OPINIÓN | Crisis sanitaria en Madrid
Externalizar la Consejería, ¿una medida coherente?
El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en una rueda de prensa. | J.J. GuillenEl pasado 27 de diciembre el gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la posibilidad de externalizar una serie de hospitales y de centros de atención primaria. Lo hizo con el argumento de generar ahorro a través de una gestión más eficiente. Con esta medida estaba transmitiendo esencialmente un mensaje.
La sanidad pública, es decir, la propia consejería, resultaba incapaz de gestionar de manera adecuada los centros a su cargo. Es más, dejaba ver que las cuentas iban a cuadrar mejor incluso con el plus de costo añadido en concepto de beneficios que recibirían las entidades privadas que asumieran el reto.
El argumento fundamental se basaba en la mayor flexibilidad para la gestión que ofrece el sector privado. El clamor popular en contra de ello vivido durante los meses anteriores se explicaba con toda suerte de argumentos. Desde el deseo de sacar tajada política por parte de la oposición o de unos sindicatos que no tienen otra cosa que hacer, hasta el clasismo y la hipocresía de unos médicos incoherentes que critican la medida mientras mantienen sus consultas privadas por la tarde.
Pienso que para ser plenamente coherente quizás el gobierno autonómico debería haber asumido al menos una parte de responsabilidad en la supuesta mala gestión (gestión ineficiente) de unos centros sobre los que ha tenido y tiene capacidad para tomar toda suerte de decisiones. Nombra a sus cuadros directivos, contrata a su personal, establece y ajusta sus presupuestos y tiene medios suficientes para modificar su funcionamiento en la medida que considere más oportuna. No haberlo hecho así, ni atreverse a hacerlo ahora, decidir que lo arreglen otros, supone un reconocimiento no confesado de fracaso.
Para quien no tiene orejeras las causas de este fracaso están claras y se sitúan en la propia Comunidad. Van desde una obsesión faraónica por ganar votos a través de la creación de nuevos hospitales de necesidad dudosa, hasta la falta de valor para acometer medidas de sentido común como sacar un mayor rendimiento a centros y aparataje ampliando su horario funcional, evitar la duplicación de servicios innecesarios o, incluso, aplicar las medidas disciplinarias oportunas a aquellos empleados sobre los que pueda existir evidencia de absentismo o de incompetencia. Para mayor escarnio los responsables de esta decisión en ningún momento antes de anunciarla se han sentado a dialogar con cualquiera de las partes interesadas.
Dicho lo anterior, y siguiendo con el tema de la coherencia, una línea de mejora (y de ahorro) que debería haber sido tomada en consideración es la de externalizar (no privatizar) a la propia Consejería de Sanidad. Si es allí donde se ha generado el problema y se confiesa, implícita pero claramente, la incapacidad para tomar soluciones propias, vayamos a la raíz. Externalicemos la Consejería.
Abramos las puertas a una mejor gestión llevada a cabo por entidades privadas más eficientes. Los argumentos para ello no tienen por qué variar mucho de los que ahora se esgrimen. Existiría una mayor flexibilidad a la hora de contratar y, sobre todo, despedir personal y se podría actuar más fácilmente sobre los numerosos interinos y eventuales existentes (en este caso a muchos de ellos se les conoce como asesores). Además, se situarían en un mismo plano de responsabilidad de gestión el órgano superior (la Consejería) y los centros dependientes de la misma. Es seguro que se reduciría la plantilla actual de la propia Consejería. También se limitaría la capacidad de los centros externalizados para pedir más dinero cuando las cuentas no acaben de cuadrar. Con todo ello es más que probable que se lograra un ahorro muy superior a los algo más de 500 millones en los que cifran el exceso contable los actuales dirigentes.
Todavía podríamos añadir otras ventajas potenciales. Si tras un periodo de prueba el experimento funciona se pueden buscar soluciones similares para otros casos problemas. Se puede pensar en externalizar la Consejería Transportes. También la de Educación, la de Seguridad Ciudadana y probablemente algunas más. Incluso si se mantienen las ventajas cabría externalizar la propia presidencia de la Comunidad.
Lo malo de esta espiral es que al final de la misma es previsible que las desigualdades entre los ciudadanos se hayan multiplicado e incluso que nos hayamos cargado nuestro propio sistema democrático, eso que tan difícil nos resultó alcanzar pero que nos permite votar dirigentes y gestores supuestamente responsables de la buena marcha de la cosa pública.
