Expertos manifiestan “gran preocupación” por un Pacto de Estado por la Sanidad que no llega y que no lo hará después del 20-N
Madrid (21/10/2011) - Ana Montero
Así lo ha expresado el Dr. Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, durante el acto inaugural del XVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, en el que Belén Prado, viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, también ha destacado que el problema del SNS "no es sólo económico, sino de errores de bulto cometidos en épocas de bonanza"
En este sentido, durante la inauguración del XVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se celebrará hasta el próximo 22 de octubre, el Dr. Miguel García Alarilla, vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, ha manifestado que "el derecho sanitario debe dar al médico la sensación de protección y no de vigilancia, para ejercer su profesión con la mayor libertad y eficacia posible".
Por su parte, Ricardo de Lorenzo, presidente del comité organizador del XVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, ha recordado cómo se ha desarrollado la Ley General de Sanidad en estos últimos 25 años y cómo los problemas que en sus inicios -1992- preocupaban a la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), tales como el consentimiento informado, la historia clínica, el secreto profesional o la ordenación de las profesiones sanitarias, ya han sido resueltos normativa y jurisprudencialmente.
Así pues, tal y como ha señalado Ricardo de Lorenzo, la nueva dimensión del derecho sanitario recoge hoy aspectos como la unificación del derecho sanitario como consecuencia de la producción normativa de la Unión Europea; la nueva dimensión del derecho sanitario como resultado de la doctrina del Tribunal Constitucional que conecta directamente con consentimiento informado y con la protección de la integridad física y moral; la diferenciación entre la responsabilidad de los servicios sanitarios y la responsabilidad de los profesionales sanitarios; el análisis de las nuevas competencias sanitarias derivadas de la evolución incesante de las Ciencias de la Salud; las decisiones al final de la vida; la posibilidad de la objeción de conciencia; la regulación diversa que llevan a cabo las comunidades autónomas en relación con sus competencias sanitarias; la debilitación cualitativa y cuantitativa de las prestaciones sanitarias; la Bioética o la economía de la salud, entre otros.
Por todo esto, Ricardo de Lorenzo ha recordado que la necesidad de formar a profesionales capaces de abordar estos retos del derecho sanitario ha hecho posible, tras la firma de acuerdo de CEU y AEDS, un máster en Derecho Sanitario, como título propio hasta su acreditación oficial por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). "Este postgrado es referente formativo por su sólida especialización", concluye de Lorenzo.
Normativa en beneficio del paciente
Por su parte, Carmen Peña López, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, ha manifestado que el hecho de que el sector farmacéutico esté "fuertemente regulado", con la Ley General de Sanidad, la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento o la Ley de Regulación de los Servicios de Oficinas de Farmacia, como las tres grandes "leyes paraguas", es una "salvaguarda", no sólo para los profesionales de la salud sino para el beneficio del paciente.
Asimismo, en cuanto al gasto público en medicamentos financiados al SNS, el "mal llamado gasto farmacéutico", como apostilla Peña, la experta ha recordado que en los últimos 10 años se han puesto en marcha más de 20 medidas regulatorias para controlar ese gasto en medicamentos, lo que hace que, del total del gasto sanitario, esta partida esté "absolutamente" controlada, algo que no ocurre con un 30 por ciento del gasto sanitario total, destinado a inversiones y estructuras, que algunos profesionales de salud consideran que no está debidamente enfocada en términos de eficiencia, como asegura Peña.
Recordando el "peligro" que existe en algunas comunidades autónomas de no poder pagar los medicamentos a sus pacientes, Peña ha asegurado que hay que propiciar nuevas regulaciones que controlen los gastos de las administraciones sanitarias, haciendo que esas partidas presupuestarias tengan carácter finalista, para poder priorizar en Sanidad, y evitando gastos públicos que en otras épocas podían ser sostenibles.
"La regulación sanitaria ha de ser equitativa, solidaria y sostenible", concluye la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Diversidad autonómica
En otro orden de cosas, el Dr. Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería ha manifestado "gran preocupación" porque después de las elecciones del 20-N "nada va a ser igual en el Sistema Nacional de Salud", a lo que ha añadido que los principios de accesibilidad, equidad, calidad, gratuidad, participación y universalidad, que se contemplan en leyes como la Ley General de Sanidad o la Ley de Cohesión y Calidad, "no sabemos si se van a poder mantener".
