Los médicos piden gestores sanitarios “capaces de enfrentar las reformas”
El PP lo considera un ataque a sus Gobiernos y reclama que “se respete la soberanía ciudadana”
Las asociaciones científicas y la organización colegial piden que se hagan públicos los estudios que justifican la privatización
Los médicos quieren participar en las decisiones sobre el sistema de salud, y no ven con buenos ojos el proceso de privatización. Los últimos en apuntarse a las críticas han sido la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España y la Organización Médica Colegial, que han suscrito un manifiesto conjunto. Con ello, las protestas toman un nuevo cariz, ya que no se trata de las organizaciones encargadas de investigar y asegurar que la atención que se presta es de la máxima calidad.
En el manifiesto, que ha filtrado Redacción Médica, se afirma que cualquier cambio en el sistema público debe “sustentarse sobre estudios rigurosos que demuestren que dichas medidas garantizan y/o mejoran efectivamente su eficiencia y calidad frente a la situación actual”. Con ello ponen de manifiesto que no hay –o no se conocen- estudios por parte de las Administraciones que justifiquen las privatizaciones.
Respecto a la transferencia de la sanidad a empresas privadas, señalan que en “algunas comunidades” la Administración “parece dispuesta a limitar su responsabilidad directa de gestionar el sistema sanitario público […] sin enfrentar decididamente medidas para preservar y/o introducir mejoras en el funcionamiento del propio sistema sanitario público”. Y, en la crítica que más ha escocido a los dirigentes sanitarios, añaden que “esta actitud debería ser cuidadosamente revisada, incluyendo si fuera necesaria la renovación de gestores buscando responsables capaces de enfrentar verdaderamente el conjunto de las reformas necesarias”. “Los políticos que propugnan la privatización de la gestión de la sanidad deben hacer públicos los estudios sobre los que basan sus propuestas y someterlos al escrutinio de los agentes interesados. No se trata de una solicitud de información, sino una exigencia democrática”.
A falta de contrargumentos, mantienen que “frente a la propuesta de transferir la gestión sanitaria a empresas privadas, existen alternativas […] como mínimo tan eficaces y eficientes”, que “garantizan la calidad, preservan los principios generales que inspiran el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y son, sin duda, menos traumáticas de implantar”.
Los firmantes no dudan de que haya que hacer cambios; es más, los consideran urgentes. Precisamente por eso apelan “a las Administraciones a un diálogo tan riguroso como urgente”. Mientras este se produzca, solicitan “que se suspenda cualquier iniciativa hasta que este trabajo conjunto establezca los caminos más apropiados para mejorar la eficacia del sistema”.
Este último frente no ha sentado nada bien al PP. Y, mucho menos, lo ha hecho la idea de que haya que cambiar los gestores sanitarios. “Los Consejeros de Sanidad de las Comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Rioja, Valencia y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, forman parte de Gobiernos elegidos democráticamente y, por tanto, son fruto de la soberanía ciudadana y están legitimados para la toma de decisiones en sus competencias en materia de gestión en favor del sistema sanitario público de nuestro país”, empieza la nota que han emitido. “La elección democrática de los dirigentes públicos les dota de plena legitimidad para tomar las decisiones en la gestión de los recursos públicos que supongan el uso más eficiente y de esos recursos. Asumir el compromiso que la soberanía ciudadana otorga a los dirigentes públicos es un ejercicio de responsabilidad y respeto hacia los ciudadanos que no puede ser cuestionado”, redundan.
En el comunicado arremeten, sobre todo, contra el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín. Y afirman que “lamentan que un presidente de una organización colegiada y representativa de los profesionales se posicione políticamente contra los responsables de la sanidad española democráticamente elegidos. Un posicionamiento partidista que nunca antes se había formulado”. “Utilizar la demagogia y amedrentar a los pacientes con debates poco rigurosos no ayuda a cumplir con los fines de una organización tan respetable como la OMC”. Las c´riticas acaban con una más personal: la de que Rodríguez Sendín haya firmado el manifiesto ante la “cercanía de las próximas elecciones de la OMC no justifica su afán por hacer campaña electoral a costa de los consejeros de Sanidad”.
