CRISIS: desde los pepinos hasta los pacientes (*) :: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad ::

La ‘crisis de los pepinos’ y la nueva norma sobre cuidados paliativos marcan un CISNS cada vez más político: los consejeros del Partido Popular no acudieron

Redacción/E.P.

Representantes del PP y del Ministerio y el PSOE intercambian acusaciones por la convocatoria del Pleno y por la no asistencia, respectivamente

La nueva normativa sobre la atención en los momentos finales de la vida también es motivo de fuerte controversia

Se aprueba la distribución de fondos para uso racional de medicamentos, estrategias de salud, planes de lucha contra el SIDA y a favor de la investigación independiente



Madrid (3-6-11).- Tal como se preveía, y como adelantó EL MÉDICO INTERACTIVO, los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular no acudieron a la convocatoria del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud, un Consejo que cada vez tiene un carácter más político y menos institucional. La protesta de los consejeros ‘populares’ se debió a que el Pleno, que no había sido convocado desde el pasado mes de diciembre (seis meses), se convocara ahora, en el proceso de cambio de color político (y de consejeros, por tanto) en varias comunidades (Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias…) y para tratar algunos temas de trascendencia económica futura; además, la queja inicial de los ‘populares’ incluía el que no se tratara la llamada ‘crisis del pepino’ con el veto en primera instancia de Alemania a los productos españoles, aunque ésta finalmente se introdujo en ‘Ruegos y preguntas’. También ha levantado polvareda otro de los puntos del orden del día, el tratamiento de la nueva normativa sobre cuidados paliativos, o de atención en los momentos finales de la vida.

Los consejeros autonómicos de Sanidad del PP no acudieron al Pleno convocado este jueves por la ministra de Sanidad, Leire Pajín, para presentar, entre otras cuestiones, su anteproyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. En concreto, faltaron a la convocatoria los consejeros de Murcia, Mari Ángeles Palacios; Comunidad Valenciana, Manuel Cervera; Madrid, Javier Fernández Lasquetty; Galicia, Pilar Farjas; La Rioja, José Ignacio Nieto; Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola; Ceuta, Adela María Nieto, y Melilla, María Antonia Garbín.

Se trata de la primera vez en la que los consejeros autonómicos de un determinado signo político deciden hacer un 'plante' a un ministro de signo político contrario no presentándose al CISNS. En varias ocasiones, tanto consejeros del PP como del PSOE han realizado gestos similares en bloque, pero siempre acudiendo para luego abandonar el pleno antes de que finalizara oficialmente.

Esta decisión de los consejeros 'populares' se viene gestando desde este martes, cuando los consejeros de Madrid, Castilla-León y Galicia anunciaron su intención de no acudir a la reunión. En principio, el motivo de no asistir era que se trataba de una reunión "precipitada".

Después, la coordinadora de Política Social del PP, Ana Pastor, se quejó de que en el Interterritorial no se hablara de la 'crisis del pepino'. Pese a introducirse el miércoles en la agenda de la reunión, Pastor mantiene que se hizo "tarde y mal" y que siguen faltando asuntos importantes.

Leire Pajín habla de estrategia política

Para Sanidad, el 'plante' de los consejeros autonómicos del PP es una clara estrategia política. La ministra, Leire Pajín, ha lamentado la ausencia de las comunidades gobernadas por el PP a la reunión, destacando que sí ha habido representantes de estas regiones en una reunión sobre el mismo tema celebrada en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, cuando en las dos reuniones “se abordaban el mismo tema con la misma diligencia, y acudían con las mismas competencias".

"Es curioso que se ausenten de una reunión importante que ha abordado temas que están por encima de cualquier color político y de cualquier interés particular", ha criticado Pajín, recordando que "los responsables políticos pasan por las responsabilidades pero lo que quedan son las administraciones, que tienen que estar por encima de todo".

En este sentido, ha reconocido que desde su nombramiento al frente del Ministerio ha conocido diferentes consejeros", dado que se han producido elecciones en alguna comunidad o cambios de Gobierno en otra, pero "en ningún caso se ha paralizado el trabajo de los grupos de trabajo del Consejo".

