La nueva Ley General de Salud Pública: desarrollarla es el gran reto del próximo Gobierno
La norma recién aprobada debería haber insistido en aspectos como la coordinación entre comunidades
FERNANDO G. BENAVIDES / MIQUEL PORTA 03/10/2011
Cada mes sabemos de una nueva persona cercana que empieza a sufrir cáncer, diabetes, una cardiopatía o una enfermedad neurodegenerativa; al enterarnos de esa desdicha quisiéramos que la medicina funcionase como un reloj y diese una solución eficaz para la enfermedad, la persona y su familia. Sin embargo, pese a ciertos avances en el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades, la mayor posibilidad de ganar salud es evitando la aparición de esos trastornos. Ello es posible si promovemos los cambios necesarios en la estructura, organización y funcionamiento de nuestras sociedades; por ejemplo, cambios en la atmósfera de nuestras ciudades, en las condiciones de trabajo, en la alimentación... en suma, en la regulación de los procesos que mayores riesgos suponen para la salud. Eso es lo que en buena medida pretende la Ley General de Salud Pública (LGSP), aprobada el pasado 22 de septiembre casi en el último suspiro, con los diputados y diputadas despidiéndose de la legislatura, en un contexto económico y político internacional extraordinariamente problemático. Nacida en medio de una imponente tormenta y menos agraciada de lo que nos hubiera gustado, la ley está, no obstante, llena de vida y tiene un enorme potencial para mejorar la calidad de vida de los españoles, nuestro ambiente físico y cultural, y la economía real. Si el próximo gobierno desarrolla y aplica la ley como debe -con coraje político, honestidad y rigor técnico-, las políticas, estrategias y prestaciones que emanen de la ley ayudarán decisivamente a superar la crisis de modelo que vivimos.
Celebramos pues el firme paso adelante que supone la aprobación de la Ley General de Salud Pública, aunque quede lejos de las expectativas iniciales. Sin olvidar que moderniza la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986 y completa la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (LCC) de 2003. Subrayémoslo: desarrollar la ley mediante una normativa concreta, pragmática y ambiciosa -para que no quede como un simple brindis al sol-, es el gran reto pendiente para el próximo gobierno. En este sentido, muchos estaremos atentos al rumbo que tracen los inminentes programas electorales.
Entre las virtudes de la ley creemos que debe reconocerse su apuesta por aplicar los principios de transparencia, rigor científico, seguridad e imparcialidad; promoviendo, por ejemplo, que los expertos que asesoran a las Administraciones declaren qué intereses económicos o profesionales tienen en los temas sobre los que intervienen. La ley también ofrece garantías de calidad a los ciudadanos, instituciones, empresas y organizaciones sociales; así, establece unos principios de actuación de obligado cumplimiento, que pretenden garantizar la máxima calidad posible de las acciones de prevención y promoción de la salud. Sin embargo, la ley no concreta estas exigencias. Por ejemplo, lamentablemente, la ley no exige que el impacto de los programas de cribado del cáncer sea evaluado mediante registros de cáncer, evitando así programas inútiles y que incluso pueden tener efectos adversos para la salud y la economía.
También es positivo que la ley reconozca a la salud pública como un sujeto con autoridad y personalidad propia, capaz de actuar y mediar entre la parte asistencial del sistema de salud (hospitales, principalmente), y las otras organizaciones que influyen sobre la salud, ya sean fabricantes de tabaco, coches, plaguicidas, piensos... o las propias administraciones que deben regular las relaciones laborales o controlar la contaminación química del aire, el agua y los alimentos. Igualmente es positivo que la ley destaque el papel de las diversas profesiones, además de los médicos, que trabajan en favor de la salud. Como es bueno que sitúe entre sus objetivos la equidad y la reducción de las desigualdades sociales en salud.