Recordando que más del 70 por ciento del gasto sanitario tiene que ver con recursos humanos y con Farmacia, González Jurado ha manifestado que el grado de seguridad jurídica y profesional "es bajo", por la diversidad autonómica, y que tenemos un pilar del estado del Bienestar, como es el sanitario, que "está enfermo", donde no existe una cartera de servicios unificada; donde los recursos humanos, los profesionales, "están en una situación heterogénea", según las comunidades; y donde el paciente no tiene protegidos sus derechos, como apunta González Jurado.
Tal y como ha asegurado el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, el SNS no es sostenible y es necesario tomar medidas homogéneas, "no medidas parcheadas, como las que se han tomado en Cataluña o Castilla-La Mancha", que tienen que ver con un Pacto de Estado por la Sanidad "que no llega nunca y que no va a venir después del 20-N, cuando quien venga tendrá que hacer frente a medidas más inmediatas y urgentes". En este sentido, González Jurado ha recordado la petición de Pacto de Estado que recientemente ha realizado la Organización Médica Colegial.
"Tenemos que abordar con rigor medidas dialogadas, posiblemente duras, y tenemos que ser exigentes con los poderes públicos porque somos los grandes aliados del paciente", asegura González Jurado.
Por último, Belén Prado Sanjurjo, viceconsejera de ordenación sanitaria e infraestructuras de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que los problemas del Sistema Nacional de Salud "no son sólo económicos", sino que estos vienen derivados también porque en épocas de bonanza se han cometido "errores de bulto" como el hecho de que existan 17 sistemas sanitarios, 17 carteras de servicios, y 17 calendarios vacunales y por el hecho de que se ponga al paciente en el centro del sistema, pero sin desarrollar sus derechos y sin hacerle corresponsable de su salud. En este sentido, ha recordado el impacto de la libre elección sanitaria en la Comunidad de Madrid, con un 7 por ciento, en el caso de la Atención Especializada, y un 4 por ciento en Atención Primaria.
También ha calificado de errores haber apostado por el corto plazo, perdiendo perspectiva de futuro; no haber desarrollado la Ley de Cohesión y Calidad como correspondía; no haber dado a la profesión la capacidad de gestión y exigencia de responsabilidades, aunque se les haya dado una carrera profesional; haber enfrentado al sector público con el privado; o haber establecido una relación proveedor-cliente con la Farmacia, olvidando que es "un pilar fundamental en el SNS", como apunta Prado.
Por su parte, Ricardo de Lorenzo, presidente del comité organizador del XVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, ha recordado cómo se ha desarrollado la Ley General de Sanidad en estos últimos 25 años y cómo los problemas que en sus inicios -1992- preocupaban a la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), tales como el consentimiento informado, la historia clínica, el secreto profesional o la ordenación de las profesiones sanitarias, ya han sido resueltos normativa y jurisprudencialmente.
Así pues, tal y como ha señalado Ricardo de Lorenzo, la nueva dimensión del derecho sanitario recoge hoy aspectos como la unificación del derecho sanitario como consecuencia de la producción normativa de la Unión Europea; la nueva dimensión del derecho sanitario como resultado de la doctrina del Tribunal Constitucional que conecta directamente con consentimiento informado y con la protección de la integridad física y moral; la diferenciación entre la responsabilidad de los servicios sanitarios y la responsabilidad de los profesionales sanitarios; el análisis de las nuevas competencias sanitarias derivadas de la evolución incesante de las Ciencias de la Salud; las decisiones al final de la vida; la posibilidad de la objeción de conciencia; la regulación diversa que llevan a cabo las comunidades autónomas en relación con sus competencias sanitarias; la debilitación cualitativa y cuantitativa de las prestaciones sanitarias; la Bioética o la economía de la salud, entre otros.
Por todo esto, Ricardo de Lorenzo ha recordado que la necesidad de formar a profesionales capaces de abordar estos retos del derecho sanitario ha hecho posible, tras la firma de acuerdo de CEU y AEDS, un máster en Derecho Sanitario, como título propio hasta su acreditación oficial por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). "Este postgrado es referente formativo por su sólida especialización", concluye de Lorenzo.