"Por supuesto que habrá otros consejos, con los nuevos consejeros, con otros temas relevantes e importantes, pero eso no quita que se deban dejar de abordar los derechos de los ciudadanos, la salud pública como se ha hecho hoy", ha concluido la ministra.

Según fuentes del Ministerio, incluso se mantiene la designación del consejero de Sanidad de Castilla y León como representante de las autonomías en el Consejo de Empleo, Política Social y Consumidores (EPSCO), de la Unión Europea, a pesar de su ausencia.

Asimismo, se trató 'la crisis del pepino', con la participación en la reunión del presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Roberto Sabrido, y de un representante del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Acuerdos aprobados

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha aprobado en la reunión la distribución de fondos para uso racional de medicamentos, estrategias de salud, planes de lucha contra el SIDA, investigación independiente y cuidados paliativos.

La cuantía del reparto se eleva a 71 millones de euros de fondos e incluye 21 millones de euros para la atención a pacientes crónicos polimedicados y formación continuada de profesionales sanitarios en uso racional de medicamentos.

En estrategias de salud se distribuyen cerca de 18 millones de euros, de los cuales, ocho millones se destinan a cuidados paliativos. Los planes destinados a la lucha contra el SIDA dispondrán de cuatro millones de euros y se distribuirán casi dos millones de euros para el desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud.

Además, Sanidad destinará otros 21 millones de euros adicionales a promocionar la investigación independiente.

María Kutz prima lo institucional

A su llegada a la reunión, la consejera navarra de Sanidad, María Kutz, la única que ha hablado con los medios antes del Pleno, ha explicado que asiste a la reunión porque "sabe separar muy bien el debate político en el Parlamento de Navarra de una reunión institucional". "Desde luego, nunca dejaría de venir a una reunión que convoca la ministra del Gobierno de España", ha sentenciado.

"Respeto lo que hagan los demás, pero yo, si estoy en funciones y me cita la ministra de España, voy a estar aquí. No he dejado nunca de venir al Consejo Interterritorial porque creo que es el órgano de debate que tenemos todas las comunidades", ha indicado, añadiendo que, "en otras ocasiones, como en la gestión de la gripe A, (consejeros y ministra) hicieron muchas cosas bien y estuvieron todos juntos". "Considero que deberían de seguir así", concluye.

Kutz asegura que su comunidad va a apoyar el anteproyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida impulsada por el Ejecutivo central ya que "no habla nada de suicidio asistido o eutanasia". El objetivo de Navarra es que la ley establezca un marco normativo "básico".

Asimismo, sobre otros aspectos de la reunión, la consejera de Navarra también ha considerado "adecuados" los repartos de fondos para programas relacionados con la prevención y promoción de la salud, o para los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Sida.

Lasquetty y la Ley de Muerte Digna

El consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha rechazado que la reunión se hubiese convocado para tratar la crisis de los pepinos, pues “la semana pasada no se sabía nada de esto”, ha dicho, y ha considerado que se ha citado a los titulares de las distintas comunidades para intentar sacar adelante la ley de "muerte digna", tal y como se ha referido a la misma.

"La razón (de no asistir los consejeros del PP) es evidente... la ministra de Sanidad, Leire Pajín, debe de tener mucho interés en tratar a toda prisa su ley de muerte digna, que consideramos muy controvertida y en la que hay discrepancias políticas muy serias", ha señalado, al tiempo que ha dicho que una ley así, "con ese propósito y esa importancia", no debe ser tratada en un Consejo territorial con consejeros en funciones.

"Ésa es la razón que le dijimos a la ministra cuando sondeó nuestra opinión la semana pasada", ha señalado Lasquetty, que también ha lamentado que, no obstante, Pajín ha decidido "seguir adelante". "Es un profundo error", ha insistido.

Para Lasquetty, "lo que no puede ser" es que pasen más de seis meses sin que se reúna el Consejo Interterritorial "y ahora de repente, de una semana para otra, cuando uno se da cuenta de que ha perdido seis comunidades autónomas, querer a toda prisa pasar el debate sobre una ley de esta magnitud y transcendencia".

Además, ha apuntado que el resto de la reunión son cuestiones "de menos importancia" que deberían haber sido tratadas "hace tiempo" porque para ello se pidió un Consejo Territorial y que si no fueron tratados entonces, ahora tampoco tiene "la menor trascendencia tratarlo dentro de dos semanas".

