El Ministerio de Sanidad y las CC.AA. reforzarán la transparencia del Sistema de Dependencia

Madrid (18/01/2013) - Redacción

• En el Consejo Territorial se decide dotar al Sistema de datos más homogéneos y fiables mediante la actualización de la base de datos, para lo que Ministerio y comunidades se dan un plazo de seis meses

• También se ha aprobado un catálogo de referencia de Servicios Sociales, un paso adelante en la rúbrica de un gran Pacto Gobierno-CCAA como instrumento de cohesión social y como base de unos servicios "de calidad y sostenibles"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que su Departamento y las comunidades autónomas dotarán al Sistema de Dependencia de datos más homogéneos y fiables mediante la actualización de su base de datos, para lo que se han dado un plazo de seis meses. Durante este tiempo, analizarán la información que ya obra en el modelo y sopesarán los procedimientos más adecuados para su actualización. Asimismo, se unificarán los criterios de regulación de las prestaciones y los servicios del Sistema de Dependencia y se clarificará la financiación.

Ana Mato ha explicado los acuerdos de este Consejo Territorial, cuya estructura y funcionamiento se ha remodelado, pues se funden en un único órgano la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales y el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y de Atención a la Dependencia, que antes se celebraban por separado y que a partir de ahora, en favor de una gestión más ágil y racional, y en el ahorro de tiempo y medios para las administraciones, formarán parte de un mismo organismo. Sus convocatorias se efectuarán, como mínimo, una vez cada semestre.

Éste, por tanto, ha sido el primer Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Dependencia del presente año, y por tal razón, la ministra ha ofrecido un balance de cómo se cerró en 2012 el modelo de asistencia a personas dependientes en el plano estatal. Un modelo, en palabras de la ministra, que sigue funcionando y que se aproxima a los criterios de rigor, transparencia y racionalidad que se propuso al tomar posesión del cargo.

El Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia acabó el ejercicio anterior con la menor lista de espera desde que comenzó la Ley su andadura, pues se ha reducido en poco más de 75.000 personas, lo que supone una disminución del 23 por ciento. Al mismo tiempo, se han cuantificado más altas que bajas (unas 129.000 por 110.000, aproximadamente) y un 94 por ciento de las solicitudes que se cursaron fueron valoradas.

Todos estos datos muestran un modelo "más sostenible económicamente y más accesible para el usuario", y por si fuera poco, más atento con el gran dependiente, al que necesita asistencia y servicios con urgencia.

La reforma da frutos
La reforma que puso en marcha el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto con las CCAA está empezando a dar sus frutos después de una etapa que desfasó por completo las previsiones presupuestarias y de asistencia a las personas dependientes, aparte de revelar opacidad en los datos y algunas deficiencias, algo que recoge el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del periodo 2007-2011.

Los acuerdos que se adoptaron en el anterior Consejo Territorial de julio de 2012 han sentado las bases de un modelo más equitativo, y ahora se han desarrollado algunos de esos acuerdos.

Tal y como ha explicado la ministra, se ha pactado la unificación, en beneficio de una tramitación más ágil y de la homogeneización del modelo, toda la normativa sobre las prestaciones del Sistema de Dependencia. Desde ahora, quedarán recogidos en un mismo Decreto las disposiciones que regulaban los servicios y las prestaciones por grado de dependencia, los criterios para determinar las intensidades del catálogo, las cuantías máximas de las prestaciones por grado de dependencia, la regulación de los traslados de beneficiarios entre CCAA, las incompatibilidades, el reintegro de las prestaciones y la protección de los emigrantes retornados.

Otro de los puntos que acoge esta única norma es la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la Ley.

Esta medida, junto al compromiso de mejorar la transparencia del Sistema de Información y de la gestión de la Dependencia, propiciará un modelo que vigilará el curso de cada euro invertido. Y que incidirá en su carácter preventivo, ya que las CCAA, con la coordinación del Ministerio de Sanidad plantearán Planes de Prevención de la Dependencia con iniciativas específicamente dirigidas a las personas mayores.