Comunicado por comunicado, la OMC ha respondido con uno. En él, afirma primero que el manifiesto es "un documento promovido y elaborado por la Federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME) y las Sociedades Científico-Médicas, al que estas entidades han solicitado la adhesión del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)". En él, "tal y como se puede comprobar", en ningún caso se solicita "el cambio de los consejeros de sanidad y, menos aún, se intenta suplantar la soberanía ciudadana". Por último, "lamenta la interpretación que se ha hecho de este manifiesto y la campaña de descrédito que ello conlleva tanto para la corporación como para su máximo responsable".
En el manifiesto, que ha filtrado Redacción Médica, se afirma que cualquier cambio en el sistema público debe “sustentarse sobre estudios rigurosos que demuestren que dichas medidas garantizan y/o mejoran efectivamente su eficiencia y calidad frente a la situación actual”. Con ello ponen de manifiesto que no hay –o no se conocen- estudios por parte de las Administraciones que justifiquen las privatizaciones.
Respecto a la transferencia de la sanidad a empresas privadas, señalan que en “algunas comunidades” la Administración “parece dispuesta a limitar su responsabilidad directa de gestionar el sistema sanitario público […] sin enfrentar decididamente medidas para preservar y/o introducir mejoras en el funcionamiento del propio sistema sanitario público”. Y, en la crítica que más ha escocido a los dirigentes sanitarios, añaden que “esta actitud debería ser cuidadosamente revisada, incluyendo si fuera necesaria la renovación de gestores buscando responsables capaces de enfrentar verdaderamente el conjunto de las reformas necesarias”. “Los políticos que propugnan la privatización de la gestión de la sanidad deben hacer públicos los estudios sobre los que basan sus propuestas y someterlos al escrutinio de los agentes interesados. No se trata de una solicitud de información, sino una exigencia democrática”.
A falta de contrargumentos, mantienen que “frente a la propuesta de transferir la gestión sanitaria a empresas privadas, existen alternativas […] como mínimo tan eficaces y eficientes”, que “garantizan la calidad, preservan los principios generales que inspiran el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y son, sin duda, menos traumáticas de implantar”.
Los firmantes no dudan de que haya que hacer cambios; es más, los consideran urgentes. Precisamente por eso apelan “a las Administraciones a un diálogo tan riguroso como urgente”. Mientras este se produzca, solicitan “que se suspenda cualquier iniciativa hasta que este trabajo conjunto establezca los caminos más apropiados para mejorar la eficacia del sistema”.
Este último frente no ha sentado nada bien al PP. Y, mucho menos, lo ha hecho la idea de que haya que cambiar los gestores sanitarios. “Los Consejeros de Sanidad de las Comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Rioja, Valencia y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, forman parte de Gobiernos elegidos democráticamente y, por tanto, son fruto de la soberanía ciudadana y están legitimados para la toma de decisiones en sus competencias en materia de gestión en favor del sistema sanitario público de nuestro país”, empieza la nota que han emitido. “La elección democrática de los dirigentes públicos les dota de plena legitimidad para tomar las decisiones en la gestión de los recursos públicos que supongan el uso más eficiente y de esos recursos. Asumir el compromiso que la soberanía ciudadana otorga a los dirigentes públicos es un ejercicio de responsabilidad y respeto hacia los ciudadanos que no puede ser cuestionado”, redundan.
En el comunicado arremeten, sobre todo, contra el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín. Y afirman que “lamentan que un presidente de una organización colegiada y representativa de los profesionales se posicione políticamente contra los responsables de la sanidad española democráticamente elegidos. Un posicionamiento partidista que nunca antes se había formulado”. “Utilizar la demagogia y amedrentar a los pacientes con debates poco rigurosos no ayuda a cumplir con los fines de una organización tan respetable como la OMC”. Las c´riticas acaban con una más personal: la de que Rodríguez Sendín haya firmado el manifiesto ante la “cercanía de las próximas elecciones de la OMC no justifica su afán por hacer campaña electoral a costa de los consejeros de Sanidad”.
Comunicado por comunicado, la OMC ha respondido con uno. En él, afirma primero que el manifiesto es "un documento promovido y elaborado por la Federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME) y las Sociedades Científico-Médicas, al que estas entidades han solicitado la adhesión del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)". En él, "tal y como se puede comprobar", en ningún caso se solicita "el cambio de los consejeros de sanidad y, menos aún, se intenta suplantar la soberanía ciudadana". Por último, "lamenta la interpretación que se ha hecho de este manifiesto y la campaña de descrédito que ello conlleva tanto para la corporación como para su máximo responsable".
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