Montero ve un “debate interno en el PP

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha lamentado la ausencia de los consejeros del PP, y ha sugerido que se debe a que "no han querido dar su opinión" sobre el anteproyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, “probablemente hay un debate interno dentro del propio partido”. Montero no entiende que el PP haya puesto como excusa que la reunión se producía cuando en un momento en que la mayoría de gobiernos autonómicos están en funciones.

"No se entiende que no hayan acudido al Consejo Interterritorial de Salud y sí a la reunión con el Ministerio de Medio Rural ya que, si se están en funciones, lo están tanto para ejercer la funciones sanitarias como las de materia de agricultura".

Andalucía, por otra parte, ha defendido en el Pleno la necesidad de revisar los protocolos de alerta a nivel europeo para evitar que se produzcan casos como el que ha causado la crisis de los pepinos.

La justificación de Castilla y León

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, José Antonio de Santiago-Juárez, ha justificado la ausencia del consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, en el CISNS por la premura de su convocatoria y la ausencia de contenido, al tiempo que ha defendido la asistencia de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, a la reunión convocada en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) porque "tiene sentido" y "afecta a todos".

De Santiago-Juárez ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en que la Comunidad ha decidido no estar presente en el CISNS, al igual que otras regiones, por la "falta de contenido" y las "prisas" de una convocatoria que se ha realizado "sin previo aviso" pese a ser un encuentro que las comunidades autónomas vienen demandado desde hace tiempo, al tiempo que ha defendido que "lealtad" de Castilla y León.

Cervera: sin justificación “estética”

El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel Cervera, ha justificado la decisión de los consejeros populares de no asistir en que la mayoría de ellos está en funciones y el orden del día era "para hablar de cuestiones técnicas, no de la crisis del pepino", por lo que su convocatoria "estéticamente no tienen ninguna explicación, éticamente tiene dudosa explicación, aunque legalmente pueda ser constituido".

Cervera ha relatado que cuando la ministra de Sanidad, Leire Pajín, les planteó hace quince días por sms de forma "oficiosa" la celebración de un consejo "escoba", como ellos lo definieron, para "aprobar cuestiones técnicas". Desde la "lealtad institucional", le trasmitió su opinión personal de que no era conveniente.

Es más, ha asegurado que los propios consejeros socialistas también trasmitieron a la ministra su parecer de que no era razonable esta reunión cuando iban a ser sustituidos.

No obstante, ha recalcado: "La ministra sabe perfectamente, porque tenemos contacto directo, que estamos dispuestos a acudir cada día al Ministerio para tratar asuntos extraordinarios como la financiación, urgentes, o cualquier crisis como hechos hecho y seguiremos haciendo".

Por último, ha recordad que el CISNS se realiza cada dos o tres meses, pero "esta es la primera vez que pasan seis o siete meses" sin haberse celebrado cuando los motivos son "más importantes que hace unos años" porque "la sostenibilidad del sistema está en grave riesgo y la financiación de las Comunidades Autónomas es muy deficitaria".


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[*] BLOG: me he permitido modificar el título y pido las correspondientes disculpas por el atrevimiento, pero a decir verdad me parece ridículo que el problema de los pepinos desplace el foco que corresponde a médicos y pacientes, lo cual una vez más deja en evidencia cuan desvirtuada está la política por sobre las realidades de las personas. Una vez más, perdón a la editorial de EL MÉDICO INTERACTIVO. Cerasale. Junio 02/03, 2011.-


DOCUMENTO de EL MÉDICO INTERACTIVO (Usted puede acudir a él accediendo desde la página que contiene el documento original):

Informes preceptivos
Sanidad informa al Pleno del Consejo Interterritorial de varios proyectos legislativos antes de su envío al Parlamento

El Consejo Interterritorial ha conocido el anteproyecto de Ley de derechos de la persona en el proceso final de la vida, cuyos objetivos fundamentales son la protección de la dignidad de las personas enfermas que se encuentran en fase terminal o de agonía y la garantía del pleno respeto de su libre voluntad en la toma de decisiones sanitarias que afecten a dicho proceso

La ley garantiza una serie de derechos para las personas que están en la fase final de su vida como el derecho a la información asistencial, el derecho a la toma de decisiones, el derecho al tratamiento del dolor, al acompañamiento y a la intimidad

El Consejo Interterritorial también ha tratado el anteproyecto de la Ley de Servicios Funerarios, el Real Decreto por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera y un informe sobre la universalización de la asistencia sanitaria en el SNS, entre otros asuntos

Además, se ha procedido al nombramiento del consejero de Castilla y León, ausente en la reunión, como representante de las Comunidades Autónomas, durante el segundo semestre de 2011 en las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social y Consumidores (EPSCO), de la Unión Europea.