La ley anhela integrar a la salud en todas las políticas: propone que todas las actuaciones políticas del conjunto de órganos del Estado -órganos centrales, autonómicos, municipales- favorezcan la salud, el bienestar y el desarrollo humano de los ciudadanos. Ahora bien, para que ello sea posible es necesario que se concreten mecanismos de análisis y decisión que comprometan a todos esos órganos políticos. Recordemos que la salud no depende solo de la medicina asistencial, sino también de las políticas de ocupación, ambientales, energéticas, industriales, urbanísticas o alimentarias. Para ello es necesario desarrollar algún tipo de organismo interministerial en el que se pueda construir, consensuar y evaluar la Estrategia estatal de Salud Pública establecida por la Ley. Desgraciadamente, el Consejo Interterritorial de Salud que señala la Ley sólo está participado por las administraciones sanitarias estatal y autonómicas.
Finalmente, la norma tampoco promueve explícitamente, como inicialmente hacía, la cooperación horizontal entre comunidades autónomas (CCAA). Sin embargo, ese anhelo es posible si la ley se desarrolla en coherencia con las necesidades de una mayor eficiencia y con el potencial que en este sentido también contienen la LGS y la LCC. Creemos que las CCAA deberían actuar con más sentido de estado y menos localismo, asumiendo las responsabilidades que objetivamente tienen más allá de sus territorios. Pensamos que el buen camino no pasa por recentralizar o eliminar competencias autonómicas o municipales, sino por aumentar la cooperación entre las CCAA, y entre éstas y los organismos centrales y municipales. Aunque cierta retórica política sugiera que las actuaciones de salud pública son competencia exclusiva de tal o cual organismo, numerosas leyes básicas establecen que las competencias son compartidas. Asimismo, el sentir general es que el deber de servir eficientemente a la ciudadanía exige una mayor cooperación entre todos los órganos del estado.
El desarrollo de la ley debe concretar las mejoras imprescindibles para que España tenga un mejor gobierno de la salud pública, es decir, para que sean más rigurosos, coordinados, independientes y eficientes los procesos de análisis, deliberación, decisión, seguimiento y evaluación de las decisiones que afectan a la salud colectiva y que toman todos los órganos del estado. La ley puede ayudar a subsanar buena parte de la actual fragmentación y descoordinación de las políticas de salud y bienestar.
El desarrollo de la Ley deberá afrontar pues la reorganización de la salud pública para aprovechar eficientemente el elevado nivel técnico y científico de la salud pública española; aunque gran parte de ella goza de un alto prestigio científico internacional, no hay duda de que la totalidad del actual sistema de salud pública puede aportar mayores réditos a nuestra sociedad. Para lo cual se debe promover el desarrollo de los profesionales y aumentar su competencia. También habrá que reconsiderar la conveniencia de una agencia estatal de salud pública. La implantación de ésta es factible sin un aumento significativo de nuevos recursos. Deberá además estar articulada política y técnicamente con las CCAA. Y estar dotada de la suficiente autoridad y medios humanos y técnicos para controlar los procesos sociales y ambientales que más atentan contra la salud de la población en el siglo XXI, como recientemente se ha puesto de manifiesto en la cumbre de Naciones Unidas para enfermedades crónicas.
Asimismo deben mejorar los sistemas de vigilancia de la salud de la población; incorporando, por ejemplo, el análisis de muestras biológicas en las encuestas de salud, lo que es imprescindible para conocer el estado nutricional o la contaminación química de los ciudadanos, entre otros factores. La mejora de los sistemas de información es esencial para poder mirar de frente a los problemas, especialmente los menos visibles. La actual crisis ha puesto de manifiesto la obsolescencia de diversos indicadores socioeconómicos (incluidos algunos indicadores comunes en gestión sanitaria), perniciosamente determinantes de ciertas políticas; en cambio, la crisis está propiciando la aplicación de nuevos indicadores útiles para tomar decisiones y que miden mejor los efectos de esas decisiones en la verdadera riqueza de una sociedad: riqueza en equidad, cohesión, calidad democrática, empleo, educación, medio ambiente o salud. La imperiosa necesidad de evaluar mejor el impacto humano de las políticas es uno de los retos que más obvios resultan en medio de la actual crisis sistémica. La nueva norma contiene maneras de responder a ese reto.
