ASPE pide llevar al Constitucional la ley valenciana ‘anticonciertos’

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha pedido este lunes al Defensor del Pueblo que recurra en el Tribunal Constitucional la ley valenciana que impide a la sanidad concertar con entidades con ánimo de lucro.

L.G.I. Madrid | 05/06/2017 14:19

carlos rus,becerril,defensora del pueblo, aspe

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, junto al secretario general de ASPE, Carlos Rus. ()

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) se ha reunido con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para solicitarle que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2017 de la Comunidad Valenciana, que prohíbe a los centros sanitarios concertar con antidades que tengan ánimo de lucro.

Según detalla ASPE, esta norma podría incurrir en inconstitucionalidad en tanto "haciendo una injustificada trasposición de la directiva europea, esta ley busca excluir a las entidades con ánimo de lucro de los conciertos, algo contrario a los principios de derecho europeo de libre circulación de servicios y de apertura a la competencia no falseada y más amplia posible".

La alianza del sector privado insiste en que además, "la Ley General de Sanidad no prevé la posibilidad de excluir a las entidades con ánimo de lucro a los efectos de establecimiento de conciertos sanitarios, por lo que esta nueva Ley infringe la normativa básica del Estado". ASPE afirma además que "a pesar de los continuos ataques que recibe por parte de ciertos sectores, el sector sanitario privado contribuye de manera significativa al desarrollo de nuestro país por lo que debe ser un aliado estratégico incuestionable de la sanidad pública para el sostenimiento del SNS. La sanidad privada supone más del 3% del PIB de nuestro país y da empleo directo a más de 250.000 personas. La reciente crisis económica y la actual crisis política han hecho que, en muchos casos, se estigmatice el papel de la sanidad privada, presentándola como enemiga de la sanidad pública y estableciendo barreras en cada vez más CCAA, tanto ideológicas como legales. De hecho, hay lugares donde el éxito se mide por la desconcertación y discriminación al sector privado".

Según las compañías privadas "el artículo 43 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la protección de la salud y señala que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. En su artículo 41, de indudable conexión temática con el artículo comentado, la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. A su vez, nuestra Carta Magna legitima la actividad empresarial privada, reconociendo en su artículo 38 la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y obliga a los poderes públicos a garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general, y, en su caso, de la planificación".

Por todo ello, ASPE pedirá formalmente esta semana que se recurra en el Tribunal Constitucional la norma valenciana.