La regulación de vientres de alquiler se encalla

La Asamblea de Madrid se divide ante la propuesta de Ciudadanos. La dimensión ética de la medida relega abordar su realidad jurídica.

Soledad Valle. Madrid | soledad.valle@unidadeditorial.es | 21/03/2016 00:00

La maternidad por gestación subrogada está prohibida en España. Pero hay familias españolas constituidas mediante esta vía. ¿Cómo? Acudiendo a países donde los vientres de alquiler están autorizados. Estados Unidos, Rusia o la India son algunos de estos destinos. En Europa, el Reino Unido permite esta práctica a nacionales y en Grecia, desde el año pasado, los extranjeros pueden beneficiarse de esta regulación.
Los niños nacidos en estos países son registrados en los consulados españoles, en aplicación del "interés superior del niño", que recoge el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales. La instrucción número 5 de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2010 también ampara registrar al menor. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2014, reconoció el derecho del menor a ser inscrito como hijo de sus padres comitentes.

En España la jurisprudencia del Supremo más reciente defiende validar el registro de estos menores y conceder a los padres comitentes los derechos derivados de la paternidad. "Pero no todos los tribunales respetan esa doctrina. La realidad es que existe una gran inseguridad jurídica, que clama por una regulación". Así se pronuncia David González, presidente de Padres por la Gestación Subrogada, una de las asociaciones que agrupan a estas familias.
González recuerda que "en estos momentos, una mujer española lleva ocho meses atrapada en Rusia a la espera de que tanto el consulado español como el país de destino le dejen registrar a un bebé fruto de un vientre de alquiler, y así pueda traérselo a España".

Asamblea de Madrid
Aludiendo a ese caso, la semana pasada, la entonces diputada de Ciudadanos Eva Borox comenzó su defensa en la Asamblea de Madrid de la Propuesta No de Ley (PNL) sobre gestación subrogada. Ya antes, el Partido Popular de Cristina Cifuentes había anunciado que apoyaría la iniciativa de su socio en el Gobierno con la única enmienda de que esta práctica "nunca tuviera un fin lucrativo". Sin embargo, en la votación de la PNL se puso de manifiesto el intenso debate ético que acompaña a esta posible normativa.

Como adelantó diariomedico.com, tres diputados del Grupo Popular no respetaron la disciplina de voto: dos se abstuvieron y uno votó en contra de la PNL.

El PSOE, sin ninguna propuesta de enmienda, se manifestó contrario a regular una posibilidad que "mercantiliza el cuerpo de la mujer". Por su parte, el grupo de Podemos presentó varias enmiendas que pasaban por cuestionar la motivación del grupo de Rivera para defender la regulación , tildándola de efectista. No hubo mayoría en la Asamblea. Fueron 62 votos a favor y 64 en contra. Así, la PNL, con la que se pretendía instar al Gobierno central a regular esta materia, no prosperó.

Hay que poner en derecho lo que se admite de hecho

Los que defienden la necesidad de regular los vientres de alquiler en España argumentan que es una realidad que está ya instalada en la sociedad. El grupo político de Ciudadanos apunta "la necesidad de atender una petición de la sociedad" y "garantizar unas condiciones de igualdad en el acceso a esta práctica, hoy reservada a los que se pueden pagar su alto coste".
La línea mayoritaria del PP en Madrid también razona en ese sentido, subrayando la obligación de que se realice de forma altruista, sin que medie ninguna contraprestación económica.
El letrado de la Seguridad Social Juan Méjica gran conocedor de esta realidad, apunta "la necesidad de una regulación jurídica en la que se establezcan los controles y garantías que resulten necesarios para mantener incólume la dignidad de las personas".

La medida mercantiliza el cuerpo de la mujer

El Partido Socialista de Madrid ha defendido una posición contraria a regular los vientres de alquiler. En mayo de 2015 llegó a presentar una propuesta legislativa para prohibir cualquier anuncio de estos servicios. El argumento fundamental de su oposición es que con esta regulación se "mercantiliza el cuerpo de la mujer".

El partido de Pablo Iglesias pone muchos frenos a su legislación, como lo demostró en el último pleno de la Asamblea de Madrid. Cuestiona que existan las suficientes garantías para asegurar el respeto a la dignidad de las personas implicadas en el proceso.

El Foro de la Familia tilda a esta práctica como "una nueva forma de esclavitud", y el Centro Jurídico Tomás Moro apostilla que "legislar los vientres de alquiler supone el reconocimiento legal de la explotación sexual de la mujer y de la mercantilización de la vida".