Los grandes casos de corrupción política salpican a la sanidad

Se investiga la vinculación de irregularidades de Son Espases con la financiación del PP. Las pesquisas en Valencia apuntan a nuevas adjudicaciones a dedo en la sanidad.

K. Islas, E. Mezquita, M. Lagoa y Laura G. Ibañes. | 07/03/2016 00:00

Operación Púnica, Gürtel, Acuamed, los papeles de Bárcenas, Campeón, Plama Arena, Noos, Scala, Faycán, Umbra, Troya, Brugal... Seguir el día a día de las tramas de corrupción empieza a ser una misión imposible dada su magnitud y los lazos que poco a poco se van trazando entre ellas y que implican ya a más de un millar de políticos y ex altos cargos de todos los colores políticos que han tenido responsabilidades de Gobierno. Pero ya hay certeza de que la sanidad no ha conseguido esquivar la corrupción y está también en el punto de mira de buena parte de las investigaciones.

Hace tan sólo unos días, por ejemplo, que las tramas de corrupción más importantes de Madrid y Baleares parecieron entrelazarse al saltar a la luz, gracias a la investigación judicial, la idea de que el PP financió las obras de su sede madrileña en la calle Génova con los fondos que presuntamente recibió de la constructora OHL a cambio de adjudicarle a dedo las obras del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca.

Son Espases es la mayor obra pública acometida nunca por Baleares, por valor de 780 millones y lleva siendo investigada tres años por las acusaciones que pesan en la adjudicación de obras de la autonomía durante la presidencia de Jaume Matas (2003-2007), imputado en el caso junto a la exconsejera de Salud balear Aina Castillo y el exdirector del Servicio Balear de Salud, Sergio Beltrán, entre otros cargos.

El caso valenciano
Hace también tan sólo unos días que El País sacó a la luz que la trama de corrupción vinculada al PP valenciano se lucró con las adjudicaciones de infraestructuras sanitarias tanto de centros de salud como del nuevo Hospital La Fe de Valencia, un proyecto que acabó costando 330 millones de euros y que fue adjudicado en 2003, cuando Máximo Caturla, considerado el recaudador de la trama valenciana, era el responsable de Recursos Sanitarios.

Los casos más sonoros de corrupción ligados a obras sanitarias tuvieron lugar en los años previos a la crisis, cuando el gasto sanitario crecía al 10 por ciento anual

No es el único caso de corrupción que arrastra la sanidad valenciana: sus últimos cinco consejeros del ramo se encuentran bajo sospecha.

Entre los casos valencianos más sonoros, Rafael Blasco, consejero de Sanidad entre en 2006 y 2007, se encuentra en prisión por el caso Cooperación, como autor de un delito de malversación de caudales públicos, al considerarse probado que se apropió de fondos destinados a programas de cooperación. Están siendo investigadas diversas denuncias relacionadas con contratos en su etapa como consejero de Sanidad, como los relacionados con el sistema informático Abucasis.

Asimismo, el caso Gürtel ha salpicado a los exconsejeros de Sanidad Manuel Cervera y Luis Rosado.

Todos estos casos actualmente en investigación parecen haberse producido durante la etapa de más recursos de la sanidad, cuando el gasto público crecía a un ritmo anual del 10 por ciento y pasó de los 44.854 millones de 2003, casi recién estrenadas las transferencias sanitarias, a los 75.479 de 2009, último año sin recortes.

Los cambios de signo en los gobiernos autonómicos y los ajustes consecuencia de la crisis económica (que mermaron el presupuesto sanitario en 8.958 millones entre 2009 y 2013), acabaron por congelar los presupuestos de inversiones sanitarias y paralizar algunas de las obras también en el punto de mira por sus excesivas dimensiones como el proyecto inicial diseñado para el Hospital de Toledo.