(*)José Manuel Ribera Casado es Catedrático Emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina.
La sanidad pública, es decir, la propia consejería, resultaba incapaz de gestionar de manera adecuada los centros a su cargo. Es más, dejaba ver que las cuentas iban a cuadrar mejor incluso con el plus de costo añadido en concepto de beneficios que recibirían las entidades privadas que asumieran el reto.
El argumento fundamental se basaba en la mayor flexibilidad para la gestión que ofrece el sector privado. El clamor popular en contra de ello vivido durante los meses anteriores se explicaba con toda suerte de argumentos. Desde el deseo de sacar tajada política por parte de la oposición o de unos sindicatos que no tienen otra cosa que hacer, hasta el clasismo y la hipocresía de unos médicos incoherentes que critican la medida mientras mantienen sus consultas privadas por la tarde.
Pienso que para ser plenamente coherente quizás el gobierno autonómico debería haber asumido al menos una parte de responsabilidad en la supuesta mala gestión (gestión ineficiente) de unos centros sobre los que ha tenido y tiene capacidad para tomar toda suerte de decisiones. Nombra a sus cuadros directivos, contrata a su personal, establece y ajusta sus presupuestos y tiene medios suficientes para modificar su funcionamiento en la medida que considere más oportuna. No haberlo hecho así, ni atreverse a hacerlo ahora, decidir que lo arreglen otros, supone un reconocimiento no confesado de fracaso.
Para quien no tiene orejeras las causas de este fracaso están claras y se sitúan en la propia Comunidad. Van desde una obsesión faraónica por ganar votos a través de la creación de nuevos hospitales de necesidad dudosa, hasta la falta de valor para acometer medidas de sentido común como sacar un mayor rendimiento a centros y aparataje ampliando su horario funcional, evitar la duplicación de servicios innecesarios o, incluso, aplicar las medidas disciplinarias oportunas a aquellos empleados sobre los que pueda existir evidencia de absentismo o de incompetencia. Para mayor escarnio los responsables de esta decisión en ningún momento antes de anunciarla se han sentado a dialogar con cualquiera de las partes interesadas.
Dicho lo anterior, y siguiendo con el tema de la coherencia, una línea de mejora (y de ahorro) que debería haber sido tomada en consideración es la de externalizar (no privatizar) a la propia Consejería de Sanidad. Si es allí donde se ha generado el problema y se confiesa, implícita pero claramente, la incapacidad para tomar soluciones propias, vayamos a la raíz. Externalicemos la Consejería.
Abramos las puertas a una mejor gestión llevada a cabo por entidades privadas más eficientes. Los argumentos para ello no tienen por qué variar mucho de los que ahora se esgrimen. Existiría una mayor flexibilidad a la hora de contratar y, sobre todo, despedir personal y se podría actuar más fácilmente sobre los numerosos interinos y eventuales existentes (en este caso a muchos de ellos se les conoce como asesores). Además, se situarían en un mismo plano de responsabilidad de gestión el órgano superior (la Consejería) y los centros dependientes de la misma. Es seguro que se reduciría la plantilla actual de la propia Consejería. También se limitaría la capacidad de los centros externalizados para pedir más dinero cuando las cuentas no acaben de cuadrar. Con todo ello es más que probable que se lograra un ahorro muy superior a los algo más de 500 millones en los que cifran el exceso contable los actuales dirigentes.
Todavía podríamos añadir otras ventajas potenciales. Si tras un periodo de prueba el experimento funciona se pueden buscar soluciones similares para otros casos problemas. Se puede pensar en externalizar la Consejería Transportes. También la de Educación, la de Seguridad Ciudadana y probablemente algunas más. Incluso si se mantienen las ventajas cabría externalizar la propia presidencia de la Comunidad.
Lo malo de esta espiral es que al final de la misma es previsible que las desigualdades entre los ciudadanos se hayan multiplicado e incluso que nos hayamos cargado nuestro propio sistema democrático, eso que tan difícil nos resultó alcanzar pero que nos permite votar dirigentes y gestores supuestamente responsables de la buena marcha de la cosa pública.
(*)José Manuel Ribera Casado es Catedrático Emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina.
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