficiará el 45 por ciento de la población adulta mayor de 16 años. Así lo anunciaba la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en el mes de octubre. La número dos de Ana Mato destacaba la importancia de mejorar el abordaje de estas patologías dado su incremento vinculado al progresivo envejecimiento de la población. Las enfermedades crónicas son responsables del 80 por ciento de las consultas de atención primaria y representan un elevado porcentaje del gasto farmacéutico.
Con respecto al borrador de decreto de troncalidad, el director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Javier Castrodeza, anunciaba en mayo que Urgencias y Emergencias no iba a ser una especialidad –ni primaria ni secundaria-, sino que se configuraría como un área de capacitación específica (ACE) en el futuro posgrado, a pesar de que el anterior equipo ministerial, encabezado por Leire Pajín, aseguraba haber dejado este proyecto listo para su preceptiva remisión al Consejo de Estado. El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Tomás Toranzo, se lamentaba de que esta disciplina no acompañara finalmente a Psiquiatría del Niño y del Adolescente y Genética Clínica, y apuntaba al Real Decreto-Ley 16/2012 como trasfondo de dicha exclusión. A finales de año se presentaba la última versión del borrador, donde se mantenía dentro de la troncalidad a Neurología, Inmunología y Microbiología, y se creaban las áreas de capacitación de Hepatología, Neonatología, Enfermedades Infecciosas y Urgencias y Emergencias.
Tras muchas y variadas elucubraciones, la cartera de servicios única y homogénea del SNS era aprobada en el último Consejo Interterritorial del año, celebrado el 20 de diciembre. Entre los servicios sanitarios a los que tendrían derecho todos los españoles, independientemente de la Comunidad en la que vivan, se incluyen los tratamientos de fertilidad, el cribado neonatal (la prueba del talón de los bebés) o los implantes oftalmológicos. Tal y como anunciara la ministra de Sanidad en el mes de octubre, las mamografías también seguirán siendo gratuitas. El Consejo Interterritorial también ratificaba la aportación del paciente en transporte sanitario no urgente, ortoprótesis y dietoterapia pese a la oposición de Asturias, País Vasco y Andalucía. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaban un copago "simbólico" para el transporte sanitario no urgente de los pacientes con procesos "largos y complicados" que requieran un tratamiento "de larga duración", como los que están en tratamiento de diálisis o pacientes oncológicos, que será de 6, 12 ó 60 euros anuales en función de su renta.
En el Congreso de los Diputados, Mario Mingo, diputado por Madrid del Grupo Parlamentario Popular, era elegido presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en sustitución de Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, mientras que José Martínez Olmos era designado portavoz del Grupo Socialista en dicha comisión. Por su parte, Carmen de Aragón, senadora electa por Ávila del Grupo Parlamentario Popular, pasaba a presidir la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Alta. En Génova, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, era elegido nuevo secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, tomando así el relevo en esta responsabilidad a Ana Pastor, ministra de Fomento y referente sanitario del partido durante los años en la oposición.
Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales
En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, allá por febrero, Ana Mato defendía la "libre elección" de centro médico, facultativo, enfermero o pediatra en España, y anunciaba su intención de firmar con las comunidades autónomas un Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales para garantizar una atención sociosanitaria "pública, gratuita y universal" para todos los ciudadanos. Ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, la nueva titular del ramo también avanzaba la creación de una cartera de servicios básicos y de un calendario de vacunación común para todas las autonomías, así como una tarjeta sanitaria válida para todo el SNS. "Todos tenemos el mismo derecho a acceder en condiciones de igualdad a una atención sanitaria de calidad", decía.
A finales de febrero, el pleno del Congreso de los Diputados respaldaba por unanimidad la creación, en el marco de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de una subcomisión cuyo objetivo iba a ser el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las reformas necesarias para garantizar su sostenibilidad. En la misma línea, PP, PSOE, CiU, PNV y UPyD pactaban una enmienda en la que se le pedía al Ejecutivo que avanzara paralelamente en la adopción de acuerdos con las comunidades autónomas dirigidos al mantenimiento de la calidad del SNS, en el marco del Pacto por la Sanidad anunciado por la ministra. El texto consensuado constataba el "elevado impacto" económico del sistema sanitario público sobre los presupuestos y las dificultades para afrontar el pago de la factura sanitaria.
