El Pleno del Congreso, con los votos del PP, reclama al Gobierno que promueva un pacto sociosanitario
Madrid (28/02/2013) - E.P.
El PP propone entre otros puntos: la receta electrónica en todo el territorio nacional; la promoción del uso seguro de medicamentos con un sistema unificado de registro y notificación de incidentes; el desarrollo de una política común en colaboración entre comunidades en materia de compra de productos sanitarios; y seguir avanzando en la reducción del gasto farmacéutico a través de la racionalización de los precios de los medicamentos financiados para fomentar la innovación
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la propuesta de resolución planteada por el PP del Debate sobre el estado de la Nación en la que se insta al Gobierno a promover un pacto de Estado sociosanitario entre instituciones, partidos políticos y agentes sociales, en materia de Sanidad y servicios sociales. En esta propuesta el PP ha contado con el apoyo de UPN y Foro de Asturias, mientras que UPyD se ha abstenido y el resto de la oposición ha votado en contra de la misma. No obstante, como los 'populares' cuentan con mayoría absoluta en el arco parlamentario la propuesta de resolución ha salido adelante.
No obstante, en materia sanitaria, han sido rechazadas el resto de propuestas de resolución del Debate sobre el Estado de la Nación presentadas por la oposición con el veto del PP. Entre otros puntos pedían la reposición de una Sanidad universal, así como de la puesta en marcha del sistema de Dependencia.
Así las cosas, el PP ha promovido en esta propuesta de resolución seguir avanzando en la garantía de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una vez que se hayan adoptado todas las medidas para acabar con la deuda de 16.000 millones de euros.
Con ello, el PP propone entre otros puntos: la receta electrónica en todo el territorio nacional; la promoción del uso seguro de medicamentos con un sistema unificado de registro y notificación de incidentes; el desarrollo de una política común en colaboración entre comunidades en materia de compra de productos sanitarios; seguir avanzando en la reducción del gasto farmacéutico a través de la racionalización de los precios de los medicamentos financiados para fomentar la innovación.
En materia de Servicios Sociales, esta iniciativa también urge al Gobierno a seguir avanzando en la sostenibilidad del sistema de dependencia y desarrollar la legislación de protección a las personas con discapacidad con un nuevo marco legal para su promoción laboral, que garantiza a su vez su integración, así como establecer la igualdad entre hombres y mujeres como política "prioritaria y transversal".
En materia de pobreza, se solicita al Gobierno que siente las bases de un modelo innovador de protección social de forma "transversal y multidisciplinar" que incluya como reto prioritario la reducción de la pobreza, con especial atención a la infancia más vulnerable, a través del Plan de Acción para la inclusión social 2013-2016, así como el Plan estratégico de infancia y adolescencia 2013-2016.
Sanidad universal
Entre las propuestas rechazadas se encuentra, por ejemplo, la del Grupo Socialista en la que planteaba que el Pleno de la Cámara Baja promoviera una ley para recuperar y asegurar la universalización del derecho de asistencia sanitaria pública "haciendo posible que todos los ciudadanos sin excepción, incluyendo la población inmigrante, sean titulares de los derechos a la protección de la salud".
Es más, pedía que se paralizasen los actuales procesos de privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud públicos impulsados en algunas comunidades autónomas, se derogase el conocido 'medicamentazo' y se asegurasen las Urgencias en horario de tardes y noches.
"Estas medidas necesitan ser impulsadas desde el Ministerio de Sanidad, con un potente liderazgo social y político del que carece la actual titular, Ana Mato. Es por ello que debe procederse a su renovación", sostenía el PSOE.
Desde CiU, se instaba al Gobierno a restablecer el modelo sanitario público basado en el derecho a la ciudadanía para el acceso universal a la asistencia sanitaria primaria y de urgencias, a la vez que se permitiera racionalizar el gasto, evitando el llamado 'turismo sanitario'.
Por parte de IU, se exigía a la Cámara Baja que respaldase la derogación del decreto de reforma sanitaria y se recuperase la salud como "derecho y no como un negocio", además de que se devolviera lo recaudado en el euro por receta, y se restableciera el problema de la teleasistencia domiciliaria.
