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Sanidad dice que atenderá a sin papeles y cobrará a sus países
"Cuando vamos fuera tenemos que pagar la asistencia o lo tiene que hacer nuestra Seguridad Social", afirma el director de la Cartera Básica de Servicios del Sistema de Salud
Una mujer de República Dominicana solicita la tarjeta sanitaria en el Centro de Atención Primaria de Drassanes (Barcelona). / MARCEL. LÍ SÁENZ
El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, dio ayer, jueves, otra vuelta de tuerca a la ceremonia de confusión que ha orquestado su departamento respecto a la atención de los inmigrantes en situación irregular que estén recibiendo un tratamiento crónico. Estos se quedarán sin tarjeta -y, en teoría, sin acceso al sistema sanitario público- el próximo 31 de agosto. Pero Rivero aseguró que los sin papeles crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. "Se les enviará por la asistencia que se les ha prestado aquí", afirmó.
En declaraciones realizadas a Radio Nacional de España, Rivero indicó que esta situación es la que afrontan los españoles al visitar otras naciones. "Cuando vamos a otros países tenemos que pagar [la asistencia sanitaria] o lo tiene que costear nuestra Seguridad Social", argumentó. Según Rivero, existen "bastantes" convenios de colaboración bilateral con otros países. Rivero no aclaró, sin embargo, qué va a pasar si no existe ese convenio con el país de origen, o si se trata de países donde el tratamiento recibido en España no está cubierto por la sanidad pública.
Rivero -con quien este periódico ha intentado contactar sin éxito- señaló que será el médico el que decida si la atención al inmigrante irregular es urgente "y hay que tratar a ese paciente". "No puede ser otra persona" la que tome la decisión, señaló, porque solo el médico sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Según el responsable sanitario, si no se toman las medidas asistenciales necesarias se puede adquirir una patología "mucho más compleja de la que se tiene en un momento dado". Con estas declaraciones parece que Rivero vuelve a la versión inicial del Ministerio de Sanidad: que solo se atenderán las urgencias. Si se aplicara esto en un sentido estricto, no hay mejora respecto a lo que se sabe hasta ahora.
Si se usara un criterio amplio, todos los inmigrantes sin papeles podrían recibir atención, ya que su situación siempre puede empeorar si no se trata al principio. En ambos casos existe el riesgo de que los servicios de urgencias se vean colapsados por este tipo de consultas, tal como han advertido recientemente los responsables de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).
El propio Rivero admitió la dificultad para implantar este sistema de cobro de los servicios al anotar que "posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias". No queda claro si la factura será remitida al inmigrante en caso de que el país de origen no abone la misma.
En este baile de declaraciones también ha intervenido el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Manuel Cervera, en declaraciones a la Cope. "Aquí nadie se va a quedar sin ningún tratamiento, lo que pasa es que vamos a ser eficientes en la gestión de saber quién entra en un centro sanitario y qué derechos tiene.
Lo hacen en Europa y lo vamos a hacer nosotros porque, aunque vamos a ser menos restrictivos, si no lo hacemos corremos el riesgo de seguir endeudándonos más que los demás", ha aseverado. De nuevo, Cervera repite el lema de que nadie se va a quedar sin ser atendido, pero no detalla cómo.
Una duda que comparten enfermos, asociaciones de inmigrantes y personal del sistema público de salud, que insisten en que no tienen instrucciones sobre qué hacer el 1 de septiembre con estos casos, aparte de dejarlos fuera del sistema porque sus tarjetas sanitarias van a ser desactivadas.
Según Cervera, uno de los principales objetivos del Gobierno es "detener" esta inmigración para hacerla "regular" y conseguir que los extranjeros "vengan a España con un contrato de trabajo".
En declaraciones realizadas a Radio Nacional de España, Rivero indicó que esta situación es la que afrontan los españoles al visitar otras naciones. "Cuando vamos a otros países tenemos que pagar [la asistencia sanitaria] o lo tiene que costear nuestra Seguridad Social", argumentó. Según Rivero, existen "bastantes" convenios de colaboración bilateral con otros países. Rivero no aclaró, sin embargo, qué va a pasar si no existe ese convenio con el país de origen, o si se trata de países donde el tratamiento recibido en España no está cubierto por la sanidad pública.
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Si se usara un criterio amplio, todos los inmigrantes sin papeles podrían recibir atención, ya que su situación siempre puede empeorar si no se trata al principio. En ambos casos existe el riesgo de que los servicios de urgencias se vean colapsados por este tipo de consultas, tal como han advertido recientemente los responsables de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).
El propio Rivero admitió la dificultad para implantar este sistema de cobro de los servicios al anotar que "posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias". No queda claro si la factura será remitida al inmigrante en caso de que el país de origen no abone la misma.
En este baile de declaraciones también ha intervenido el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Manuel Cervera, en declaraciones a la Cope. "Aquí nadie se va a quedar sin ningún tratamiento, lo que pasa es que vamos a ser eficientes en la gestión de saber quién entra en un centro sanitario y qué derechos tiene.
Lo hacen en Europa y lo vamos a hacer nosotros porque, aunque vamos a ser menos restrictivos, si no lo hacemos corremos el riesgo de seguir endeudándonos más que los demás", ha aseverado. De nuevo, Cervera repite el lema de que nadie se va a quedar sin ser atendido, pero no detalla cómo.
Una duda que comparten enfermos, asociaciones de inmigrantes y personal del sistema público de salud, que insisten en que no tienen instrucciones sobre qué hacer el 1 de septiembre con estos casos, aparte de dejarlos fuera del sistema porque sus tarjetas sanitarias van a ser desactivadas.
Según Cervera, uno de los principales objetivos del Gobierno es "detener" esta inmigración para hacerla "regular" y conseguir que los extranjeros "vengan a España con un contrato de trabajo".
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