Llegaba entonces la primera reunión del Consejo Interterritorial del SNS con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, el 29 de febrero, donde se acordaba el diseño de una cartera básica de servicios para todas las comunidades autónomas, para lo cual se crearía una red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria y productos del SNS, y se posponía a 2013 la conformación del calendario vacunal único. La principal intención de ambas medidas era garantizar las mismas prestaciones indispensables para todos los ciudadanos del país, independiente de la región en la que residan. De este modo, se daban los primeros pasos para lograr una "hoja de ruta" que tenía que llevar al Pacto por la Sanidad entre el Gobierno central y las autonomías.
Un antes y un después para el SNS
Sin duda alguna, la segunda reunión de Ana Mato al frente del Consejo Interterritorial ha sido uno de los acontecimientos sanitarios más destacados del año, en tanto en cuanto ha supuesto un antes y un después para el SNS. La ministra de Sanidad decidía adelantar este encuentro, previsto para finales del mes de abril, después de que desde Moncloa se anunciase un programa nacional de reformas en Educación y Sanidad con el que se pretendía ahorrar 10.000 millones de euros. El objetivo de la reunión era definir con los consejeros autonómicos del ramo una batería de medidas sanitarias encaminadas a una mayor racionalización de los recursos, eliminación de duplicidades y mejora de la eficiencia en la gestión. La tarjeta sanitaria única, la receta electrónica o una central de compras fueron algunas de las propuestas que se pusieron sobre la mesa.
Finalmente, una de las medidas más polémicas adoptadas en la reunión del Consejo Interterritorial del 18 de abril era la modificación del sistema de copago farmacéutico para incorporar por primera vez al mismo a los ciudadanos con pensiones contributivas, quienes no pagaban nada por sus medicinas con receta en las farmacias hasta ese momento. A partir del 1 de julio, estos pensionistas empezaron a abonar el 10 por ciento de sus fármacos, con un límite de 8, 18 ó 60 euros al mes en función de su renta. Este nuevo sistema de aportación de los usuarios de farmacia dejaba a los parados sin prestación y a las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción como los únicos grupos que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en el Estado.
El nuevo copago farmacéutico se estrenaba con resistencia. La medida, por la que más de 7,5 millones de pensionistas iban a tener que pagar las medicinas en función de su renta por primera vez, llegaba entre las dudas de los pacientes y las quejas de los farmacéuticos. Con esta iniciativa, el Gobierno de Mariano Rajoy buscaba un ahorro de 165 millones de euros. Ana Mato confirmaba a finales de septiembre el descenso del gasto farmacéutico tras la implantación de la medida, lo que había permitido que en sólo dos meses se hubieran ahorrado más de 400 millones de euros. Por su parte, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) constataba en agosto una bajada en el número de recetas por primera vez desde 1983 con motivo de una clara disminución de la demanda.
Retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares
Otra medida polémica aprobada en la reunión de abril del Consejo Interterritorial implicaba la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de septiembre. Numerosos colectivos sociales reaccionaban inmediatamente haciendo un llamamiento a médicos y personal de enfermería para que practicasen la objeción de conciencia con respecto a este asunto. Visto el revuelo generado, la ministra de Sanidad aclaraba que aquellos inmigrantes en situación irregular afectados por el VIH o enfermos de cáncer tendrían la asistencia sanitaria cubierta a través de convenios entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población. Casi al mismo tiempo, se enviaba a las autonomías un borrador de proyecto de real decreto por el que se regulaban los requisitos del asegurado del SNS.
Fuentes del Ministerio de Sanidad confirmaban apenas iniciado septiembre que los inmigrantes en situación irregular iban a seguir siendo atendidos en el SNS pese a no disponer de tarjeta sanitaria, aunque tendrían que pagar por los medicamentos en función de su enfermedad. Este anuncio llegaba después de que la Organización Médica Colegial (OMC) mostrara su preocupación por cómo se iba a recetar en los centros de salud a éste u otros colectivos que con el nuevo sistema de aseguramiento perdieran su tarjeta sanitaria. De este modo, dejaban claro que en aquellos casos en que a ley garantiza la asistencia de este colectivo (atención por enfermedades transmisibles, mujeres embarazadas y menores de 18 años), los pacientes deberán pagar el 40 por ciento de sus medicinas, al igual que cualquier trabajador activo.
