Negocio sanitario
El ‘modelo Alzira’ defendido por el PP ha creado un oligopolio que vive de los fondos públicos
La investigación realizada por este periódico sobre la estructura de las empresas que gestionan parte de la sanidad pública española arroja algunos datos que mueven a la desconfianza. La iniciativa privada ha demostrado su solvencia en el sector tanto en España como en el resto del mundo, pero el modelo puesto en marcha por el Partido Popular hace 16 años en Alzira (Valencia), que ahora se va a extender a Madrid y Castilla-La Mancha, es una suerte de artefacto privado que vive y se beneficia prácticamente en exclusiva de los fondos públicos. Tal realidad contradice el argumento general de que el sistema público es insostenible, dado que, bajo dicho modelo, es capaz de generar excedentes económicos.
El llamado modelo Alzira no es un mero sistema de conciertos con centros privados de excelencia. Las dos empresas que gestionan los hospitales y centros de salud públicos de gestión privada —Capio y Ribera Salud—, prácticamente en oligopolio, nacieron y obtienen el grueso de sus ingresos del dinero que les asignan sus respectivas consejerías de Salud. Ambas obtienen beneficios millonarios que no revierten en los contribuyentes, sino en los accionistas de tales conglomerados.
El trasvase de directivos del sector público al privado y viceversa se realiza sin requisitos previos de incompatibilidad. Entre ellos hay exdirigentes tanto del PP como del PSOE. La opacidad de sus cuentas y estructura dificulta la supervisión por parte del estamento público que les inyecta los fondos. A ello hay que sumar un constante cambio de accionariado.
Son datos que despiertan el recelo entre los profesionales de la sanidad y que debieran alertar a los responsables políticos. Ignacio González en Madrid y María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, lejos de revisar sus planes o, cuando menos, buscar fórmulas que eviten ese desvío de dinero público sin apenas control, parecen dispuestos a clonar el modelo valenciano esgrimiendo débiles argumentos. Los políticos que defienden la gestión privada dicen que esta es mejor que la pública, lo que, por lógica, pone en tela de juicio su propia capacidad de manejar el dinero de los contribuyentes. La realidad, además, rebate otro argumento esencial: el de la eficiencia. Se alega que la sanidad privada es más barata —441 euros por habitante y año frente a los 600 en la pública—, pero en 2012 la Comunidad de Valencia pagó un canon de 639 euros por habitante a Ribera Salud UTE, la empresa que gestiona Alzira, que ahora pide elevar la tasa por resultarle insuficiente.
González y Cospedal planean privatizar la gestión de 10 hospitales y 27 centros de salud ya existentes. Tal operación es de enorme envergadura, lo que puede aumentar la capacidad de imponer condiciones por parte de las empresas que resulten agraciadas, un peligro ya existente en la situación actual. Por añadidura, no está demostrado el poder ahorrador del empeño.
El llamado modelo Alzira no es un mero sistema de conciertos con centros privados de excelencia. Las dos empresas que gestionan los hospitales y centros de salud públicos de gestión privada —Capio y Ribera Salud—, prácticamente en oligopolio, nacieron y obtienen el grueso de sus ingresos del dinero que les asignan sus respectivas consejerías de Salud. Ambas obtienen beneficios millonarios que no revierten en los contribuyentes, sino en los accionistas de tales conglomerados.
El trasvase de directivos del sector público al privado y viceversa se realiza sin requisitos previos de incompatibilidad. Entre ellos hay exdirigentes tanto del PP como del PSOE. La opacidad de sus cuentas y estructura dificulta la supervisión por parte del estamento público que les inyecta los fondos. A ello hay que sumar un constante cambio de accionariado.
Son datos que despiertan el recelo entre los profesionales de la sanidad y que debieran alertar a los responsables políticos. Ignacio González en Madrid y María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, lejos de revisar sus planes o, cuando menos, buscar fórmulas que eviten ese desvío de dinero público sin apenas control, parecen dispuestos a clonar el modelo valenciano esgrimiendo débiles argumentos. Los políticos que defienden la gestión privada dicen que esta es mejor que la pública, lo que, por lógica, pone en tela de juicio su propia capacidad de manejar el dinero de los contribuyentes. La realidad, además, rebate otro argumento esencial: el de la eficiencia. Se alega que la sanidad privada es más barata —441 euros por habitante y año frente a los 600 en la pública—, pero en 2012 la Comunidad de Valencia pagó un canon de 639 euros por habitante a Ribera Salud UTE, la empresa que gestiona Alzira, que ahora pide elevar la tasa por resultarle insuficiente.
González y Cospedal planean privatizar la gestión de 10 hospitales y 27 centros de salud ya existentes. Tal operación es de enorme envergadura, lo que puede aumentar la capacidad de imponer condiciones por parte de las empresas que resulten agraciadas, un peligro ya existente en la situación actual. Por añadidura, no está demostrado el poder ahorrador del empeño.
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