2 de junio de 2011. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha informado hoy al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del anteproyecto de la Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. Esta ley fue anunciada por el Gobierno en noviembre del año pasado y vista en primera lectura por el Consejo de Ministros del pasado 13 de mayo.

Entre sus objetivos básicos destacan la protección de la dignidad de las personas cuando se encuentran enfermas en fase terminal o en situación agonía y la garantía del pleno respeto de su libre voluntad en la toma de las decisiones sanitarias que afecten a dicho proceso.

Según recoge el texto, se entiende por situación terminal aquélla en la que el paciente presenta una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses y en el que pueden concurrir síntomas que requieren una asistencia paliativa especializada.

Por otra parte, se entiende por situación de agonía la fase gradual que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un  deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de consciencia, dificultad de relación y de ingesta y pronóstico vital de pocos días.

DERECHOS

La futura ley establece que las personas que se encuentren en estado terminal o de agonía tendrán garantizados una serie de derechos como:

Derecho a la información asistencial: las personas que se encuentran en el proceso final de la vida tienen derecho a recibir de forma clara y comprensible toda la información disponible sobre su estado real de salud, sus expectativas de vida y de calidad de la misma, y las medidas terapéuticas y paliativas que le resultarían aplicables. Las personas vinculadas al paciente serán informadas únicamente en la medida en que éste lo permita. Además, todas las personas tienen derecho a rechazar la oferta de esta información y a que esta decisión sea respetada.

Derecho a la toma de decisiones: las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a que se respete su decisión sobre la atención sanitaria que se les dispense y podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios. La decisión sobre la atención sanitaria se expresará mediante el consentimiento informado del paciente, libremente revocable, y el rechazo a la intervención propuesta, así como la revocación del consentimiento informado previamente emitido deberán ser expresos, constar por escrito e incorporarse a la historia clínica. Cuando el paciente no pudiera firmar por incapacidad física para dejar constancia de su voluntad lo hará en su lugar otra persona que actuará como testigo a petición suya.

Derecho al tratamiento del dolor: todas las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a recibir la atención idónea para prevenir y aliviar el dolor, lo que incluye, además del tratamiento analgésico específico, la sedación. Las personas que precisen este tipo de atención también tendrán derecho a la asistencia domiciliaria en los cuidados paliativos que precisen.

Derecho al acompañamiento: los pacientes en el proceso final de si vida tendrán derecho a que se les permita el acompañamiento en los centros e instituciones sanitarias, siempre que ello resulte compatible con las medidas sanitarias necesarias para ofrecer una atención de calidad. Estos pacientes podrán recibir también el auxilio espiritual que soliciten conforme a sus convicciones y creencias.

Derecho a la intimidad personal y familiar: los centros e instituciones sanitarias garantizarán a los pacientes hospitalizados la preservación de su intimidad personal y familiar para lo que deberán facilitar a las personas que deban ser atendidas en régimen de hospitalización una habitación de uso individual durante su estancia. Asimismo, las personas en el proceso final de su vida tienen derecho a la protección de todos los datos relacionados con su atención sanitaria, historia clínica e instrucciones previas.

PACIENTES EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD

Cuando la persona que se halle bajo atención médica esté en situación de incapacidad de hecho, tanto la recepción de la información asistencial como la prestación del consentimiento corresponderán, por este orden:

1. A la persona designada como representante en las instrucciones previas.
2. A quien ostente su representación legal.
3. Al cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad.
4. A los parientes de grado más próximo y, dentro del mismo grado, al de mayor edad.