Un mes después de que los inmigrantes irregulares fuesen excluidos de la Sanidad pública, se ponía en marcha una póliza que tendrían que pagar a partir de ese momento si querían volver a estar cubiertos. La cuantía era de 710 euros anuales en el caso de menores de 65 años, y de 1.864,80 euros anuales en mayores de 65. Este proyecto era ratificado por las comunidades autónomas en la reunión de octubre del Consejo Interterritorial. Una semana antes se habían dado a conocer los resultados de una encuesta realizada por el Consejo General de Enfermería a más de 1.000 ciudadanos (el 95 por ciento de nacionalidad española), donde el 63 por ciento de los consultados se mostraba radicalmente en contra de que se limitara la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
La subcomisión del Pacto Sociosanitario se creaba finalmente en junio, si bien todos los grupos parlamentarios, con excepción de los populares, condicionaban su apoyo definitivo a que el Gobierno aceptara tramitar como proyecto de ley su reforma sanitaria, algo que finalmente no sucedería. De hecho, los portavoces parlamentarios del PSOE y de Izquierda Plural en materia sanitaria, José Martínez Olmos y Gaspar Llamazares, abandonaban la primera reunión de dicha subcomisión, celebrada en septiembre, porque el SNS "ya no es universal", decían. No obstante, el portavoz sanitario del PP en el Congreso, Manuel Cervera, aseguraba en noviembre en el debate de los Presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la Cámara baja que el Gobierno "sigue trabajando" para alcanzar un gran Pacto por la Sanidad.
Real Decreto-Ley 16/2012
El paquete de reformas acordado en la reunión de abril del Consejo Interterritorial era avalado en mayo por el pleno del Congreso de los Diputados bajo la denominación del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. La memoria económica de esta normativa preveía un ahorro de más de 7.000 millones de euros. El decreto ley salía adelante pese al voto en contra de todos los grupos de la oposición salvo UPN. De hecho, los portavoces de PSOE, CiU, PNV, IU, UPyD, ERC y Grupo Mixto criticaban a la ministra de Sanidad por no haber tramitado el texto como proyecto de ley de urgencia, algo a lo que se oponía rotundamente el Grupo Popular.
El Gobierno vasco, entonces liderado por Patxi López, decidía rebelarse ante tales medidas y tramitaba con urgencia un decreto que impedía que en la comunidad autónoma se aplicara tanto el nuevo copago farmacéutico como la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Aunque no decía nada sobre contravenir las modificaciones vinculadas al transporte sanitario no urgente, a las ortoprótesis y al catálogo de medicamentos, también incluidas en el Real Decreto de reformas sanitarias, suponía un golpe sobre la mesa contra la normativa nacional, motivo por el cual el Gobierno central decidía presentar un recurso de inconstitucionalidad. Todo esto le servía de poco al PSOE de cara a las elecciones autonómicas del 21 de octubre, donde el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y BILDU se hacían con cerca del 60 por ciento de los votos y, por lo tanto, con la mayoría del Parlamento autonómico (27 y 21 diputados respectivamente). Iñigo Urkullu se convertía en lehendakari el 15 de diciembre, y nombraba a Jon Darpón consejero de Sanidad del Gobierno vasco. El Tribunal Constitucional hacía público en diciembre un auto en el que, por un lado, apoyaba la asistencia sanitaria vasca a irregulares, y por otro, imponía el copago farmacéutico.
En el mes de mayo, el Consejo General de la Abogacía Española alertaba de que la limitación del derecho a la salud que establece el Real Decreto-Ley 16/2012 "colisiona" con la Constitución y varios estatutos de autonomía de algunas Comunidades. En este contexto, los gobiernos de Cataluña, País Vasco, Andalucía y Asturias decidían recurrir ante el Tribunal Constitucional la polémica normativa, mientras que Navarra tomaba la misma decisión en el pleno del Parlamento autonómico. A finales de septiembre eran admitidos a trámite los recursos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Asturias. Aunque esto no paralizaba la norma, era muy significativo en tanto en cuanto hacía un mes que el Defensor del Pueblo había desestimado las peticiones que le habían llegado vía sindicatos, colegios de médicos y colectivos de pacientes.