Recortes y denuncias
Al calor de los recortes acometidos a partir de 2010 y de las mareas blancas contra la privatización han surgido también toda suerte de denuncias particulares más o menos fundadas, que no han llegado de manos de la Fiscalía Anticorrupción o de jueces encargados de tramas de corrupción como las anteriores, pero que también están sobre la mesa.

Entre ellas, destaca el caso del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (HAC). La Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública presentó el pasado 2 de septiembre una denuncia contra su adjudicación ante la Comisión Europea.

Uno de los motivos en los que se fundamenta es la utilización de la figura legal de concesión de obra pública en lugar de la de colaboración público-privada, que es la que correspondería por la entidad y el volumen de la construcción. Se cree que que la finalidad del Gobierno gallego era evitar la fiscalización de la Ley de Contratos del Estado que obliga a elaborar un informe preceptivo ante Hacienda que justifique la necesidad de recurrir a la financiación privada.

Los cinco últimos consejeros valencianos, imputados o en la cárcel

Serafín Castellano
2000-2003
Está relacionado con el Cártel del Fuego, que amañó precios de concursos públicos por valor de 100 millones. Se investiga su concesión de contratos de obras en La Fe al constructor Taroncher.

Vicente Rambla
2003-2006
La Fiscalía pide 7 años de cárcel contra él por financiación ilegal del PP de Valencia, al haber cobrado presuntamente comisiones a empresas, varias de ellas constructoras.

Rafael Blasco
2006-2007
En prisión por apropiación de fondos públicos para programas de cooperación. En investigación por varias adjudicaciones sanitarias, como la del sistema informático.

Manuel Cervera
2007-2011
Se sentará en el banquillo por el caso Gürtel. Entre otras cuestiones se investiga su adjudicación del vídeo promocional de las obras del Clínico de Valencia a una empresa del caso Gürtel.

Luis Rosado
2011-2012
Está imputado por adjudicaciones en su etapa en la Agencia Valenciana de Salud y por su posible vinculación con el caso Gürtel y adjudicaciones a Orange Market, al igual que Cervera.

Dos hospitales catalanes en el punto de mira

La sanidad catalana está también en el punto de mira por posible corrupción. El grupo parlamentario Catalunya Sí que es Pot ha propuesto la comparecencia del consejero deSsalud de Cataluña, Antoni Comín, para explicar el Informe 28/2105 de la Sindicatura de Cuentas relativo al Hospital Comarcal del Bajo Llobregat - Moisès Broggi- que recoge una serie de irregularidades "gravísimas" en el proceso de construcción que implican, entre otras, a la empresa pública Sanitat Integral del Bajo Llobregat.

El documento señala que en la construcción de este inmueble se realizaron acciones irregulares tales como la contratación a dedo sin procedimiento de licitación, el incumplimiento de los plazos previstos y los sobrecostes.

El adjudicatario de la obra, en el año 2005, fue un grupo de empresas integrado por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Agbar Construcción, Empte y Teyco -esta última actualmente en el epicentro de las investigaciones en el caso del 3 por ciento de la familia Sumarroca- por un importe de 42,55 millones de euros. La ejecución final del proyecto alcanzó la cifra de 90 millones de euros, lo que supone un sobrecoste de un 111 por ciento sobre el presupuesto inicial.

Otro de los hospitales catalanes con sombra de sospecha es el Hospital Universitario San Juan de Reus, en Tarragona. Este centro es de titularidad del Ayuntamiento de dicha ciudad y depende del concierto del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) con la empresa municipal Innova.

En este caso, la construcción del edificio salió a oferta pública por un importe de 70 millones de euros, que finalmente acabó superando los 170 millones de euros. Esto dejó una deuda millonaria que aún está pendiente de liquidar.

La investigación del caso tiene el foco puesto en la contratación de un arquitecto que ocupaba cargos en el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y asesoraba a Innova sobre el proyecto en calidad de gerente de infraestructuras y que posteriormente fue contratado por esta empresa municipal. Más tarde, este mismo profesional fue contratado a través de una consultora para supervisar la construcción de las mismas obras.