Lertxundi pide la garantía de una Sanidad universal, pública y de calidad, paralizar la privatización y suprimir el copago
Madrid (09/01/2013) - Redacción
El portavoz del PSOE en Sanidad y Servicios Sociales defenderá en el Senado, en una moción consecuencia de interpelación, que el Gobierno elabore un proyecto de Ley para asegurar la universalización plena de la asistencia sanitaria
El portavoz socialista en Sanidad y Servicios Sociales y senador por la Comunidad Autónoma del País Vasco, Roberto Lertxundi, defenderá en el Pleno extraordinario de la Cámara Alta del próximo martes, día 15, una moción consecuencia de interpelación en la que reclamará al Gobierno que garantice una sanidad universal y de calidad financiada con los fondos públicos. También exigirá al Ejecutivo del PP que paralice la privatización de los servicios sanitarios públicos y suprima el copago farmacéutico.
Concretamente, Lertxundi pedirá, a través de esta propuesta, que el Gobierno reconozca el derecho a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a todas las personas, por razón de ciudadanía y que, para ello, redacte un proyecto de Ley que asegure la universalización plena de la asistencia sanitaria.
El parlamentario del PSOE también solicitará al Ejecutivo que restablezca la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, sin previsión de copago por parte de los usuarios y garantice que, en las aportaciones en la prestación farmacéutica, queden excluidos los pensionistas y los parados de larga duración sin prestación económica y además, se suprima la categorización de carteras de servicios sanitarios básica, suplementaria y accesoria, establecida en el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril.
Por otro lado, Roberto Lertxundi exigirá que se paralice, de inmediato, la privatización de servicios sanitarios públicos que se está produciendo en determinados servicios regionales de salud y en especial en Madrid y Valencia, para evitar riesgos de afectación del derecho constitucional de protección de la salud y en la calidad asistencial.
Lertxundi instará al Gobierno a que presente, en el plazo de tres meses, un proyecto de Ley que garantice la naturaleza publica de la financiación, la provisión y la gestión de los servicios de salud e impida que en la prestación de servicios sanitarios no se dé la calidad asistencial necesaria y no se respeten los derechos de los usuarios, derogando la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
En esta línea, el senador socialista propondrá al Ejecutivo asegurar la prestación farmacéutica en el conjunto del sistema sanitario evitando que situaciones de impago a oficinas de farmacia pongan en riesgo la accesibilidad a los medicamentos. Para ello, los sistemas de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas deberán tener entre sus prioridades garantizar el pago a las oficinas de farmacia.
Recurso contra el euro por receta
Roberto Lertxundi también propone en la citada moción que el Gobierno formule de manera inmediata el oportuno recurso de inconstitucionalidad, caso de materializarse la decisión de la implantación del euro por receta en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con las previsiones del artículo 33, 1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. Las decisiones adoptadas recientemente por el Gobierno respecto de similar medida tomada por otras comunidades autónomas aconsejan no dilatar los plazos de presentación de este recurso.
Por último, pide que se acuerde, en el plazo de un mes, con las CCAA en el seno del Consejo interterritorial del SNS, un sistema común para asegurar la devolución del dinero que los pensionistas pagan por encima del tope establecido en el copago farmacéutico en aquellas comunidades en que esto ocurre.
Concretamente, Lertxundi pedirá, a través de esta propuesta, que el Gobierno reconozca el derecho a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a todas las personas, por razón de ciudadanía y que, para ello, redacte un proyecto de Ley que asegure la universalización plena de la asistencia sanitaria.
El parlamentario del PSOE también solicitará al Ejecutivo que restablezca la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, sin previsión de copago por parte de los usuarios y garantice que, en las aportaciones en la prestación farmacéutica, queden excluidos los pensionistas y los parados de larga duración sin prestación económica y además, se suprima la categorización de carteras de servicios sanitarios básica, suplementaria y accesoria, establecida en el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril.
Por otro lado, Roberto Lertxundi exigirá que se paralice, de inmediato, la privatización de servicios sanitarios públicos que se está produciendo en determinados servicios regionales de salud y en especial en Madrid y Valencia, para evitar riesgos de afectación del derecho constitucional de protección de la salud y en la calidad asistencial.
Lertxundi instará al Gobierno a que presente, en el plazo de tres meses, un proyecto de Ley que garantice la naturaleza publica de la financiación, la provisión y la gestión de los servicios de salud e impida que en la prestación de servicios sanitarios no se dé la calidad asistencial necesaria y no se respeten los derechos de los usuarios, derogando la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
En esta línea, el senador socialista propondrá al Ejecutivo asegurar la prestación farmacéutica en el conjunto del sistema sanitario evitando que situaciones de impago a oficinas de farmacia pongan en riesgo la accesibilidad a los medicamentos. Para ello, los sistemas de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas deberán tener entre sus prioridades garantizar el pago a las oficinas de farmacia.
Recurso contra el euro por receta
Roberto Lertxundi también propone en la citada moción que el Gobierno formule de manera inmediata el oportuno recurso de inconstitucionalidad, caso de materializarse la decisión de la implantación del euro por receta en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con las previsiones del artículo 33, 1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. Las decisiones adoptadas recientemente por el Gobierno respecto de similar medida tomada por otras comunidades autónomas aconsejan no dilatar los plazos de presentación de este recurso.
Por último, pide que se acuerde, en el plazo de un mes, con las CCAA en el seno del Consejo interterritorial del SNS, un sistema común para asegurar la devolución del dinero que los pensionistas pagan por encima del tope establecido en el copago farmacéutico en aquellas comunidades en que esto ocurre.
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