En junio, Ana Mato y las comunidades autónomas acordaban dejar de financiar un total de 456 fármacos para síntomas menores, donde se incluían protectores gástricos, laxantes, antidiarreicos, vasodilatadores periféricos, antihemorroidales, tratamientos de varices, cremas para la dermatitis del pañal, tratamientos de la psoriasis, tratamientos de la virosis, antiinflamatorios no esteroideos tópicos, etc. Por ello, a partir del mes de agosto, los ciudadanos empezaban a abonar de forma íntegra el importe de estas medicinas. Esta medida suponía la actualización del listado de medicamentos financiados por primera vez en diez años e incluía excepciones para enfermos crónicos y "en aquellos casos en que lo decidan los médicos". El ahorro neto previsto era de 440 millones de euros.
Reforma de la Ley de Dependencia
En el mes de abril tenía lugar en Madrid una reunión del Consejo Territorial de Dependencia done se aprobaba una propuesta inicial de Acuerdo por los Servicios Sociales y la Dependencia. En este contexto, y tras un exhaustivo análisis de situación, las comunidades autónomas -gobernadas en su mayoría por el Partido Popular- ponían sobre la mesa una serie de aspectos a mejorar a corto plazo: el baremo de evaluación de la dependencia, la cartera de servicios, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y el modelo de financiación del sistema. Para todos estos ámbitos se creaban los grupos de trabajo de donde han salido las propuestas que han traído consigo la primera gran reforma del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Previamente, el Gobierno central había decidido retrasar la incorporación al sistema de los dependientes moderados y recortar cerca de 283 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que muchos hablaban ya de una derogación encubierta y paulatina de la normativa.
En marzo, el Consejo de Ministros daba luz verde al plan de pago a proveedores de ayuntamientos y comunidades autónomas, una iniciativa del Gobierno central liderada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El objetivo de esta medida era liquidar deudas pendientes, en muchos casos, desde 2007, y que afectan especialmente al sector sanitario de nuestro país. Más concretamente, se trata de un préstamo de 35.000 millones de euros para todas las administraciones, un adelanto que deberá ser devuelto en 10 años y que tendrá un periodo de carencia de dos. Del montante total, 17.718,55 millones de euros iban destinados únicamente al pago de facturas atrasadas por parte de los gobiernos autonómicos. Esta iniciativa era necesaria para garantizar la sostenibilidad del SNS.
El plan de pago a proveedores respondía a parte de las demandas de algunas regiones que ya habían advertido que no podrían cubrir los vencimientos de deuda en 2012 con las anteriores circunstancias. Según datos de Farmaindustria, la deuda por suministro de medicamentos a hospitales del SNS ascendía a 6.369,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, lo que suponía un 36 por ciento más que en la misma fecha de 2010, y la deuda con las empresas de tecnología sanitaria también superaba los 6.000 millones de euros, con una demora media en el pago de más de 500 días. La Cámara de Comercio Alemana en España, la Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona y la Asociación Económica Hispano-Suiza llegaron a remitir una carta a Mariano Rajoy pidiéndole que solucionara la situación.
Plan de pago a proveedores
La ministra de Sanidad revelaba a finales de mayo en el Congreso de los Diputados que casi un tercio de los 35.000 millones de euros que el Gobierno destinaba a cubrir los pagos pendientes de las Comunidades y los ayuntamientos correspondía al ámbito sanitario, donde se acumulaban un total de 12.110 millones de facturas sin pagar.
En octubre, tanto los laboratorios farmacéuticos como las compañías de tecnología sanitaria empezaban a preocuparse por la deuda sanitaria de 2012, que alcanzaba los 5.000 millones de euros, y se quejaban de que no habían cobrado ni una sola factura por parte de las comunidades autónomas. En la reunión que mantenían en noviembre la recién nombrada presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, y la ministra de Sanidad, se acercaban posturas a este respecto. Ana Mato destacaba especialmente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para incorporar una disposición adicional que dé garantías de pago a los proveedores en los supuestos de adquisición de productos mediante centrales de compra.
