Lasquetty: “Hacienda reclamará el euro por receta a quien no lo pague" | Madrid | EL PAÍS
Lasquetty: “Hacienda reclamará el euro por receta a quien no lo pague"
El consejero dice que solo "unos pocos" han objetado
Asociaciones como Facua alientan la campaña de desobediencia
Manos Limpias presenta una denuncia por "prevaricación" contra el presidente madrileño
La Comunidad de Madrid ha empezado a cobrar el polémico euro por receta el 1 de enero, y ella misma ha elaborado y distribuido unos formularios para que los ciudadanos dejen constancia de que se niegan a pagarlo. Muchas farmacias ya tenían ayer estos documentos, que deben rellenarse en tres copias por cada receta que no se pague. Sin embargo, objetar al euro por receta no saldrá gratis, según ha afirmado esta mañana el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en una entrevista en Telecinco. "Como toda tasa, todo aquel que utiliza el servicio está obligado a pagarla", ha afirmado.
"En el caso de que alguna persona, que ayer se dieron unos pocos casos, no pensemos que esto es generalizado, se niegue a pagarla lo que se hace es dejar constancia de sus datos a través de ese formulario para que luego Hacienda le reclame", ha añadido. El propio documento señala claramente: "El no pago de la tasa supone el incumplimiento de una obligación tributaria". El consejero ha insistido en las consecuencias que puede tener negarse a pagar la tasa: "Que la gente no piense que esto no tiene consecuencias; tiene las mismas que cuando uno se niega a pagar a la hacienda pública en cualquier otro ámbito, consecuencias serias".
En Cataluña, que cobra el euro por receta desde junio pasado, el movimiento de objeción ha supuesto que un 0,07% de recetas se hayan dispensado sin abonar el correspondiente euro, según datos del Departamento de Salud catalán. Un alto cargo de este departamento reconoció a finales de septiembre que cerca de 3.000 personas habían manifestado su negativa a pagar esta tasa, que el Ejecutivo central ha anunciado que recurrirá en cuestión de días en el Tribunal Constitucional. Desde entonces pueden ser muchos más. Y en ninguno de los casos la Generalitat ha iniciado trámite alguno para reclamar el pago, tal y como reconoció ayer a este diario una portavoz de Salud. Está estudiando cómo hacerlo, añadió esta fuente.
Colectivos como Dempeus per la salut pública y Yo no pago aseguran que el recargo que se puede aplicar es de un 20%, por lo que cada receta supondría 1,20 euros. Sin embargo, creen que la burocracia necesaria para reclamar el pago sería más cara que recaudar ese dinero. Lasquetty ha asegurado esta mañana que Hacienda exigirá el pago "con el recargo y, en su caso, con la sanción que pueda tener". "Todos sabemos que no pagar a hacienda tiene consecuencias que no son positivas y que no son agradables", ha añadido.
La normativa que se aplica en este caso es el Real Decreto 939/2005, que aprueba el procedimiento general de recaudación. Este texto recoge el procedimiento de liquidación y el de apremio. El artículo 70 del real decreto, que versa sobre la providencia de apremio, señala: "En caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente en dicho plazo, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento y de los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda".
La asociación de consumidores Facua está llamando a la objeción al euro por receta. Considera que "esta medida supone un nuevo repago y un atentado contra el sistema público de salud tal y como hemos conocido hasta ahora, con el establecimiento de una tasa recaudatoria que atenta contra la equidad y la igualdad en el acceso a los medicamentos, por lo que vulnera nuestra Constitución". Argumenta también que el Consejo de Estado emitió un dictamen en junio en el que indicaba que el euro por receta "puede vulnerar el orden constitucional de competencias".
El sindicato Manos Limpias ha presentado este jueves una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el consejero de Sanidad. La denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, se ha presentado esta mañana ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por tratarse de aforados. Los denunciados, según Manos Limpias, dictan "una norma a sabiendas de su injusticia y de que se trata de una ilegalidad", tal como ha considerado el Gobierno al impugnar el euro por receta en Cataluña. En su argumentación jurídica, Manos Limpias sostiene que la Comunidad de Madrid invade con esta aprobación competencias del Estado y que vulnera el principio del artículo 14 del texto Constitucional.
La viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, ha tachado este jueves de "absolutamente injustificada" la denuncia presentada esta mañana por Manos Limpias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el presidente y el consejero de Sanidad por un presunto delito de prevaricación, informa Europa Press. Flores ha asegurado que prevaricar supone "incumplir una Ley a sabiendas" y, en este caso, la tasa se aprobó "a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas con todos los informes jurídicos pertinentes". "Se trata de una medida que tiene un carácter disuasorio para racionalizar el gasto farmacéutico", ha añadido.
"En el caso de que alguna persona, que ayer se dieron unos pocos casos, no pensemos que esto es generalizado, se niegue a pagarla lo que se hace es dejar constancia de sus datos a través de ese formulario para que luego Hacienda le reclame", ha añadido. El propio documento señala claramente: "El no pago de la tasa supone el incumplimiento de una obligación tributaria". El consejero ha insistido en las consecuencias que puede tener negarse a pagar la tasa: "Que la gente no piense que esto no tiene consecuencias; tiene las mismas que cuando uno se niega a pagar a la hacienda pública en cualquier otro ámbito, consecuencias serias".
En Cataluña, que cobra el euro por receta desde junio pasado, el movimiento de objeción ha supuesto que un 0,07% de recetas se hayan dispensado sin abonar el correspondiente euro, según datos del Departamento de Salud catalán. Un alto cargo de este departamento reconoció a finales de septiembre que cerca de 3.000 personas habían manifestado su negativa a pagar esta tasa, que el Ejecutivo central ha anunciado que recurrirá en cuestión de días en el Tribunal Constitucional. Desde entonces pueden ser muchos más. Y en ninguno de los casos la Generalitat ha iniciado trámite alguno para reclamar el pago, tal y como reconoció ayer a este diario una portavoz de Salud. Está estudiando cómo hacerlo, añadió esta fuente.
Colectivos como Dempeus per la salut pública y Yo no pago aseguran que el recargo que se puede aplicar es de un 20%, por lo que cada receta supondría 1,20 euros. Sin embargo, creen que la burocracia necesaria para reclamar el pago sería más cara que recaudar ese dinero. Lasquetty ha asegurado esta mañana que Hacienda exigirá el pago "con el recargo y, en su caso, con la sanción que pueda tener". "Todos sabemos que no pagar a hacienda tiene consecuencias que no son positivas y que no son agradables", ha añadido.
Cataluña, que aplica el euro por receta desde junio, no ha iniciado ningún procedimiento contra los objetores
La asociación de consumidores Facua está llamando a la objeción al euro por receta. Considera que "esta medida supone un nuevo repago y un atentado contra el sistema público de salud tal y como hemos conocido hasta ahora, con el establecimiento de una tasa recaudatoria que atenta contra la equidad y la igualdad en el acceso a los medicamentos, por lo que vulnera nuestra Constitución". Argumenta también que el Consejo de Estado emitió un dictamen en junio en el que indicaba que el euro por receta "puede vulnerar el orden constitucional de competencias".
El sindicato Manos Limpias ha presentado este jueves una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el consejero de Sanidad. La denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, se ha presentado esta mañana ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por tratarse de aforados. Los denunciados, según Manos Limpias, dictan "una norma a sabiendas de su injusticia y de que se trata de una ilegalidad", tal como ha considerado el Gobierno al impugnar el euro por receta en Cataluña. En su argumentación jurídica, Manos Limpias sostiene que la Comunidad de Madrid invade con esta aprobación competencias del Estado y que vulnera el principio del artículo 14 del texto Constitucional.
La viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, ha tachado este jueves de "absolutamente injustificada" la denuncia presentada esta mañana por Manos Limpias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el presidente y el consejero de Sanidad por un presunto delito de prevaricación, informa Europa Press. Flores ha asegurado que prevaricar supone "incumplir una Ley a sabiendas" y, en este caso, la tasa se aprobó "a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas con todos los informes jurídicos pertinentes". "Se trata de una medida que tiene un carácter disuasorio para racionalizar el gasto farmacéutico", ha añadido.
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