Trabajo da 4 meses al Servicio Vasco para hacer un plan de prevención

Inspección de Trabajo obliga al Servicio Vasco de Salud a que haga antes de febrero de 2016 una evaluación general de los riesgos psicosociales en todos sus centros y elabore un plan de prevención basado en esa evaluación.

F. Goiri. Madrid | fjgoiri@unidadeditorial.es | 05/11/2015 14:11

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza (SVS-O) deberá realizar una evaluación "íntegra y general" de riesgos psicosociales en todos los centros sanitarios dependientes de la Administración (321 centros de salud y 16 hospitales) antes de febrero de 2016, según un requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en respuesta a una denuncia presentada en 2014 por la Federación de Sanidad de UGT en el País Vasco. La autoridad laboral también obliga a Osakidetza a realizar "una planificación de la actividad preventiva, derivada de los resultados de esa evaluación".

El requerimiento de Inspección de Trabajo, al que ha tenido acceso DM, recuerda al SVS-O que, de incumplirse el plazo fijado, se cursaría la correspondiente "acta de infracción", que daría lugar a una sanción económica. Según el Real Decreto 5/2000, que regula las Infracciones y Sanciones en el Orden Social, no realizar la evaluación de riesgos, ni el plan preventivo derivado de esa evaluación, son consideradas faltas muy graves en materia de prevención, y pueden acarrear multas que oscilan entre los 30.000 y los 600.000 euros.

De no cumplir el plazo fijado, Inspección puede cursar un "acta de infracción" e imponer una multa que oscila entre 30.000 y 600.000 euros

Ana Vázquez, secretaria general de Sanidad de UGT en el País Vasco, recuerda que el sindicato lleva pidiendo al SVS-O "desde 2013 en varias mesas sectoriales que evalúe los ritmos y cargas de trabajo de cada categoría profesional, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que más de la mitad de los 35.000 profesionales superan los 50 años". La ausencia de respuesta "nos llevó a presentar una denuncia formal ante Inspección de Trabajo, que ahora nos da la razón".

Vázquez añade que "la ausencia de estudios específicos y valoraciones generales de las cargas de trabajo impiden saber, entre otras cosas, a qué colectivo profesional afectan más los problemas organizativos derivados del déficit de plantillas y de la ausencia de sustitutos".

Según Trabajo, el SVS-O sólo ha hecho evaluaciones de riesgos puntuales "en algunas organizaciones y en supuestos concretos de conflicto"

Antonio González Cuevas, responsable de Salud Laboral de UGT y abogado que ha tramitado la denuncia, asegura que "Osakidetza no ha hecho una evaluación general de riesgos psicosociales desde la entrada en vigor, hace 20 años, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

El responsable de UGT añade que esa norma obliga a todas las empresas y organizaciones a "hacer una evaluación inicial y cada vez que se producen cambios organizativos importantes, como los que se han dado en el SVS-O fruto de los recortes de plantilla y la no sustitución de bajas".

Según González Cuevas, "más importante incluso que la obligación legal de hacer esa evaluación general es que Osakidetza deba redactar luego un plan de prevención, ya que hasta ahora se han limitado a hacer evaluaciones puntuales, en determinados servicios y centros, y siempre a requerimiento de los inspectores de Trabajo".

Encuestas de satisfacción
El informe de Inspección corrobora las palabras de González Cuevas, ya que afirma que "Osakidetza dispone de un único Servicio de Prevención de Riesgos Laborales", que elaboró en 2006 un Sistema de Gestión de Prevención. Desde entonces, el SVS-O ha realizado cuatro encuestas de satisfacción entre los profesionales y evaluaciones de riesgos puntuales "en algunas organizaciones y en supuestos de situaciones concretas de conflicto". Inspección de Trabajo coincide con UGT en que "no existe una evaluación de riesgos psicosociales actualizada y finalizada en todos los centros de trabajo de Osakidetza".

El SVS-O no se ha pronunciado sobre el contenido del informe, ni sobre la posible presentación de alegaciones al requerimiento de la autoridad laboral.