Las oficinas de farmacia, en peligro de extinción
Mención aparte merece la deuda de las administraciones públicas con las oficinas de farmacia de nuestro país. Lejos de solucionarse, la situación ha ido empeorando a lo largo de 2012. Los impagos generalizados de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Baleares han puesto a un tercio de las 21.427 farmacias abiertas en España al borde del cierre, en una situación "sin precedentes en la historia de la democracia", como subrayaba la presidenta del Consejo de Colegios Farmacéuticos, Carmen Peña. En este contexto, las 3.089 farmacias catalanas protagonizaron en octubre su primer cierre patronal en protesta por las mensualidades de recetas que adeudaba el Gobierno de Artur Mas, mientras que las 2.200 boticas valencianas acordaban un cierre indefinido a partir del 5 de noviembre para exigir el pago de una deuda de cinco meses que ascendía a 550 millones de euros.
A esto se une la caída en picado del gasto público en medicamentos, muy preocupante para toda la cadena farmacéutica. Tras la aprobación de un total de nueve medidas en los últimos tres años, el gasto en recetas ha retrocedido a niveles de 2005. En ese año, las farmacias dispensaron 764,6 millones de recetas y el gasto farmacéutico se elevó hasta los 10.051,33 millones de euros, mientras que en septiembre de 2012 se habían facturado 949,5 millones de recetas, un 24,1 por ciento más, por un valor de 10.240,6 millones de euros. Asimismo, según el estudio "El Gasto Farmacéutico en España en 2012", realizado por el Strategic Research de EAE Business School, el gasto farmacéutico público por habitante se había reducido en el último año en un 7 por ciento, situándose en 241,30 euros anuales.
A mediados de septiembre, el pleno de Senado aprobaba por unanimidad una moción, presentada a iniciativa del Partido Popular, en la que se instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a establecer una serie de medidas para prevenir las agresiones y proteger a los profesionales sanitarios en el desempeño de su trabajo. Más concretamente, el texto de la propuesta contemplaba "establecer mecanismos de información para reforzar la figura de los profesionales sanitarios como autoridad en su trabajo" e imponer en las autonomías medidas preventivas y disuasorias frente a las agresiones. También se solicitaba la realización de un estudio sobre las dimensiones reales de este problema y las soluciones más adecuadas para prevenir los ataques. Se trata de un esperanzador acuerdo que podría materializarse en una norma en los próximos años.
Otra medida polémica que ha protagonizado buena parte de 2012 ha sido el euro por receta. El Parlamento de Cataluña aprobaba esta tasa en marzo y la ponía en marcha a partir del 1 de julio, a pesar de la reforma del copago farmacéutico que se estaba llevando a cabo a nivel nacional. Tras la sorprendente dimisión de Esperanza Aguirre en Madrid, y la ratificación de Javier Fernández-Lasquetty al frente de la Consejería de Sanidad por parte del nuevo Gobierno autonómico, liderado por Ignacio González, a finales de octubre se anunciaba la implantación de esta medida disuasoria en la comunidad a partir del 1 de enero de 2013. Mientras el Ejecutivo central se oponía frontalmente al euro por receta, el Consejo de Estado emitía un informe en el que la medida era considerada inconstitucional.
En la Comunidad de Madrid, el euro por receta era sólo el preludio de un plan sanitario más ambicioso con el que el Gobierno autonómico pretendía ahorrar y optimizar los recursos materiales y humanos. Entre las medidas más polémicas de dicho programa, dado a conocer en el mes de noviembre, estaba la conversión del Hospital Universitario de La Princesa en un centro de alta especialización en la atención a pacientes crónicos pluripatológicos de edad avanzada y la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales madrileños. Todo esto encendía las iras de los profesionales sanitarios madrileños, quienes decidían por unanimidad empezar a manifestarse en favor de una Sanidad pública y de calidad. La autodenominada "marea blanca" sólo conseguía que la Comunidad de Madrid diera marcha atrás con respecto a La Princesa y el 28 de diciembre decidían desconvocar la huelga indefinida de médicos que mantenía desde el 26 de noviembre tras la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales por la Asamblea de Madrid. Este colectivo decidía cesar la huelga y debatir nuevas propuestas para intentar "paralizar" el Plan de Sostenibilidad impulsado por la Consejería, como es el de acudir a los tribunales para evitar que "ni un euro de los tributos de los madrileños" vaya a parar a beneficio de la empresa privada.