Normativa en beneficio del paciente
Por su parte, Carmen Peña López, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, ha manifestado que el hecho de que el sector farmacéutico esté "fuertemente regulado", con la Ley General de Sanidad, la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento o la Ley de Regulación de los Servicios de Oficinas de Farmacia, como las tres grandes "leyes paraguas", es una "salvaguarda", no sólo para los profesionales de la salud sino para el beneficio del paciente.
Asimismo, en cuanto al gasto público en medicamentos financiados al SNS, el "mal llamado gasto farmacéutico", como apostilla Peña, la experta ha recordado que en los últimos 10 años se han puesto en marcha más de 20 medidas regulatorias para controlar ese gasto en medicamentos, lo que hace que, del total del gasto sanitario, esta partida esté "absolutamente" controlada, algo que no ocurre con un 30 por ciento del gasto sanitario total, destinado a inversiones y estructuras, que algunos profesionales de salud consideran que no está debidamente enfocada en términos de eficiencia, como asegura Peña.
Recordando el "peligro" que existe en algunas comunidades autónomas de no poder pagar los medicamentos a sus pacientes, Peña ha asegurado que hay que propiciar nuevas regulaciones que controlen los gastos de las administraciones sanitarias, haciendo que esas partidas presupuestarias tengan carácter finalista, para poder priorizar en Sanidad, y evitando gastos públicos que en otras épocas podían ser sostenibles.
"La regulación sanitaria ha de ser equitativa, solidaria y sostenible", concluye la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Diversidad autonómica
En otro orden de cosas, el Dr. Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería ha manifestado "gran preocupación" porque después de las elecciones del 20-N "nada va a ser igual en el Sistema Nacional de Salud", a lo que ha añadido que los principios de accesibilidad, equidad, calidad, gratuidad, participación y universalidad, que se contemplan en leyes como la Ley General de Sanidad o la Ley de Cohesión y Calidad, "no sabemos si se van a poder mantener".
Recordando que más del 70 por ciento del gasto sanitario tiene que ver con recursos humanos y con Farmacia, González Jurado ha manifestado que el grado de seguridad jurídica y profesional "es bajo", por la diversidad autonómica, y que tenemos un pilar del estado del Bienestar, como es el sanitario, que "está enfermo", donde no existe una cartera de servicios unificada; donde los recursos humanos, los profesionales, "están en una situación heterogénea", según las comunidades; y donde el paciente no tiene protegidos sus derechos, como apunta González Jurado.
Tal y como ha asegurado el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, el SNS no es sostenible y es necesario tomar medidas homogéneas, "no medidas parcheadas, como las que se han tomado en Cataluña o Castilla-La Mancha", que tienen que ver con un Pacto de Estado por la Sanidad "que no llega nunca y que no va a venir después del 20-N, cuando quien venga tendrá que hacer frente a medidas más inmediatas y urgentes". En este sentido, González Jurado ha recordado la petición de Pacto de Estado que recientemente ha realizado la Organización Médica Colegial.
"Tenemos que abordar con rigor medidas dialogadas, posiblemente duras, y tenemos que ser exigentes con los poderes públicos porque somos los grandes aliados del paciente", asegura González Jurado.
Por último, Belén Prado Sanjurjo, viceconsejera de ordenación sanitaria e infraestructuras de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que los problemas del Sistema Nacional de Salud "no son sólo económicos", sino que estos vienen derivados también porque en épocas de bonanza se han cometido "errores de bulto" como el hecho de que existan 17 sistemas sanitarios, 17 carteras de servicios, y 17 calendarios vacunales y por el hecho de que se ponga al paciente en el centro del sistema, pero sin desarrollar sus derechos y sin hacerle corresponsable de su salud. En este sentido, ha recordado el impacto de la libre elección sanitaria en la Comunidad de Madrid, con un 7 por ciento, en el caso de la Atención Especializada, y un 4 por ciento en Atención Primaria.
También ha calificado de errores haber apostado por el corto plazo, perdiendo perspectiva de futuro; no haber desarrollado la Ley de Cohesión y Calidad como correspondía; no haber dado a la profesión la capacidad de gestión y exigencia de responsabilidades, aunque se les haya dado una carrera profesional; haber enfrentado al sector público con el privado; o haber establecido una relación proveedor-cliente con la Farmacia, olvidando que es "un pilar fundamental en el SNS", como apunta Prado.
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