La OMC alerta del riesgo del Tratado de Libre Comercio (TTIP) entre EE.UU. y la UE si se incluye el ámbito sanitario

Madrid (24/02/2015) - Redacción

• La Asamblea General de la institución colegial considera que si la liberalización impuesta por este Tratado incluyera la Sanidad se verían seriamente afectados tres ámbitos: la Salud Pública, los medicamentos y los servicios sanitarios, con la privatización progresiva de los sistemas nacionales de salud

• La OMC solicita al Gobierno español que reclame "sin ambigüedad" a la Comisión Europea la exclusión explícita de este TTIP de cualquier materia relativa a Sanidad

La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) ha aprobado una Declaración en la que analiza el impacto que el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la UE (Trasantlantic Trade and Investmen Parnesshipo, TTIP) podría tener en la Sanidad española y europea y alerta del "importante riesgo" que puede suponer para los sistemas sanitarios públicos de la Unión Europea.

En esta declaración, la OMC aclara que no es cometido de la corporación valorar las ventajas económicas que para España pueda conllevar la aplicación de este Tratado cuyo propósito declarado es mejorar el comercio entre los países europeos y Estados Unidos, pero sí es obligación de la corporación médica analizar el impacto que este Tratado podría tener sobre la Sanidad española y europea.

Desde esta perspectiva, la Declaración deja claro que, si la Sanidad no es excluida explícitamente de este acuerdo, podría verse afectada en tres ámbitos: en la Salud Pública, en los medicamentos y en los servicios sanitarios.

Para la OMC, con este Tratado las regulaciones europeas en materia de Salud Pública pueden ser entendidas como 'barreras' para la comercialización de productos y servicios, por lo que su aplicación comportaría una disminución de los estándares de protección de la salud hasta un nivel de mínimos, en especial en cuestiones como la fabricación, presentación y venta de tabaco; en seguridad alimentaria, con la autorización del uso de productos químicos en la carne y otros alimentos; y en protección medioambiental.

En el ámbito de los medicamentos el Tratado, según la OMC, podría limitar el derecho a la transparencia y a la información a pacientes con las debidas garantías, en relación con los ensayos clínicos y productos sanitarios y también podría afectar a la regulación de los precios y a la autorización de productos, teniendo en cuenta que en EEUU el precio de los fármacos no está regulado, lo que permite a las compañías fijar 'precios abusivos' que suponen para los pacientes y servicios sanitarios una verdadera barrera de acceso.

Sirva de ejemplo el caso de los medicamentos innovadores de la Hepatitis C, que en Estados Unidos se comercializa a un precio de 69.000 euros/paciente, cuando su coste de producción ronda los 100 euros.

Privatización de los servicios sanitarios

En cuanto a cómo podrían verse afectados los servicios sanitarios si no se excluye la Sanidad de este Tratado, la OMC afirma que la mercantilización y liberalización impuesta por este acuerdo forzaría la privatización progresiva del SNS. Asegura que la entrada de fondos de inversión y de grupos aseguradores norteamericanos en hospitales, centros de salud, farmacias y otros servicios sanitarios implicaría un aumento de costes para los ciudadanos y mayor desigualdad en el acceso a los servicios.

La Declaración pone en cuestión la opacidad en las negociaciones de este Tratado que está en su fase final y denuncia el hecho de que, pese a que aborda en gran parte la compatibilidad de cuestiones regulatorias en torno a la Sanidad, los documentos no son accesibles a las organizaciones sociales ni a los ciudadanos.

Por todo ello, la OMC solicita al Gobierno español que reclame "sin ambigüedad" a la Comisión Europea (CE) la exclusión explícita del TTIP de cualquier materia relativa al SNS, al sector farmacéutico y a la Salud Pública española.

Solicita asimismo que el Gobierno reclame a la CE la difusión de todos los documentos relativos al Tratado que pueden afectar a la Sanidad, así como una consulta pública previa a la posible aprobación del acuerdo, a la que la OMC pide tener acceso en cumplimiento de su obligación de velar por los intereses de la sociedad española y de la profesión médica.

Finamente, la OMC expresa su disposición para asesorar al Gobierno de España en esta materia y su voluntad de colaboración con otras organizaciones nacionales y europeas en defensa de los intereses de la ciudadanía y de las profesiones sanitarias.