Un desarrollo adecuado de la Ley ayudará a salir de la actual crisis de sociedad. La mejora de la salud de los españoles depende en gran medida de que se apliquen más "políticas de causas" (políticas contra las causas económicas y ambientales del enfermar) y menos "políticas de consecuencias" (las excesivamente volcadas en la asistencia médica, por ejemplo). España necesita organismos técnicamente fuertes que actúen con independencia de los grupos de presión, que suelen promover un mayor gasto en beneficio propio en productos y tecnologías que no siempre benefician a los ciudadanos. Para progresar verdaderamente como sociedad, España necesita que la salud pública pase a ocupar un lugar más central en las políticas públicas y privadas que toleramos o promovemos los ciudadanos.
Celebramos pues el firme paso adelante que supone la aprobación de la Ley General de Salud Pública, aunque quede lejos de las expectativas iniciales. Sin olvidar que moderniza la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986 y completa la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (LCC) de 2003. Subrayémoslo: desarrollar la ley mediante una normativa concreta, pragmática y ambiciosa -para que no quede como un simple brindis al sol-, es el gran reto pendiente para el próximo gobierno. En este sentido, muchos estaremos atentos al rumbo que tracen los inminentes programas electorales.
Entre las virtudes de la ley creemos que debe reconocerse su apuesta por aplicar los principios de transparencia, rigor científico, seguridad e imparcialidad; promoviendo, por ejemplo, que los expertos que asesoran a las Administraciones declaren qué intereses económicos o profesionales tienen en los temas sobre los que intervienen. La ley también ofrece garantías de calidad a los ciudadanos, instituciones, empresas y organizaciones sociales; así, establece unos principios de actuación de obligado cumplimiento, que pretenden garantizar la máxima calidad posible de las acciones de prevención y promoción de la salud. Sin embargo, la ley no concreta estas exigencias. Por ejemplo, lamentablemente, la ley no exige que el impacto de los programas de cribado del cáncer sea evaluado mediante registros de cáncer, evitando así programas inútiles y que incluso pueden tener efectos adversos para la salud y la economía.
También es positivo que la ley reconozca a la salud pública como un sujeto con autoridad y personalidad propia, capaz de actuar y mediar entre la parte asistencial del sistema de salud (hospitales, principalmente), y las otras organizaciones que influyen sobre la salud, ya sean fabricantes de tabaco, coches, plaguicidas, piensos... o las propias administraciones que deben regular las relaciones laborales o controlar la contaminación química del aire, el agua y los alimentos. Igualmente es positivo que la ley destaque el papel de las diversas profesiones, además de los médicos, que trabajan en favor de la salud. Como es bueno que sitúe entre sus objetivos la equidad y la reducción de las desigualdades sociales en salud.
La ley anhela integrar a la salud en todas las políticas: propone que todas las actuaciones políticas del conjunto de órganos del Estado -órganos centrales, autonómicos, municipales- favorezcan la salud, el bienestar y el desarrollo humano de los ciudadanos. Ahora bien, para que ello sea posible es necesario que se concreten mecanismos de análisis y decisión que comprometan a todos esos órganos políticos. Recordemos que la salud no depende solo de la medicina asistencial, sino también de las políticas de ocupación, ambientales, energéticas, industriales, urbanísticas o alimentarias. Para ello es necesario desarrollar algún tipo de organismo interministerial en el que se pueda construir, consensuar y evaluar la Estrategia estatal de Salud Pública establecida por la Ley. Desgraciadamente, el Consejo Interterritorial de Salud que señala la Ley sólo está participado por las administraciones sanitarias estatal y autonómicas.
Finalmente, la norma tampoco promueve explícitamente, como inicialmente hacía, la cooperación horizontal entre comunidades autónomas (CCAA). Sin embargo, ese anhelo es posible si la ley se desarrolla en coherencia con las necesidades de una mayor eficiencia y con el potencial que en este sentido también contienen la LGS y la LCC. Creemos que las CCAA deberían actuar con más sentido de estado y menos localismo, asumiendo las responsabilidades que objetivamente tienen más allá de sus territorios. Pensamos que el buen camino no pasa por recentralizar o eliminar competencias autonómicas o municipales, sino por aumentar la cooperación entre las CCAA, y entre éstas y los organismos centrales y municipales. Aunque cierta retórica política sugiera que las actuaciones de salud pública son competencia exclusiva de tal o cual organismo, numerosas leyes básicas establecen que las competencias son compartidas. Asimismo, el sentir general es que el deber de servir eficientemente a la ciudadanía exige una mayor cooperación entre todos los órganos del estado.
