El PSOE propone un gran acuerdo, político y con las organizaciones sociales, para garantizar el sistema de Dependencia

Madrid (26-28/07/2014) - Redacción

La portavoz socialista de Servicios Sociales, Rosa Aguilar, señala que el Gobierno del PP ha llevado a cabo un "desmantelamiento de la Ley de Dependencia" y es necesario "salvar la Ley y garantizar los derechos de los dependientes", desde "el diálogo" y "con una financiación adecuada"

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que propone que se constituya un grupo de trabajo -con representantes de los grupos parlamentarios y con la participación de las organizaciones sociales-, con el objetivo de "alcanzar un amplio acuerdo para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación por parte de las administraciones públicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia".

Dicho grupo de trabajo realizará una evaluación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, "analizando su aplicación, las modificaciones llevadas a cabo, sus resultados, sus disfunciones y su incidencia en la economía y el empleo".

La portavoz socialista de Asuntos Sociales, Rosa Aguilar, firmante de la iniciativa, denuncia que el Gobierno del PP ha llevado a cabo un "desmantelamiento de la Ley de Dependencia" y sus políticas de recortes "nos han llevado a una situación en la que resulta evidente la necesidad de reformular el sistema". "Es necesario salvar la Ley de Dependencia y garantizar los derechos de los dependientes, desde el diálogo y con un acuerdo de financiación adecuada", ha insistido.

"Es necesario intervenir -afirma- para garantizar de forma efectiva el derecho de las personas en situación de dependencia", así como "realizar una evaluación sobre la Ley, las modificaciones llevadas a cabo, su aplicación, sus resultados", y "analizar qué medidas son necesarias para mantener y garantizar la sostenibilidad del Sistema". Un sistema que, además, "genera empleo, tiene un importante retorno en la creación de puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres".

Rosa Aguilar recuerda que el PP "paralizó el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicios; eliminó de los Presupuestos Generales del Estado la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones; suprimió los dos niveles en que se dividía cada grado; se redujo en un trece por ciento la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo; se rebajó en un 15 por ciento la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; se eliminó la cotización de los cuidadores no profesionales; y se introdujo la incompatibilidad de las prestaciones".

Además -subraya- se ha producido "un gran retroceso en la financiación estatal del sistema", ya que "de soportar el 40 por ciento del coste del sistema en 2009, la Administración General del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19 por ciento en 2013", mientras que la aportación de las comunidades autónomas "ha crecido del 50,8 al 62 por ciento" y "el copago de los usuarios casi se ha duplicado".

Importantes recortes

En definitiva, "el Gobierno ha reducido el contenido esencial del derecho y ha realizado importantes recortes presupuestarios, con el dramático resultado de que los beneficiarios están recibiendo servicios y prestaciones claramente insuficientes, al tiempo que se encuentran sin atender cientos de miles de personas en situación de dependencia".

"En la práctica, se está vaciando de contenido el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia; además, se está vulnerando el principio de igualdad, ya que no existe un contenido mínimo común del derecho, y los principios inspiradores del Sistema -carácter público de las prestaciones, universalidad, equidad y accesibilidad-, están claramente cuestionados", concluye la iniciativa.