Eugenio Moure insta a los colegios de médicos y los sindicatos a liderar el recurso contra la orden que hace incompatible la jubilación con el ejercicio privado
Antonio Pais
El experto en Derecho sanitario ve base legal para que prospere un recurso contra la norma, que entrará en vigor el 1 de julio y no tendrá carácter retroactivo
Destaca los “daños colaterales” del cambio: la falta de margen para jubilarse ahora, las consultas que deberán cerrar, el daño a las mutuas o “la gran pérdida de talento”
CESM habla de “expropiación del conocimiento” y sus órganos jurídicos ya estudian la posibilidad de presentar un recurso
Santiago de Compostela (31-5-11).- El pasado día 26 de mayo llegó, a través de una orden ministerial publicada en el BOE, lo que los médicos se temían: la norma que hará incompatible, a partir del día 1 de julio, la percepción de la jubilación de la Seguridad Social con la actividad por cuenta propia. “Aunque la impresión es que, a pesar de que el cambio normativo respecto a la situación histórica se esperaba desde hace meses, a las organizaciones profesionales puede haberles cogido un poco por sorpresa”, señala Eugenio Moure, experto en Derecho sanitario, muy vinculado a los colegios de médicos gallegos.
Cuestionado por EL MÉDICO INTERACTIVO sobre esta cuestión, Moure ha instado a los colegios de médicos y a los sindicatos a liderar un recurso contencioso administrativo contra la orden ministerial, que no afectará con carácter retroactivo, es decir, que quienes hasta el día 1 de julio hayan compatibilizado jubilación de la SS con ejercicio privado lo podrán seguir haciendo; si bien sí que afectará a los profesionales que ahora tengan prórrogas de servicio activo o tengan intención de pedirlas.
Este experto, que aclara que ya ha recibido en su despacho “bastantes llamadas de médicos, de forma particular, y están alarmados por la nueva situación”, ve claras posibilidades de que el recurso prospere y de que “por una cuestión de legitimación y de representatividad, los sindicatos y los colegios de médicos deberían presentarlo; a título particular están los costes, claro. La ocasión merece el recurso, y creo que hay base legal ”.
Esta opción de recurso se debe tanto a una cuestión puramente técnica, el hecho de que el cambio en la situación laboral se haya hecho a través de una orden ministerial y no a través de una modificación de la Ley General de la Seguridad Social, con su trámite parlamentario, como a lo que llama “daños colaterales” que provocará, sobre todo la pérdida de puestos de trabajo porque muchas consultas privadas deberán cerrar.
“Siendo prácticos hay que ver qué hace la orden: ésta cambia una situación excepcional, que los profesionales colegiados que tenían una alternativa a la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomas (RETA), que era la afiliación en una de las mutualidades alternativas, al cotizar en el régimen general y por esta vía, se les permitía compatibilizar la pensión de jubilación vinculada a esas cotizaciones del régimen general con el mantenimiento del ejercicio libre de la profesión, en la medida en que ellos seguían cotizando a su correspondiente mutualidad”, explica Eugenio Moure.
Esta situación excepcional ha afectado hasta ahora a médicos, abogados, arquitectos… todas las profesionales liberales colegiadas que tenían su mutualidad de previsión social. En 1995, la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, de 1995, obligó a todos los profesionales que en ese momento no tuvieran actividad por cuenta propia a darse de alta en el RETA.
Pensión de jubilación frente a ejercicio
Con la entrada en vigor de la orden ministerial, los médicos en edad de jubilación y consulta privada deberán optar entre renunciar a la pensión de la Seguridad Social o mantener el ejercicio libre. “La orden ministerial dedica un folio y medio a explicar su sentido, y tiene un artículo y dos disposiciones. Lo llamativo es que, a mi juicio, no justifica el cambio: no es convincente desde el punto de vista legal, obedece más a una decisión política o de conveniencia, pues no ha habido ningún hito legal en los últimos años que justificase el cambio. En el mejor de los casos hablamos de antecedentes legislativos de hace más de diez años, la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de 1999 que introducía alguna modificación”, señala.
El experto explica que la nueva norma entra en vigor el próximo día 1 de julio, y “no hay margen suficiente para que quien quiera jubilarse ya y cobrar la pensión pueda realizar los trámites de modo que antes de esa fecha la tenga reconocida y pueda a la vez ejercer libremente. Y lo mismo les sucede a los médicos que ahora tienen 65 años y por haber solicitado una prórroga en el servicio activo estén en una situación transitoria; la mayoría de las resoluciones establece que el pase a la situación se servicio pasivo se debe solicitar con el margen de un mes”.
Para Moure, en la orden ministerial “hay cierta ‘maldad’, porque la novedad es muy grande. En un porcentaje muy alto de los casos, a los médicos no les va a quedar otra que cerrar su consulta privada, con todo lo que ello supone: por ejemplo, deberá despedir personal, o las mutualidades que sufrirán muchas bajas y dejarán de percibir las cuotas mensuales. Creo que no se ha pensado mucho en las consecuencias de cambiar esta situación”.
“El problema es cómo una persona que está jubilada por edad puede decidir no cobrar la pensión para seguir con el ejercicio privado. Habrá quien a lo mejor, haciendo cuentas, le compense: la pensión de jubilación tiene un tope que ahora está sobre los 3.120 euros, unos 2.600 restándole el IRPF. Pero, ¿por qué no puede cobrar la pensión de jubilación, si ya no cotiza en ninguno de los regímenes de la Seguridad Social?”, se pregunta.
Moure ha recibido, desde la publicación de la orden ministerial en el BOE, “llamadas de médicos alarmados, que no saben qué hacer: están a punto de jubilarse, o en situación de prórroga, y tienen gente contratada, y pacientes citados para después del 1 de julio, o miles de historias clínicas abiertas. ¿Qué hacen con todo esto? Al final, más que una opción va a ser una imposición, y se va a perder muchísimo talento”, dice.
CESM estudia la opción de recurrir
El secretario general de la Confederación estatal de Colegios de Médicos (CESM), Patricio Martínez, ha señalado que los servicios jurídicos de la Confederación ya estudian la posibilidad de pesentar un recurso contra lo que él ha calificado como “una expropiación del conocimiento del médico; estamos preocupados, y también ocupados en ello”.
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