Desde el BNG, se exigía un acuerdo para traspasar a las autonomías los fondos que necesiten para incrementar el gasto en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, como la dependencia, para poder garantizar el acceso universal y gratuito de los ciudadanos a todos ellos. Igualmente, planteaba la supresión del decreto de reforma sanitaria, para garantizar la sostenibilidad del SNS, que establece el copago farmacéutico.
Dependencia
Por otro lado, el PSOE también presentaba el mantenimiento de la Ley de Dependencia, con la recuperación de la financiación por parte del Estado del convenio especial con la seguridad social de las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, así como un plan de fomento de empresas de economía social en el medio rural para el cuidado de dependientes y favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad mediante una nueva regulación legal del empleo.
El PNV, por su parte, pedía al Ejecutivo que articulase las medidas necesarias para que las comunidades autónomas pudieran recibir de la Administración General del Estado los fondos económicos que se pudieran contemplar en el nivel acordado previsto en la Ley de Dependencia.
Invertir en I+D: Pacto por la Ciencia
Por otra parte, el Pleno del Congreso urge al Gobierno a garantizar una inversión en I+D+i en un Pacto de Estado por la Ciencia, que permita converger con el objetivo europeo del tres por ciento del PIB en 2020, para reducir las distancias con los demás líderes europeos y asegurar el impulso de la investigación y la generación de conocimiento, mediante el apoyo estable a los equipos punteros y a los proyectos de innovación de máxima calidad. La propuesta, pactada por el PP y CiU, ha recibido también el respaldo de PNV, UPyD, Coalición Canaria y UPN.
En cambio, el PSOE, BNG y Geroa Bai se han abstenido en la votación. Mientras, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC han votado en contra de la misma.
El PP ha rechazado el resto de propuestas de resolución presentadas por la oposición, por lo que no han salido adelante, y en las que pedían que la financiación de la I+D+i volviera a los niveles anteriores de la coyuntura económica.
Igualmente, en este Pacto de Estado por la Ciencia se propone el fomento de la innovación empresarial, favoreciendo para ello la fiscalidad a través de una reforma del incentivo por las inversiones en innovación, implantando a su vez un sistema de devolución en el crédito fiscal cuando éste no haya podido compensarse.
De igual forma, se quiere mejorar la gestión de las ayudas destinadas a la investigación y a la innovación, mediante la definición de nuevos procedimientos administrativos para una "más eficaz y eficiente" gestión de las actuaciones de I+D+i, financiadas por el Estado, como de los recursos presupuestarios, agilizando la resolución de convocatorias y la transferencia de fondos a los beneficiarios disminuyendo las cargas administrativas.
Además, se propone garantizar la dotación de capital humano altamente cualificado al sistema CTI, apoyando los programas de ayudas que favorezcan la incorporación y estabilización del talento.
Implementar un sistema de evaluación y seguimiento, amparados en principios internacionalmente validados y transparentes basados en comités de evaluación entre pares, así como el seguimiento de resultados e impactos de las actuaciones ejecutadas con fondos públicas, es otro de los puntos que el PP ha promovido dentro de este Pacto de Estado por la Ciencia.
Mejorar la competitividad
El PSOE, por su parte, planteaba una estrategia de mejora de la competitividad de la economía española, a través de una política general de estímulo a la I+D. Asimismo, deseaba que se declarase "estratégico" el Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación, como "instrumento imprescindible" para el cambio de modelo productivo basado en el conocimiento.
En coherencia, quería que el Gobierno garantizase el carácter prioritario de la innovación y definiera las previsiones presupuestarias necesarias en el Plan Estatal, recientemente aprobado en Consejo de Ministros, para alcanzar en términos de inversión pública por PIB la convergencia con la media de la UE en el periodo del plan.
De hecho, planteaba que en el Congreso de los Diputados se crease un grupo de trabajo con el fin de que, tras las audiencias pertinentes de representantes sociales, de empresas de la comunidad científica y otros sectores implicados, se procediera al necesario análisis, debate y ratificación de los documentos aprobados por el Gobierno, el citado Plan estatal, así como la Estrategia española de Ciencia y Tecnología 2013-2020.
Desde el PNV, se insta al Ejecutivo a recuperar "lo antes posible" los niveles de inversión en I+D+i anteriores a la crisis económica. Como inicio de este camino, los nacionalistas vascos proponían la ampliación de los créditos presupuestarios en este mismo ejercicio por importe de 2.000 millones de euros, con cargo a las reasignaciones de otras partidas menos prioritarias.
