CC OO critica las lagunas asistenciales de Sanidad con los ‘sin papeles’

CC OO alerta de que la decisión de aplicar "a rajatabla" el Real Decreto deja sin cobertura a pacientes con citas ya programadas

Los inmigrantes irregulares tendrán tarjeta sanitaria hasta el 31 de agosto

Neus Caballer Valencia 22 AGO 2012 - 23:13 CET

La decisión de la Consejería de Sanidad de aplicar “a rajatabla” el Real Decreto por el que se anulan las tarjetas sanitarias de los inmigrantes en situación irregular provocará “lagunas asistenciales” y tendrá “una repercusión directa sobre los pacientes crónicos y con enfermedades graves” que hasta ahora han sido atendidos en la red sanitaria pública, según CC OO.

Esto afectará también a los pacientes que tengan cita concedida con especialistas a partir del 1 de septiembre, o que pueden estar programados para que se les realice una intervención quirúrgica.
La ley no establece ningún tipo de transitoriedad, por lo que CC OO considera “urgente” la articulación de mecanismos legales que “posibiliten la continuidad de cuidados y de tratamientos a enfermos crónicos o que ya tenían citas medicas concertadas”.

La consejería tiene capacidad normativa para corregir estas situaciones, a través de la Ley 6/2008

En este sentido, el sindicato sostiene que la consejería tiene capacidad normativa para corregir estas situaciones, a través de la Ley 6/2008, que regula el aseguramiento en esta comunidad.

CC OO denuncia las “intolerables presiones” ejercidas por los responsables de la Consejería de Sanidad sobre los profesionales médicos que se han declarado objetores.

Salvador Roig, portavoz del sindicato, considera que la Consejería de Sanidad, que dirige Luis Rosado, está empleando “un tiempo precioso en amedrentar a los profesionales que intentan ser fieles a su juramento, en lugar de aclarar todas las incógnitas provocadas por un apresuramiento innecesario”.

Sin información ambulatoria

Roig considera “una irresponsabilidad, que cuando apenas faltan 10 días para que entre en vigor el real decreto, los trabajadores de admisión no tengan la más mínima información ni formación para poder resolver todas las dudas que se plantean las personas afectadas”. Rosado afirmó que “son los médicos no son quienes tienen que decir cuando un paciente tiene que pagar”.

Según Roig, los administrativos y celadores de los servicios de admisión “no pueden ser los responsables de determinar si la atención medica que precise un paciente es urgente”. Y advierte de que “en el cruce de datos que está realizando el Instituto nacional de la Seguridad Social y la consejería para determinar qué personas estarán finalmente aseguradas y cuáles no, pueden existir errores que los ciudadanos afectados podrían haber subsanado antes de la aplicación de esta medida”.