El desarrollo de la ley debe concretar las mejoras imprescindibles para que España tenga un mejor gobierno de la salud pública, es decir, para que sean más rigurosos, coordinados, independientes y eficientes los procesos de análisis, deliberación, decisión, seguimiento y evaluación de las decisiones que afectan a la salud colectiva y que toman todos los órganos del estado. La ley puede ayudar a subsanar buena parte de la actual fragmentación y descoordinación de las políticas de salud y bienestar.
El desarrollo de la Ley deberá afrontar pues la reorganización de la salud pública para aprovechar eficientemente el elevado nivel técnico y científico de la salud pública española; aunque gran parte de ella goza de un alto prestigio científico internacional, no hay duda de que la totalidad del actual sistema de salud pública puede aportar mayores réditos a nuestra sociedad. Para lo cual se debe promover el desarrollo de los profesionales y aumentar su competencia. También habrá que reconsiderar la conveniencia de una agencia estatal de salud pública. La implantación de ésta es factible sin un aumento significativo de nuevos recursos. Deberá además estar articulada política y técnicamente con las CCAA. Y estar dotada de la suficiente autoridad y medios humanos y técnicos para controlar los procesos sociales y ambientales que más atentan contra la salud de la población en el siglo XXI, como recientemente se ha puesto de manifiesto en la cumbre de Naciones Unidas para enfermedades crónicas.
Asimismo deben mejorar los sistemas de vigilancia de la salud de la población; incorporando, por ejemplo, el análisis de muestras biológicas en las encuestas de salud, lo que es imprescindible para conocer el estado nutricional o la contaminación química de los ciudadanos, entre otros factores. La mejora de los sistemas de información es esencial para poder mirar de frente a los problemas, especialmente los menos visibles. La actual crisis ha puesto de manifiesto la obsolescencia de diversos indicadores socioeconómicos (incluidos algunos indicadores comunes en gestión sanitaria), perniciosamente determinantes de ciertas políticas; en cambio, la crisis está propiciando la aplicación de nuevos indicadores útiles para tomar decisiones y que miden mejor los efectos de esas decisiones en la verdadera riqueza de una sociedad: riqueza en equidad, cohesión, calidad democrática, empleo, educación, medio ambiente o salud. La imperiosa necesidad de evaluar mejor el impacto humano de las políticas es uno de los retos que más obvios resultan en medio de la actual crisis sistémica. La nueva norma contiene maneras de responder a ese reto.
Un desarrollo adecuado de la Ley ayudará a salir de la actual crisis de sociedad. La mejora de la salud de los españoles depende en gran medida de que se apliquen más "políticas de causas" (políticas contra las causas económicas y ambientales del enfermar) y menos "políticas de consecuencias" (las excesivamente volcadas en la asistencia médica, por ejemplo). España necesita organismos técnicamente fuertes que actúen con independencia de los grupos de presión, que suelen promover un mayor gasto en beneficio propio en productos y tecnologías que no siempre benefician a los ciudadanos. Para progresar verdaderamente como sociedad, España necesita que la salud pública pase a ocupar un lugar más central en las políticas públicas y privadas que toleramos o promovemos los ciudadanos.
Fernando G. Benavides es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y catedrático de Salud Pública de la Universitat Pompeu Fabra. Miquel Porta es expresidente de la SEE y catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ildefonso Hernández es expresidente de la SEE y catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. Andreu Segura es presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Francisco Bolúmar es expresidente de la SEE y catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alcalá. Carlos Álvarez-Dardet es expresidente de SESPAS y catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante. Ángel Gil es catedrático de Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos I. Miguel Delgado es Director Científico del CIBERESP y catedrático de Salud Pública de la Universidad de Jaén. Fernando Rodríguez Artalejo es presidente del comité científico del Congreso SEE-SESPAS 2011 y catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.
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