Las CCAA no prevén medidas contra los objetores que atiendan 'sin papeles'

La retirada de la atención a los sin papeles ha arrancado con incertidumbres legales y fuerte división entre las autonomías tras la decisión de Galicia y Cataluña de no aplicar la medida, tal y como habían anunciado también País Vasco, Andalucía, Canarias y Asturias. Lo único que parece claro es que ninguna prevé actuar contra el médico que siga atendiéndolos.

L.G.I. | 31/08/2012 00:00

El culebrón legal y mediático que está protagonizando la decisión ministerial de excluir de la atención sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular no ha hecho más que empezar. El mandato legal entró en vigor el pasado sábado pero lo hizo todavía con muchas incógnitas al no haber quedado definido legalmente aún cómo y cuánto pagarán los inmigrantes sin papeles que quieran recibir asistencia sanitaria.

Pero, sobre todo, la medida arrancó con gran división entre las autonomías: al menos seis de ellas no la aplicarán. Se trata de las cuatro que casi desde el principio se declararon insumisas a la exclusión de sin papeles (País Vasco, Andalucía, Canarias y Asturias), pero también de Cataluña, que a última hora se ha unido a esta iniciativa y de la popular Galicia que, aun con requisitos especiales, ha optado también por mantener dentro del sistema público a los sin papeles.

Lo único que parece claro en todo el país es que no están previstas medidas específicas en ninguna autonomía contra los médicos que objeten a la norma y opten por seguir atendiendo a estos pacientes. Al menos así se desprende del aluvión de comentarios que han ido expresando los titulares de la sanidad autonómica tras las palabras de la secretaria autonómica de Valencia, Nela García, que afirmó que la asistencia a inmigrantes en situación irregular la deberían hacer los médicos objetores en horario extra laboral. Apenas unas horas más tarde, el consejero valenciano, Luis Rosado, rectificaba explicando que se haría en horario laboral.

Y tras él, desde el Servicio Aragonés de Salud se matizaba que "al médico en ningún caso se le va a exigir que le niegue la atención a ningún paciente", puesto que "su labor no es facturar". Tratando de calmar ánimos, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Albino Navarro, lanzó también un mensaje a los médicos: "No se les ha dicho en ningún momento que no atiendan a nadie".

En línea semejante se expresaba el consejero de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, detallando que el médico podrá atender a los sin papeles y "simplemente si no pagan la factura irán a impagados". Resolviendo la clave de qué puede significar esto, el ministerio detallaba poco después que el sistema irá registrando el gasto de los inmigrantes irregulares y, si no pagan la factura en ese momento, deberán hacerlo en el caso de que algún día regularicen su situación en España.

Pese al acuerdo que parece haber sobre no actuar contra el objetor, en el resto de cuestiones la posición de las autonomías es muy diferente. La reunión de urgencia convocada el pasado miércoles por el Ministerio de Sanidad en Valladolid con las autonomías (a la que no acudieron las regiones insumisas) para concretar un modelo común de atención sanitaria a los sin papeles al margen del SNS y un sistema de cobro o seguro sanitario especial común para todo el país, no ha conseguido la unidad esperada.

-Andalucía, País Vasco, Asturias y Canarias: No aplicarán la exclusión de inmigrantes irregulares. La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha anunciado que en su comunidad "la noticia es que no hay noticia, todo seguirá igual". El viceconsejero del País Vasco, Jesús María Fernández, ha explicado además que "tenemos amparo legal para no aplicar esta medida, con la que además no está de acuerdo la profesión". Fernández descarta un efecto llamada pese a que tras la paralización del decreto de insumisión vasco por parte del Tribunal Constitucional, la autonomía no podrá poner requisitos de empadronamiento previo para los inmigrantes irregulares que quieran recibir asistencia.

-Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Baleares: Seguirán las instrucciones ministeriales: la atención a sin papeles será gratuita sólo para embarazadas, menores, urgencias y patologías relacionadas con la salud pública. Al resto de sin papeles se les atenderá pero se les cobrará la asistencia, remitiendo la factura a su país de origen si hay convenio (sólo lo hay con Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez), o reclamándoles el pago directo o la suscripción de un convenio especial (una suerte de seguro privado que, según el borrador inicial de Sanidad ascenderá a 710,4 euros al año para menores de 64 años y a 1.864,8 euros para mayores de esa edad). La medicación correrá a cargo íntegramente del inmigrante, salvo en patologías relacionadas con la salud pública con tratamiento inferior a un año, que se entregará directamente en el centro de salud.
-Cataluña: No aplicará la exclusión de inmigrantes irregulares si acreditan empadronamiento previo de tres meses e ingresos inferiores a la renta básica de inclusión social.
-Galicia: Mantendrá la atención si están empadronados en Galicia antes del 1 de septiembre.
-Navarra: Los inmigrantes recibirán ayudas sociales para sufragar el coste de la asistencia sanitaria.
El resto de autonomías todavía no ha detallado qué modelo exacto aplicará.

Galicia se desmarca

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, (en la imagen junto a la ministra Ana Mato), ha sido el único popular en desmarcarse oficialmente del decreto que excluye de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. En su autonomía se les seguirá atendiendo gratuitamente si están empadronados antes del 1 de septiembre.