Dos huelgas generales con escaso seguimiento de la Sanidad
No obstante, la movilización social en favor de la Sanidad pública y contra los recortes se ha extendido por todo el territorio nacional a lo largo de 2012, y es probable que también dé que hablar en 2013. Buena prueba de ello han sido las dos huelgas generales celebradas en nuestro país el 29 de marzo y el 14 de noviembre. Con respecto a la última, el 40 por ciento de los profesionales sanitarios del SNS secundaron la convocatoria, según los sindicatos CC.OO y UGT, aunque el seguimiento varió considerablemente de unas Comunidades a otras. Mientras los diferentes gobiernos autonómicos registraban un seguimiento de entre el 6 y el 16 por ciento según la región, los sindicatos no convocantes aseguraban que el seguimiento apenas había alcanzado el 9 por ciento.
Los efectos de los recortes sanitarios han sido denunciados a lo largo de todo 2012 en diferentes informes y encuestas, siendo la OMC una de las organizaciones sectoriales que más acciones ha llevado a cabo frente a estas políticas. A finales de octubre, el presidente de esta entidad, Juan José Rodríguez Sendín, insistía en que esa situación debía tener un límite, y advertía a las autoridades sanitarias de que se podría desembocar en un "déficit social" que fuera "insoportable". A este respecto, la decisión de Mariano Rajoy de suprimir la paga de Navidad de los empleados públicos se sumaba a los recortes salariales previos que tanto el propio Ejecutivo central como las comunidades autónomas habían ido adoptando con la crisis. Con todo esto, los sueldos de los profesionales sanitarios del SNS volvían a los niveles de 2002, según CC.OO.
Elecciones autonómicas en clave nacional
Pocos días antes de las elecciones autonómicas andaluzas, que se celebraban el 25 de marzo, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía publicaba el listado de medicamentos seleccionados para la subasta pública, una medida con la que el Gobierno autonómico pretendía ahorrar 40 millones de euros al año. En contra de todas las encuestas, el PP no lograba la mayoría necesaria para gobernar en solitario y José Antonio Griñán volvía a ser presidente con el apoyo de Izquierda Unida. Tras la ratificación de María Jesús Montero al frente de la Consejería de Salud, el Gobierno central decidía presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica medida, que era suspendida cautelarmente. Finalmente, el 14 de diciembre se conocía la noticia de que efectivamente el Tribunal Constitucional avalaba esta medida y que la Consejería de Salud y Bienestar Social sacará a subasta, al menos, la mitad de los fármacos prescritos por médicos.
También se han celebrado elecciones autonómicas en Galicia, Cataluña y Asturias en 2012. Las primeras coincidieron con los comicios vascos y suponían la consolidación de la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo en el Parlamento autonómico. Posteriormente, el recién ratificado presidente confirmaba a Rocío Mosquera como consellera de Sanidade. Por su parte, el órdago independentista de Artur Mas y su extrema política de recortes le hacían perder a CiU doce escaños en las elecciones del pasado 25 de noviembre, mientras que ERC se convertía en la segunda fuerza política del Parlamento catalán. Ambas formaciones alcanzaban un pacto en diciembre y Boi Ruiz era reelegido consejero de Salud. Con respecto a Asturias, el PSOE ganaba las elecciones autonómicas, celebradas el mismo día que los comicios andaluces, y Javier Fernández era elegido nuevo presidente del Gobierno asturiano tras obtener la mayoría absoluta en la votación de investidura. Faustino Blanco era nombrado entonces consejero de Sanidad y en los meses siguientes tendría que hacer frente a las jornadas de huelga convocadas por los sindicatos como respuesta a la propuesta del Principado de nueva apliación de la jornada.
En Baleares, Carmen Castro presentaba su dimisión como consejera de Salud en julio, un año después de la formación del Govern de José Ramón Bauzá, tras resolverse el conflicto y la amenaza de huelga de los médicos con la ley exprés que regularizaba los pagos de los complementos salariales.
