Un Constitucional renovado y con mucho trabajo por hacer

El Gobierno central y las autonomías trasladan al tribunal sus diferencias. Importantes temas sanitarios están pendientes de una decisión judicial.

Soledad Valle | soledad.valle@unidadeditorial.es | 08/01/2013 00:00

En 2012 el Tribunal Constitucional vio concedida una plegaria: la renovación de cuatro de sus magistrados, que era una obligación postergada por los partidos políticos mayoritarios hasta casi el sin sentido.

Los juristas Encarnación Roca, Fernando Valdés, Juan José González Rivas y Andrés Ollero entraron a formar parte de los doce magistrados que conforman el órgano judicial presidido por Pascual Sala Sánchez. Energía renovada que, sin duda, habrá sido bienvenida dado que el Constitucional se ha convertido en una cámara legislativa o, visto de otro modo, en el árbitro en las batallas que libran las comunidades autónomas con el Gobierno central, multiplicadas en los últimos meses, y en las que las normas aprobadas al amparo de la necesidad de recortar el gasto Sanitario ocupan un lugar destacado.

Subasta andaluza
Despedimos el año con la decisión del tribunal de levantar la suspensión cautelar que había impuesto a la subasta de medicamentos aprobada por la Junta de Andalucía, como respuesta al recurso presentado por el Gobierno. Pero todavía está pendiente que el órgano judicial se pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la constitucionalidad de una medida que, en palabras de Ana Mato, ministra de Sanidad, invade competencias estatales.

La decisión del País Vasco de atender a inmigrantes sin papeles, en encontra de lo recogido en el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, se encuentra en una situación similar al caso andaluz. El Constitucional ha decidido que, mientras resuelve la cuestión, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza puede mantener la asistencia a los sin papeles.

La exclusión del inmigrante irregular del servicio sanitario gratuito ha sido una medida muy cuestionada no sólo desde el punto de vista legal -otras autonomías como Navarra, Canarias y Asturias también están desoyendo la norma estatal-, sino también desde el punto de vista ético. Muchos médicos consideran un deber ético la atención al paciente, sin discriminación alguna, y los representantes de la Organización Médica Colegial (OMC) han apoyando esa postura.

Otra batalla entre competencias autonómicas que tendrá que resolver el Constitucional es el pago de un euro por receta que se lleva aplicando en Cataluña durante casi medio año y que el 1 de enero entró en vigor en Madrid.

El recurso de inconstitucionalidad contra la tasa en Cataluña lo presentó el Gobierno central a mediados del pasado diciembre; el tribunal no se ha pronunciado todavía, pues ni siquiera ha confirmado su admisión a trámite. Detrás, vendrá el recurso contra la misma medida aplicada en Madrid, según ha anunciado el Gobierno.

El Defensor
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también tiene un papel reservado en estos trámites, pues hasta ella llegan las solicitudes de ciudadanos pidiendo recurrir al Constitucional cuestiones sanitarias. Por ahora, esta institución está actuando como un filtro desestimando, por ejemplo, el casi centenar de peticiones que recibió contra el Real Decreto Ley 16/2012. Entre ellas estaba la presentada por la OMC por las nuevas consideraciones sobre médicos estatutarios y funcionarios que recoge la citada norma.
Estos temas y otros relativos mantendrán al máximo garante de nuestro Estado de Derecho más que ocupado.

Puestos a vaticinar lo que dará de sí 2013, cabría pensar en un pronunciamiento conjunto de los magistrados del Constitucional contra el poder legislativo instándoles a elaborar unas normas más consensuadas o más claras. En definitiva, devolver el carácter de excepcionalidad, al recurso de inconstitucionalidad.