Lucha contra la pobreza infantil
Ana Mato ha avanzado que este mismo año su Departamento y las comunidades autónomas, en constante diálogo con las ONG´s agrupadas en el Tercer Sector y la Federación Española de Municipios y Provincias, presentarán un Plan de Acción para Inclusión Social que pondrá énfasis en el apoyo a los colectivos más vulnerables y en la lucha contra la pobreza infantil.

"El objetivo no es otro que mejorar la situación de las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, y en consecuencia, alcanzar el bienestar infantil", ha afirmado la ministra antes de incidir en que el citado Plan abarcará hasta más allá de la legislatura actual, hasta 2016. Con financiación, en parte, de los fondos europeos programados hasta 2020, el Plan de Inclusión Social comenzará su andadura con vocación de consenso, y así, se abrirá a las aportaciones de los agentes sociales agrupados en el Tercer Sector y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El Ministerio y las CCAA se han dado un plazo de seis meses.

Los ejes del Plan, no obstante, ya están sobre la mesa: defensa de la integración social, garantía del ejercicio de los derechos sociales, inserción laboral y lucha contra la pobreza infantil.

Otro de los acuerdos de calado del Consejo Territorial ha sido la configuración de un Catálogo de Referencia de Servicios Sociales. Se trata de una recomendación, no de una norma con rango legal, que han aceptado las CCAA y que viene a erigirse en una suerte de mapa sobre los servicios que han de dispensarse en cada una de las comunidades. Sin menoscabar el ámbito competencial de cada uno de los territorios, el Catálogo se constituye en un elemento de "equilibrio" y de "vertebración" del país, en palabras de la ministra.

Por ello, Mato ha recalcado que el Catálogo da respuesta a la necesidad de formalizar un Pacto Estado-CCAA en materia de servicios sociales. Con el Catálogo se consigue asegurar que los servicios que se ofrezcan en cada lugar del país guarde criterios de calidad y de sostenibilidad.

El Consejo Territorial ha establecido, por otra parte, el reparto de los créditos para la ejecución de servicios sociales básicos (el Plan Concertado, 27,5 millones de euros) y para el Plan de Desarrollo Gitano (412.000), un colectivo al que irá dirigido la Estrategia Nacional para su inclusión social, de pronta aplicación. También se destinarán 75.000 euros para la organización del Congreso Estatal del Voluntariado, que este año tendrá su sede en Navarra.

PSOE
La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha denunciado que con "los recortes permanentes" que el Gobierno de Rajoy está aplicando en el ámbito de la Política Social, sobre todo en la atención a la dependencia y en los servicios sociales básicos, "el Ejecutivo está abandonando a las personas más vulnerables, a las familias que están en riesgo de exclusión social y a las personas que no se pueden valer por sí mismas y que necesitan un apoyo, que hasta ahora era un derecho".

Jiménez, que ha destacado "la nula sensibilidad de la ministra Mato hacia la situación dramática por la que están atravesando muchos ciudadanos", ha señalado que la atención a la dependencia y los servicios sociales básicos "están en peligro por los recortes del Gobierno", en alusión a las decisiones adoptadas ayer, durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

En este sentido, ha recordado que desde que el PP gobierna, la aportación del Estado a la financiación de la Dependencia se ha visto reducida en más de un 30 por ciento, "un ataque a la sostenibilidad económica del sistema, con el objetivo de desmantelar la atención a la dependencia". En el Consejo Territorial, Jiménez afirma que el Gobierno "da un paso más en este desmantelamiento" porque disminuye la calidad de las actuales prestaciones y burocratiza el procedimiento, lo que dificulta el acceso. "Hay una orientación clara para que la provisión de servicios se privatice y lo gestionen entidades privadas", ha asegurado.

En relación con los servicios sociales básicos, la dirigente socialista ha denunciado la supresión del programa de Teleasistencia y el recorte de más del 40 por ciento en el Plan Concertado respecto a 2012 y del 65 por ciento respecto del último presupuesto del Gobierno socialista de 2011 "y todo ello a pesar de que el riesgo de exclusión social es cada día mayor en nuestro país". Por ello ha acusado a la Ministra Mato de no ser capaz de proponer ninguna medida para hacer frente a las cifras crecientes de pobreza, sino todo lo contrario porque "ha iniciado una política descontrolada de recortes y ajustes que está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos básicos".