Las situaciones de incapacidad no serán obstáculo para que los pacientes sean informados y participen en el proceso de toma de decisiones. La determinación de la situación de incapacidad de hecho se realizará a criterio del personal médico responsable del paciente, para lo que recabará la opinión de, al menos, otro profesional implicado directamente en la atención del paciente y consultará a su entorno familiar.

INSTRUCCIONES PREVIAS

La ley también establece que toda persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida. Esta manifestación de voluntad podrá realizarse mediante documento público o en documento otorgado conforme a lo dispuesto en la normativa autonómica aplicable. En este último caso, el documento deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Instrucciones Previstas.

En las instrucciones previas se podrá designar un representante y determinar sus funciones, a las que éste deberá atenerse. El representante velará para que, en las situaciones clínicas descritas en la declaración, se cumplan las instrucciones que haya dejado establecidas la persona a la que represente y actuará siempre buscando el mayor beneficio y el respeto a la dignidad de la misma.

Las instrucciones previas podrán ser modificadas o revocadas mediante cualquiera de los medios previstos para su otorgamiento. En todo caso, cuando la persona que se encuentre en el proceso final de la vida conserve su capacidad, la voluntad manifestada durante este proceso prevalecerá sobre cualquier otra previa.

PROFESIONALES SANITARIOS

Los profesionales sanitarios estarán obligados a respetar la voluntad y las convicciones y creencias manifestadas por el paciente sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida, en los términos establecidos por la ley.

En todo caso el personal médico deberá consultar el Registro Nacional de Instrucciones Previas y dejar constancia de dicha consulta en la historia clínica. En caso de que existe una contradicción entre los manifestado por el paciente y por su representante prevalecerá siempre la voluntad del paciente. El cumplimiento de la voluntad del paciente excluirá cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales sanitarios.

La ley también establece que antes de proponer una intervención a un paciente en el proceso final de su vida, el médico responsable deberá asegurarse de que responde a la lex artis y que está clínicamente indicada basándose para ello en la evidencia científica disponible, en su saber profesional, su experiencia y en el estado, gravedad y pronóstico del paciente.

En este sentido, el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del paciente y evitará la adopción o mantenimiento de intervenciones de soporte vital carentes de utilidad clínica sin menoscabo del bienestar del paciente. En todo caso, la adecuación del esfuerzo terapéutico requerirá del juicio coincidente de, al menos, otro médico que participe en la atención sanitaria y se adoptará tras informar al paciente o a su representante y teniendo en cuenta su voluntad y el criterio profesional del personal de enfermería responsable de los cuidados.

OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES SANITARIAS

En lo que respecta a las obligaciones de las Administraciones sanitarias, la ley señala que éstas garantizarán:

El respeto a la voluntad expresada por el paciente sobre el proceso final de su vida y a los restantes derechos reconocidos en la ley.

La información a los ciudadanos sobre la posibilidad de otorgar instrucciones previas, así como las formalidades necesarias para su otorgamiento y de los requisitos para su registro.

El acceso de los profesionales sanitarios a los registros de instrucciones previas.

La confidencialidad, seguridad e integridad de los datos inscritos en dichos registros de instrucciones previas.

La promoción de iniciativas formativas de calidad para los profesionales en el ámbito de la prestación de cuidados paliativos.

El derecho de los ciudadanos y de los profesionales a recibir información sobre los cuidados paliativos.

Del mismo modo, las Administraciones promoverán en sus respectivos ámbitos de competencia la existencia de comités de ética asistencial con funciones, entre otras, de impulsar protocolos de actuación para garantizar la aplicación de la ley.

OTRAS NORMAS

El Consejo Interterritorial también ha sido informado de otras normas como el anteproyecto de Ley de Servicios Funerarios, que persigue la libertad de acceso a la prestación de este tipo de servicios y su ejercicio, así como la libertad de elección de prestador de servicio funerario y la aplicación de prácticas que eviten la aparición de riesgos para la salud pública.

Además, también se ha visto el proyecto de real decreto por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera y el proyecto de orden por el que se desarrolla el reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres en materia de transporte sanitario por carretera.

El Consejo también ha estudiado un informe sobre la universalización de la asistencia sanitaria y se ha procedido a la designación del consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ausente en la reunión, para representar a las Comunidades Autónomas, durante el segundo semestre de 2011 en las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social y Consumidores (EPSCO), de la Unión Europea.