Según argumentan, la actual crisis la nueva caída en la inversión en I+D prevista en 2013 sitúa el esfuerzo en ciencia y tecnología por debajo de los 6.000 millones de euros al año, similar a 2005.
Por su parte, la Izquierda Plural proponía un incremento de la inversión en innovación y desarrollo hasta los niveles previos a la crisis, dejando este sector al margen de la tasa de reposición del diez por ciento y permitiendo que pueda incrementarse personal suficiente.
No obstante, en materia sanitaria, han sido rechazadas el resto de propuestas de resolución del Debate sobre el Estado de la Nación presentadas por la oposición con el veto del PP. Entre otros puntos pedían la reposición de una Sanidad universal, así como de la puesta en marcha del sistema de Dependencia.
Así las cosas, el PP ha promovido en esta propuesta de resolución seguir avanzando en la garantía de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una vez que se hayan adoptado todas las medidas para acabar con la deuda de 16.000 millones de euros.
Con ello, el PP propone entre otros puntos: la receta electrónica en todo el territorio nacional; la promoción del uso seguro de medicamentos con un sistema unificado de registro y notificación de incidentes; el desarrollo de una política común en colaboración entre comunidades en materia de compra de productos sanitarios; seguir avanzando en la reducción del gasto farmacéutico a través de la racionalización de los precios de los medicamentos financiados para fomentar la innovación.
En materia de Servicios Sociales, esta iniciativa también urge al Gobierno a seguir avanzando en la sostenibilidad del sistema de dependencia y desarrollar la legislación de protección a las personas con discapacidad con un nuevo marco legal para su promoción laboral, que garantiza a su vez su integración, así como establecer la igualdad entre hombres y mujeres como política "prioritaria y transversal".
En materia de pobreza, se solicita al Gobierno que siente las bases de un modelo innovador de protección social de forma "transversal y multidisciplinar" que incluya como reto prioritario la reducción de la pobreza, con especial atención a la infancia más vulnerable, a través del Plan de Acción para la inclusión social 2013-2016, así como el Plan estratégico de infancia y adolescencia 2013-2016.
Sanidad universal
Entre las propuestas rechazadas se encuentra, por ejemplo, la del Grupo Socialista en la que planteaba que el Pleno de la Cámara Baja promoviera una ley para recuperar y asegurar la universalización del derecho de asistencia sanitaria pública "haciendo posible que todos los ciudadanos sin excepción, incluyendo la población inmigrante, sean titulares de los derechos a la protección de la salud".
Es más, pedía que se paralizasen los actuales procesos de privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud públicos impulsados en algunas comunidades autónomas, se derogase el conocido 'medicamentazo' y se asegurasen las Urgencias en horario de tardes y noches.
"Estas medidas necesitan ser impulsadas desde el Ministerio de Sanidad, con un potente liderazgo social y político del que carece la actual titular, Ana Mato. Es por ello que debe procederse a su renovación", sostenía el PSOE.
Desde CiU, se instaba al Gobierno a restablecer el modelo sanitario público basado en el derecho a la ciudadanía para el acceso universal a la asistencia sanitaria primaria y de urgencias, a la vez que se permitiera racionalizar el gasto, evitando el llamado 'turismo sanitario'.
Por parte de IU, se exigía a la Cámara Baja que respaldase la derogación del decreto de reforma sanitaria y se recuperase la salud como "derecho y no como un negocio", además de que se devolviera lo recaudado en el euro por receta, y se restableciera el problema de la teleasistencia domiciliaria.
Desde el BNG, se exigía un acuerdo para traspasar a las autonomías los fondos que necesiten para incrementar el gasto en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, como la dependencia, para poder garantizar el acceso universal y gratuito de los ciudadanos a todos ellos. Igualmente, planteaba la supresión del decreto de reforma sanitaria, para garantizar la sostenibilidad del SNS, que establece el copago farmacéutico.
Dependencia
Por otro lado, el PSOE también presentaba el mantenimiento de la Ley de Dependencia, con la recuperación de la financiación por parte del Estado del convenio especial con la seguridad social de las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, así como un plan de fomento de empresas de economía social en el medio rural para el cuidado de dependientes y favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad mediante una nueva regulación legal del empleo.