Sorprendentemente, su sustituto en el cargo, Antoni Mesquida, hacia lo propio en octubre después de que el PP balear mostrara su disconformidad con algunos de sus nombramientos. Era finalmente Martí Santaloni quien se situaba al frente de la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social de Baleares. El hasta entonces director general de Gestión Económica y Farmacia del Gobierno balear tomaba posesión de su cargo a finales de octubre.
En Extremadura, Jerónima Sayagués presentaba su dimisión como consejera de Salud a principios de febrero para ocupar la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, lo cual suponía la primera crisis del Gobierno regional apenas siete meses después de tomar posesión. Le sustituía en el cargo Francisco Javier Fernández Perianes, quien se veía obligado a dejar su puesto tres meses después, en mayo, tras conocerse que estaba pasando consulta privada en la localidad portuguesa de Elvas, próxima a Badajoz. El entonces portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrión, se convertía en el tercer consejero de Salud y Política Social bajo el mandato de José Antonio Monago.
Cuando parecía que no iban a producirse más cambios en la foto del Consejo Interterritorial, el consejero de Sanidad de la Generalitat valenciana, Luis Rosado, se convertía en uno de los cuatro miembros del Consell que abandonaban su cargo en la remodelación anunciada el pasado 7 de diciembre por su presidente, Alberto Fabra. Le sustituía en el cargo Manuel Llombart, director del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), quien afirmaba en su toma de posesión que su prioridad es el paciente y que "los resultados saldrán con trabajo y compromiso". También se comprometía a mantener una Sanidad "pública, gratuita, universal y con la mejor calidad posible". El nuevo modelo de gestión sanitaria de la Comunidad Valenciana se convertía en el primer asunto a abordar en esta nueva etapa.
Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS
El Ministerio de Sanidad al fin presentaba la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS, destinada a mejorar la prevención de las enfermedades crónicas y la calidad de vida de las personas afectadas, y con la que se beneficiará el 45 por ciento de la población adulta mayor de 16 años. Así lo anunciaba la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en el mes de octubre. La número dos de Ana Mato destacaba la importancia de mejorar el abordaje de estas patologías dado su incremento vinculado al progresivo envejecimiento de la población. Las enfermedades crónicas son responsables del 80 por ciento de las consultas de atención primaria y representan un elevado porcentaje del gasto farmacéutico.
Con respecto al borrador de decreto de troncalidad, el director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Javier Castrodeza, anunciaba en mayo que Urgencias y Emergencias no iba a ser una especialidad –ni primaria ni secundaria-, sino que se configuraría como un área de capacitación específica (ACE) en el futuro posgrado, a pesar de que el anterior equipo ministerial, encabezado por Leire Pajín, aseguraba haber dejado este proyecto listo para su preceptiva remisión al Consejo de Estado. El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Tomás Toranzo, se lamentaba de que esta disciplina no acompañara finalmente a Psiquiatría del Niño y del Adolescente y Genética Clínica, y apuntaba al Real Decreto-Ley 16/2012 como trasfondo de dicha exclusión. A finales de año se presentaba la última versión del borrador, donde se mantenía dentro de la troncalidad a Neurología, Inmunología y Microbiología, y se creaban las áreas de capacitación de Hepatología, Neonatología, Enfermedades Infecciosas y Urgencias y Emergencias.
Tras muchas y variadas elucubraciones, la cartera de servicios única y homogénea del SNS era aprobada en el último Consejo Interterritorial del año, celebrado el 20 de diciembre. Entre los servicios sanitarios a los que tendrían derecho todos los españoles, independientemente de la Comunidad en la que vivan, se incluyen los tratamientos de fertilidad, el cribado neonatal (la prueba del talón de los bebés) o los implantes oftalmológicos. Tal y como anunciara la ministra de Sanidad en el mes de octubre, las mamografías también seguirán siendo gratuitas. El Consejo Interterritorial también ratificaba la aportación del paciente en transporte sanitario no urgente, ortoprótesis y dietoterapia pese a la oposición de Asturias, País Vasco y Andalucía. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaban un copago "simbólico" para el transporte sanitario no urgente de los pacientes con procesos "largos y complicados" que requieran un tratamiento "de larga duración", como los que están en tratamiento de diálisis o pacientes oncológicos, que será de 6, 12 ó 60 euros anuales en función de su renta.
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