El PNV, por su parte, pedía al Ejecutivo que articulase las medidas necesarias para que las comunidades autónomas pudieran recibir de la Administración General del Estado los fondos económicos que se pudieran contemplar en el nivel acordado previsto en la Ley de Dependencia.
Invertir en I+D: Pacto por la Ciencia
Por otra parte, el Pleno del Congreso urge al Gobierno a garantizar una inversión en I+D+i en un Pacto de Estado por la Ciencia, que permita converger con el objetivo europeo del tres por ciento del PIB en 2020, para reducir las distancias con los demás líderes europeos y asegurar el impulso de la investigación y la generación de conocimiento, mediante el apoyo estable a los equipos punteros y a los proyectos de innovación de máxima calidad. La propuesta, pactada por el PP y CiU, ha recibido también el respaldo de PNV, UPyD, Coalición Canaria y UPN.
En cambio, el PSOE, BNG y Geroa Bai se han abstenido en la votación. Mientras, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC han votado en contra de la misma.
El PP ha rechazado el resto de propuestas de resolución presentadas por la oposición, por lo que no han salido adelante, y en las que pedían que la financiación de la I+D+i volviera a los niveles anteriores de la coyuntura económica.
Igualmente, en este Pacto de Estado por la Ciencia se propone el fomento de la innovación empresarial, favoreciendo para ello la fiscalidad a través de una reforma del incentivo por las inversiones en innovación, implantando a su vez un sistema de devolución en el crédito fiscal cuando éste no haya podido compensarse.
De igual forma, se quiere mejorar la gestión de las ayudas destinadas a la investigación y a la innovación, mediante la definición de nuevos procedimientos administrativos para una "más eficaz y eficiente" gestión de las actuaciones de I+D+i, financiadas por el Estado, como de los recursos presupuestarios, agilizando la resolución de convocatorias y la transferencia de fondos a los beneficiarios disminuyendo las cargas administrativas.
Además, se propone garantizar la dotación de capital humano altamente cualificado al sistema CTI, apoyando los programas de ayudas que favorezcan la incorporación y estabilización del talento.
Implementar un sistema de evaluación y seguimiento, amparados en principios internacionalmente validados y transparentes basados en comités de evaluación entre pares, así como el seguimiento de resultados e impactos de las actuaciones ejecutadas con fondos públicas, es otro de los puntos que el PP ha promovido dentro de este Pacto de Estado por la Ciencia.
Mejorar la competitividad
El PSOE, por su parte, planteaba una estrategia de mejora de la competitividad de la economía española, a través de una política general de estímulo a la I+D. Asimismo, deseaba que se declarase "estratégico" el Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación, como "instrumento imprescindible" para el cambio de modelo productivo basado en el conocimiento.
En coherencia, quería que el Gobierno garantizase el carácter prioritario de la innovación y definiera las previsiones presupuestarias necesarias en el Plan Estatal, recientemente aprobado en Consejo de Ministros, para alcanzar en términos de inversión pública por PIB la convergencia con la media de la UE en el periodo del plan.
De hecho, planteaba que en el Congreso de los Diputados se crease un grupo de trabajo con el fin de que, tras las audiencias pertinentes de representantes sociales, de empresas de la comunidad científica y otros sectores implicados, se procediera al necesario análisis, debate y ratificación de los documentos aprobados por el Gobierno, el citado Plan estatal, así como la Estrategia española de Ciencia y Tecnología 2013-2020.
Desde el PNV, se insta al Ejecutivo a recuperar "lo antes posible" los niveles de inversión en I+D+i anteriores a la crisis económica. Como inicio de este camino, los nacionalistas vascos proponían la ampliación de los créditos presupuestarios en este mismo ejercicio por importe de 2.000 millones de euros, con cargo a las reasignaciones de otras partidas menos prioritarias.
Según argumentan, la actual crisis la nueva caída en la inversión en I+D prevista en 2013 sitúa el esfuerzo en ciencia y tecnología por debajo de los 6.000 millones de euros al año, similar a 2005.
Por su parte, la Izquierda Plural proponía un incremento de la inversión en innovación y desarrollo hasta los niveles previos a la crisis, dejando este sector al margen de la tasa de reposición del diez por ciento y permitiendo que pueda incrementarse personal suficiente.
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